En la misma sala de audiencias del Palacio de Justicia Nacional donde estuvieron en el año 1985 sentados los máximos dirigentes de la última junta militar, están este martes 19 los quince imputados por el incendio del boliche Cromañón, que dejó como consecuencia 193 personas sin vida y 1524 lesionados.
El gerente de Cromañón, Emir Omar Chabán, totalmente rapado y sin mirar nunca a la cámara de televisión que trasmite de manera interna en la sala, está sentado muy cerca del blindex que divide con los familiares de las víctimas. Cerca suyo están los integrantes de Callejeros, con el líder Patricio Fontanet sentado en la punta opuesta a la de Chabán. Más alejado se encuentra el jefe de seguridad del boliche, Raúl Villareal.
Los ex funcionarios porteños ibarristas, Fabiana Gabriela Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal; y Ana María Fernández, adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control, están sentadas en una punta de la sala de audiencias mientras que Gustavo Juan Torres, ex director general de Fiscalización y Control, se colocó en el otro extremo. Una particularidad: Los tres tienen diferentes abogados defensores.
La primera etapa en la primera audiencia del juicio oral y público por la tragedia de Cromañón, comenzó cerca de las 11.40, algo que fastidió a familiares de las víctimas en el lugar desde las 8 de la mañana, y finalizó a las 14, para pasar a un cuarto intermedio de 30 minutos.
LAS ACUSACIONES
En esta primer etapa de la audiencia tomó la palabra el magistrado titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 24. Éste explicó que el secretario del tribunal pasaría a leer las imputaciones de las querellas (son cuatro en total) por el pedido de elevación a juicio oral la etapa de instrucción a cargo de María Angélica Crotto en parte, que subrogó Alberto Baños.
La primera querella que se leyó, cerca de las 12.05, fue la de José Iglesias y Beatriz Campos. Estos abogados imputaron a la banda en su totalidad incluyendo al manager (Diego Marcelo Argañaz) y el escenógrafo (Daniel Horacio Cardel), también al gerente del boliche (Chabán), como su jefe de seguridad, Villareal; también a los cabeza de la seccional Nº 7, Miguel Ángel Belay y Carlos Rubén Díaz; y a los titulares de Control Comunal y Fiscalización durante la gestión del destituido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
La querella "Iglesias" hizo un historial tanto del día de la tragedia, el 30 de diciembre de 2004, como de los vaivenes en habilitaciones y clausuras de Cromañón, en ese momento a cargo de Centrl Park Once S.A., que luego de sucesivas clausuras en el año 1997 pasó como locatario Largato S.A.
También hizo referencia a los organismos del Estado Nacional, a través de la Policía Federal, que no sancionó contravenciones, y del Estado porteño en sus áreas de poder de policía en cuestiones de higiene y seguridad de un establecimiento comercial.
A los ex funcionarios porteños los acusa de desoír las advertencias de diferentes organismos de control (Auditoría y Defensoría del Pueblo de la Ciudad), de permitir que en un local Clase C para boliche se realizara recitales, de no haber aplicado las normas con respecto al vencimiento del certificado de bomberos, de haber permitido la extensión de la habilitación, del ingreso de más personas de la permitida por la infraestructura, de las puertas clausuradas, de los elementos altamente combustibles en el local y del ingreso pirotecnia, menores y la venta de alcohol.
En las cuestiones de cohecho, o sea coimas, se señala que quien recibía el dinero por parte de Chabán o Villareal era el subcomisario Díaz (por lo menos en cinco oportunidades) y una vez el comisario Belay. "El día del incendio había un patrullero de la seccional 7ª, número 107, con el cabo Sosa y el agente Villegas además de personal brigada", se expuso.
A la banda Callejeros le implica su complicidad en la cuestión de ventas excesivas de entrada (capacidad para 1031 personas), de complicidad por el cohecho con efectivos policiales y del ingreso de bengalas a través de su propia seguridad contratada para la ocasión.
Para la segunda etapa de esta primera audiencia involucraría los argumentos de las querellas restantes. La segunda querella es María Carmen Verdú y Marcelo Parilli, la tercera es Mauricio Castro y la cuarta Patricio Poplaski
Marcelo Alvero y Cecilia Maiza completan el TOC Nº 24 aunque no llegaron a emitir ninguna palabra. Las causas en que tramita las muertes y lesiones del incendio del boliche es la número 2517 y se anexa la 2583
El secretario del tribunal además leyó los nombres y apellidos de quienes llevan adelante por parte de la justicia el juicio, como así los abogados defensores de los 15 imputados, entre ellos el comisario Miguel Ángel Belay y el subcomisario Carlos Rubén Díaz.
Los sobreseídos en la causa son el ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y el empresario dueño de Cromañón y Hotel Central Park, Rabel Levy, que aún puede llegar a juicio ya que se encuentre en Casación una apelación de los familiares de las 193 víctimas. La intención de la apelación es revocar el sobreseimiento dictado por la Sala V de la Cámara del Crimen.
Los veedores de la causa es la Asociación de Ex Detenidos Desparecidos, y también se cuenta con la presencia de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que igualmente no fue nombrada en el momento de la presentación del juicio oral.
Los familiares fueron citados por organización de la Corte Suprema a las 8.45, pero ingresaron pasadas las 11. Respaldándolos estaba un padre del incendio del boliche Keyvis, Raúl Bugamen.
Los únicos referentes partidarios presentes son Marcelo Ramal del Partido Obrero (PO) y la ex legisladora del Movimiento al Socialismo de los Trabajadores (MST), Vilma Ripoll.
LOS GRUPOS DE FAMILIARES
Por la tragedia de Cromañón se consolidaron cinco grupos de padres. "Familias por la Vida", la ONG que encabeza Nilda Gómez, mamá de Mariano; "Que No Se Repita", cuyo referente es José Iglesias, papá de Pedro; El "Grupo Paso", el más conocido Diego Rozengardt, hermano de Julián; la Asociación de Padres de Hijos Asesinados en Cromañón (A.P.H.A.C.), que reúne a doce padres de Isidro Casanova, Rafael Castillo y La Matanza, y cuyo referente es Eduardo Amaya, papá de Gastón; por último, la Asociación de Víctimas de la Inseguridad en la Argentina (A.V.I.S.A.R.), presidida originalmente por Mariana Márquez (mamá de Liz, a quien un cáncer se llevó en medio de su batalla), y que quedó a cargo de José Guzmán, papá de Lucas y militante del MST.
Foto: Gentileza DyN
