El juez Roberto Andrés Gallardo hizo lugar a una medida cautelar que había presentado la empresa Spinazzola que fue descalificada en el concurso. La medida de hecho beneficia a los actuales concesionarios porque los exime de realizar una millonaria inversión. Entre ellos, están las empresas vinculadas al secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur y la propia Spinazzola.
En su resolución, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo ordenó "la inmediata suspensión del proceso licitatorio de la concesión de la fabricación, provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro del mobiliario urbano".
El recurso de amparo había sido presentado por la empresa Spinazzola, una de las cinco concesionarias que hoy explotan la publicidad del mobiliario urbano. Las otras son Rainbow, de la familia Albistur; Wellon, relacionada con el empresario Carlos Avila; Sarmiento, del mendocino Osvaldo Terranova, y una unión de empresas que integran Lesko, Trabacar y Siemens. Spinazzola denunció que una de las preseleccionadas, su competidora Sarmiento, "habría presentado documentación adulterada". Gallardo le dio la razón y cuestionó el "llamativo silencio evidenciado" por el gobierno porteño.
Gallardo no es el juez "natural" de la causa, que está a cargo de la jueza Alejandra Petrella, aunque se los conoce a ambos jueces por sus opiniones coincidentes en temas claves.
"Gallardo aprovechó la oportunidad de la feria judicial y pidió el expediente par suspender enseguida el proceso licitatorio. Todos las partes coinciden en que no había ningún motivo para expedirse ahora. La apertura del segundo sobre ni siquiera tiene fecha", afirmó el procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli y agregó: "Está claro que Gallardo actúa por motivaciones políticas y no judiciales. Está empeñado en estorbar la gestión de Macri". Lo que no recuerda Tonelli es que el mismo juez entorpeció todas las gestiones, multando por día a Aníbal Ibarra y alos 60, legisladores.
Hace más de doce años venció la concesión de las carteleras de publicidad y el entonces jefe de Gobierno Fernando de la Rúa le permitió a los concesionarios la continuidad del contrato pagando un canon irrisorio. Recién durante su segunda gestión, Aníbal Ibarra pretendió revertir la situación. Para ese entonces, también se habían vencido las otras concesiones. Ibarra luego de varias dilaciones epezó tras un concurso, la licitación.
Jorge Telerman avanzó con la selección de los oferentes, y también padeció la embestida empresarial-judicial. Y tras la derrota electoral, acordó con Mauricio Macri que la adjudicación se realizaría durante la gestión actual. Macri quería monitorear una de las licitaciones más importantes de su mandato: la publicidad callejera mueve más de 300 millones de pesos por año.
El fallo de Gallardo tiene claros beneficiarios: la propia demandante y los demandados. Sin adjudicación, ninguna de las empresas deberá realizar la inversión que reclama la nueva concesión del servicio. Y podrán mantener el negocio pagando un canon irrisorio. El gran perdedor, ientras se mantenga esta situación, es Viacart, ligada al empresario mediático Daniel Hadad que es el único "nuevo" que iba a entrar al negocio al ser uno de los tres adjudicatarios que habían pasdo el sobre 1, la primer fase.
