En una sesión en la que no estuvieron ausentes varios cruces políticos, la Cámara de Diputados convirtió en ley la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), una iniciativa que busca reformar el sistema electoral. Con 143 votos a favor, 87 en contra y 5 abstenciones, los legisladores nacionales avalaron las modificaciones propuestas por el Senado, que implican cambios en el Código Electoral Nacional. Además, durante la misma jornada, los diputados dieron media sanción a proyectos sobre la seguridad, que incluyen la Ley Antimafia y la regularización de la tenencia de armas de fuego.
Boleta Única de Papel
La aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP) significa un antes y un después para el sistema electoral, porque modificará la dinámica política para hacer campaña y la oferta electoral. La iniciativa plantea, entre otras reformas, la adopción de un modelo similar al utilizado en la provincia de Mendoza, donde la boleta se estructura con filas horizontales que representan los cargos a elegir, mientras que las columnas están reservadas para las diferentes agrupaciones políticas.
Uno de los puntos que más discusión generó fue la eliminación del casillero que permitía votar por lista completa, una opción que brindaba la posibilidad de seleccionar a todos los candidatos de un mismo partido con una sola marca. Este cambio fue impulsado, en principio, por La Libertad Avanza (LLA) y fue respaldado por otros espacios, aunque no sin resistencia.
En tanto, el diputado libertario Nicolás Mayoraz calificó la jornada como “un gran día para la democracia”, y destacó que esta ley “permitirá acabar con prácticas corruptas”, tales como el robo de boletas.
Desde el oficialismo, se subrayó la importancia de la reforma en términos de transparencia y equidad electoral. El presidente del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, afirmó que con la Boleta Única, “todos podremos competir en igualdad de condiciones” y aseguró que se trata de una herramienta fundamental para mejorar la calidad del sistema democrático. En contraposición, el diputado Carlos Castagneto (UP) cuestionó la necesidad de este cambio, ya que recordó que el sistema vigente funcionó por más de 40 años sin denuncias de fraude.
El respaldo al proyecto también vino desde sectores amigables de la oposición, como la legisladora nacional Silvia Lospennato (Pro), quien destacó los beneficios del nuevo sistema. Indicó que “asegura la libertad de los electores, la igualdad de los partidos políticos y mejora la integridad del sistema político argentino”. Por su parte, el diputado Martín Arjol (UCR) subrayó que la BUP no solo simplificará el proceso electoral, sino que además traerá un ahorro importante en los costos de la organización de las elecciones.
Ley Antimafia
La sesión especial también sirvió como escenario para el avance de otro proyecto en materia de seguridad: la Ley Antimafia. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales mediante una serie de reformas al Código Penal. Con 137 votos a favor y 92 en contra, la norma obtuvo media sanción y continuará su tratamiento en el Senado.
La ley propone el endurecimiento de las penas para los integrantes de organizaciones criminales, equiparando las sanciones entre los líderes y los miembros de menor jerarquía dentro de estas estructuras delictivas. Entre los delitos tipificados bajo esta categoría se encuentran el tráfico de drogas, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas. Asimismo, la propuesta crea una “Zona de Investigación Especial”, destinada a facilitar la acción de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en la lucha contra estas organizaciones.
Durante el debate, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) explicó que el proyecto incorpora sugerencias de ministros provinciales y de distintos bloques políticos y destacó la eliminación de los artículos relacionados con delitos comunes, como amenazas o daños, para focalizarse exclusivamente en el crimen organizado. “Se trata de brindar herramientas al Estado para atacar no sólo los hechos, sino también el origen de estas bandas”, expresó.
Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de críticas. El diputado José Glinski (UP) manifestó que la ley presenta inconsistencias jurídicas y es contradictoria con otros proyectos del propio Ejecutivo, como el blanqueo de capitales. “Es una ley engañosa, que no define con claridad a quiénes se busca perseguir”, sostuvo.
Regularización de armas de fuego y la prórroga del desarme
En tanto, otro de los temas debatidos en la sesión fue la regularización de armas de fuego, con el objetivo de prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que se implementa desde el año 2006. Este programa, que fue renovado en diversas ocasiones, tiene como fin reducir la cantidad de armas en circulación y ofrecer una vía segura para que los ciudadanos entreguen voluntariamente aquellas que posean de manera irregular.
El proyecto obtuvo un amplio respaldo, con 142 votos a favor, 89 en contra y una abstención. Según Rodríguez Machado esta medida es fundamental para garantizar una correcta trazabilidad de las armas y evitar que estas lleguen a manos indebidas. La legisladora nacional explicó que se brindará un nuevo plazo para que quienes no han podido actualizar sus registros de tenencia lo hagan y, de esa manera, el Estado pueda controlar el destino de estas armas. “Queremos que exista la entrega voluntaria de armas, para que aquellos que deseen desprenderse de ellas lo hagan de manera segura”, señaló.
Por su parte, el diputado Martín Soria (UP) hizo hincapié en la importancia de sacar las armas de circulación, especialmente en zonas vulnerables. “Cada arma que se retira de las calles es un paso hacia una sociedad más segura”, afirmó. Mientras tanto, el libertario Santiago Santurio argumentó que el proyecto brinda una solución clara tanto para quienes quieren regularizar su situación como para aquellos que optan por desarmarse voluntariamente.
Emergencia ambiental en la provincia de Córdoba
En la convocatoria a la sesión en Diputados estaba incluida también la aprobación de proyectos relacionados con la emergencia ambiental en Córdoba, la creación de un Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial y los nombramientos de cónsules y embajadores.
La emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba, una norma que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, fue aprobada de manera unánime por los 218 diputados presentes. La iniciativa, que responde a los incendios que afectaron gravemente a varias localidades de las Sierras de Córdoba durante los meses de agosto y septiembre, establece un plazo de 180 días prorrogables para que el Ejecutivo intervenga en la asistencia a las zonas afectadas.
Por otro lado, se sancionó la creación de un Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, una medida destinada a preservar las expresiones culturales que no tienen una representación material tangible, como las tradiciones orales y rituales. Este registro permitirá clasificar y gestionar las manifestaciones culturales, garantizando su protección y difusión.
