La disputa entre el gobierno de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, ha sumado un nuevo capítulo judicial. El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, rechazó dos pedidos clave del gobierno, marcando un revés en la pelea por la “privatización del fútbol”.
El primero de estos pedidos, presentado por el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro de la Nación, solicitaba la revocación de un fallo del 13 de agosto de 2024, que ratificaba la suspensión de los artículos 335 y 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Dichos artículos, suspendidos cautelarmente desde el 30 de enero de este año y confirmados por la Cámara Federal de San Martín, habilitaban la transformación de los clubes de fútbol, actualmente asociaciones civiles sin fines de lucro, en sociedades anónimas con fines de lucro.
El segundo pedido del gobierno buscaba que la apelación interpuesta tuviera efectos suspensivos, lo que habría permitido que la normativa continuara vigente mientras se revisaba la causa en instancias superiores. Sin embargo, el juez Tezanos Pinto rechazó esta solicitud, aunque aceptó la apelación, lo que eleva el caso nuevamente a la Cámara Federal de San Martín, tribunal encargado de revisar la medida cautelar que mantiene en suspenso los artículos cuestionados.
La raíz del conflicto se remonta a principios de este año, cuando el gobierno libertario de Milei reglamentó las disposiciones del DNU 70/2023, estableciendo un plazo de un año para que los clubes de fútbol pudieran optar, mediante la aprobación de sus socios, por convertirse en sociedades anónimas deportivas. Esta medida fue recibida con resistencia por parte de la AFA, que, a través de un recurso de amparo, logró que el juez Tezanos Pinto suspendiera los efectos de la normativa hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.
El magistrado argumentó que la implementación de las SAD afectaría de manera significativa la estructura de los clubes, alterando su vida asociativa y obligando a sus miembros a seguir directrices impuestas por capitales privados. Además, el juez subrayó que las nuevas disposiciones del DNU modificarían de manera sustancial la Ley 20.655 del Deporte, una norma aprobada por el Congreso Nacional que establece que los clubes deben ser entidades sin fines de lucro.
Por su parte, el gobierno de Milei presentó varios argumentos en su apelación. Entre ellos, planteó la recusación del juez Tezanos Pinto, alegando que no es competente para intervenir en la causa, y solicitó que la apelación tuviera efectos suspensivos, argumentando que la suspensión de la normativa impide la implementación de políticas públicas necesarias para el desarrollo económico del fútbol argentino. En este sentido, el Ejecutivo ha defendido la idea de que las SAD permitirían la llegada de capitales privados que podrían aliviar la crisis económica de los clubes.
💣👊🏻 Todo esto que les cuento va de la mano con la DISPUTA existente entre el Presidente Javier MILEI y la conducción de TAPIA en la AFA.
ℹ️ Recordemos que Milei ya intentó IMPONER las SAD en el estatuto de AFA, y anuló el famoso DECRETO 1212 que otorgaba exenciones impositivas… pic.twitter.com/ooXPTw9Nnd
— Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) October 1, 2024
La AFA, en tanto, ha sido enfática en su rechazo a la propuesta de las SAD, sosteniendo que la llegada de inversores privados pondría en riesgo la esencia social y comunitaria de los clubes, que forman parte de la identidad del fútbol argentino.
A pesar de los intentos del gobierno por revertir la decisión judicial, el juez mantuvo firme su fallo, desestimando el pedido de revocación. Asimismo, negó la solicitud de otorgar efectos suspensivos a la apelación, lo que implica que los artículos del DNU seguirán suspendidos mientras la Cámara Federal de San Martín no resuelva el caso. El gobierno, además, argumentó que la justicia federal de Mercedes no debería ser la que intervenga en este conflicto, dado que tanto la sede de la AFA como el gobierno nacional se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, sostuvo que un tribunal de dicha jurisdicción, en el fuero civil y comercial federal, debería encargarse del caso.
Por ahora, la pulseada legal sigue sin definiciones claras, y el conflicto entre el gobierno y la AFA continúa latente. Mientras el gobierno de Milei insiste en que la transformación de los clubes en sociedades anónimas es la solución para garantizar su sostenibilidad financiera, la AFA defiende la estructura actual del fútbol argentino, centrada en el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.
