Este miércoles, la Cámara de Diputados confirmó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el presidente Javier Milei. La votación resultó 159 votos a favor de insistir con la ley, 85 en contra y 5 abstenciones. Para la oposición, el desafío radicaba en reunir los dos tercios -es decir, 166 votos- de los presentes para revertir el veto, objetivo que no alcanzó debido a las abstenciones y las ausencias que beneficiaron al oficialismo.
De esta manera, el Gobierno logró blindar su postura con el respaldo de los bloques Pro, Independencia, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y de algunos diputados disidentes de la Unión Cívica Radical (UCR). En total, 85 legisladores nacionales fueron los que votaron a favor de sostener la medida del Poder Ejecutivo y la oposición no pudo conseguir la mayoría especial requerida.
Las alianzas políticas que permitieron el veto
El resultado fue posible gracias a las alianzas que realizó el Gobierno con los bloques que responden a los gobernadores “dialoguistas” Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Hugo Passalacqua de Misiones y el chubutense Ignacio Torres. Esto le permitió a LLA obtener el número necesario para ratificar la medida.
Uno de los puntos centrales al momento de la votación fue la abstención en la que incurrieron los diputados misioneros Alberto Arrúa y Carlos Alberto Fernández; Yamila Ruiz y Daniel Vancsik de Innovación Federal y el radical Pablo Cervi, de Neuquén.
Según el reglamento, para rechazar un veto presidencial, la oposición necesitaba reunir los dos tercios de los diputados presentes en el recinto, pero las ausencias redujeron el número de votos requeridos para que el oficialismo consiguiera blindar el veto.
Las críticas de la oposición
Durante el debate, el diputado Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) se mostró firme en su rechazo al veto. Del Caño expresó que el argumento del Gobierno para justificar la falta de financiamiento universitario por razones fiscales, es falaz. “Mienten cuando dicen que no hay plata para la universidad; la hay para beneficios a empresarios como Galperín”. Además, hizo un llamado a la movilización social para derrotar a la política de ajuste e insistió en que no se puede esperar hasta 2025 o 2027 para implementar un cambio.
Por su parte, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también fue contundente en su discurso a la hora de cuestionar el veto presidencial. Durante su intervención en el recinto, señaló que la administración de Milei está enfocada en desmantelar atodos los sectores de la sociedad.
“¿Qué son, presidente? Una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda”, expresó Pichetto, en un fuerte reproche a la política económica del Ejecutivo. Al mismo tiempo solicitó que el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo se presente ante el Congreso de la Nación para debatir el Presupuesto 2025.
¿Cuál será el impacto del veto en las universidades?
La Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Poder Legislativo en septiembre, tenía como objetivo garantizar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales, contemplando un ajuste salarial para los docentes y no docentes del sistema universitario, retroactivo a enero de este año y con vigencia hasta diciembre. Asimismo, se preveía que los salarios fueran actualizados de manera mensual conforme a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin embargo, el veto presidencial dejó sin efecto estas disposiciones. Según el Ejecutivo, el proyecto de ley era “violatorio del marco jurídico vigente”, al no tener en cuenta el impacto fiscal de la medida, ni especificar de dónde provendrían los fondos necesarios para financiar el incremento. Desde el Gobierno, se argumentó que la norma, en lugar de garantizar el financiamiento de las universidades, buscaba “dañar al Gobierno políticamente”.
En respuesta a las críticas, el oficialismo anunció mejoras salariales para el personal universitario. A pesar del rechazo de algunos sectores gremiales, el Gobierno comunicó un aumento del 6,8% para los docentes universitarios y la actualización de la Garantía Salarial con efecto retroactivo a abril del 2024.
Movilización y protestas fuera del Congreso
A lo largo de la jornada, los alrededores del Palacio Legislativo fueron escenario de manifestaciones organizadas por estudiantes y sindicatos universitarios en defensa del financiamiento de las universidades. La protesta fue la segunda en menos de un mes, ya que el 2 de octubre se realizó la Marcha Federal Universitaria en todo el país.
A pesar de las movilizaciones, el veto fue ratificado por el oficialismo y los bloques aliados. En consecuencia, LLA continúa por la vía de reducir el gasto público como parte de un plan de ajuste fiscal. Y esta votación se suma a la reciente ratificación del veto a la ley que mejoraba las jubilaciones, ocurrida el 11 de septiembre, cuando el presidente calificó a los 87 legisladores nacionales que votaron en favor del veto como “héroes”.
Asimismo, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario reafirmó, una vez más, la capacidad del Gobierno para sostener sus decisiones en el ámbito legislativo a cualquier precio y gracias a las alianzas que mantiene con los espacios políticos que lo apoyan, en medio de un caótico contexto social y económico. Sin embargo, la oposición dejó en claro que continuará con la lucha contra el ajuste regresivo en materia educativa, jubilatoria y otros sectores que están siendo afectados por las políticas públicas del libertario.
