El Gobierno puso en marcha el tratamiento de la llamada Ley Hojarasca, un proyecto que busca la derogación de un conjunto de normas consideradas “obsoletas, inútiles o restrictivas de libertades individuales”. Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, plantea la eliminación de alrededor de 70 leyes que, según el Poder Ejecutivo, dejaron de tener relevancia en la actualidad.
La Ley Hojarasca, cuyo proyecto fue enviado al Congreso de la Nación, tiene como objetivo simplificar el entramado normativo, y eliminar regulaciones que ya no cumplen con una función práctica o que generan barreras innecesarias para los ciudadanos. En tanto, Sturzenegger explicó que se trata de un paso hacia una mayor desregulación y una simplificación del marco legal, buscando la libertad individual y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
¿Qué leyes se buscarán derogar?
Entre las normas que se proponen derogar, figuran leyes sancionadas durante gobiernos de facto y constitucionales a lo largo del siglo XX. Allí se destaca la Ley 18.832, promulgada en 1969 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que creaba un fondo destinado a controlar la producción de papel de diarios, lo cual afectaba directamente a la prensa escrita. Esta normativa es vista como una restricción a la libertad de expresión, razón por la cual está entre las primeras en la lista a eliminar.
Otra de las leyes en cuestión es la 14.034, sancionada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, que imponía sanciones a aquellos argentinos que promovieran medidas políticas o económicas en contra del Estado. El Gobierno actual considera que este tipo de legislaciones, creadas en contextos muy diferentes, son restrictivas de las libertades civiles y políticas que están garantizadas en la Constitución Nacional.
En línea con estas derogaciones, también se busca eliminar iniciativas del gobierno de facto de Alejandro Lanusse, como la Ley 20.120, que habilitaba al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos, y la Ley 19.787, que limitaba la libre elección de temas musicales en la programación radial. Estas leyes, que fueron sancionadas bajo regímenes autoritarios, son calificadas como “aberraciones” en el marco de un estado democrático, según argumentó el Ministerio de Desregulación.
Desde la Casa Rosada, se han expresado seis motivos principales que justifican la derogación de estas 70 leyes. En primer lugar, se argumenta que muchas de ellas limitan las libertades individuales y restringen derechos fundamentales como el de propiedad o reunión. En segundo lugar, el Gobierno sostiene que algunas de estas normas han sido superadas por leyes posteriores, por lo que su vigencia carece de sentido.
Asimismo, el avance de la tecnología es otro de los factores considerados por el Ejecutivo para justificar la eliminación de ciertas normativas. Un ejemplo citado es una ley que autoriza las emisiones televisivas a color, una disposición que fue superada por el desarrollo de las plataformas digitales. Otras regulaciones resultan igualmente arcaicas, como aquellas que establecen la microfilmación para la preservación de documentos gubernamentales.
La Ley Hojarasca enviada por el presidente @JMilei al Congreso propone
eliminar una cantidad de legislación vetusta y sin aplicación práctica. Tiene algunas cosas divertidas pero, además de limpiar nuestro marco normativo, es más que nada una interpelación: ¿Por qué se…— Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 14, 2024
En esta línea, el ministro destacó la existencia de leyes que definían obligaciones para organismos que ya no existen. En este sentido, el funcionario señaló que se eliminarán normas que siguen vigentes a pesar de que las instituciones a las que estaban destinadas han desaparecido, como es el caso del Complejo Portuario de Ultramar o Ediciones Culturales Argentinas.
Un último eje argumental del proyecto de Ley Hojarasca es la necesidad de reducir la carga fiscal que ciertas leyes imponen al Estado y, en consecuencia, a los contribuyentes. Entre ellas, se mencionan las leyes que crean organismos públicos o entidades que deberían autofinanciarse, pero que siguen recibiendo recursos del Estado. Un ejemplo es la ley que establece la creación del Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios.
Las críticas al proyecto
El propio Sturzenegger, en varias ocasiones, cuestionó lo que él considera un “exceso de leyes” que, en lugar de facilitar la vida en sociedad, la complican innecesariamente. En una publicación en redes sociales, el ministro citó al jurista norteamericano Grant Gilmore para ilustrar su posición: “Cuantas más leyes, peor una sociedad. En el infierno no encontrarás más que leyes”. Esta postura refleja el espíritu del proyecto, que busca reducir el marco normativo a su mínima expresión.
El proyecto enviado al Congreso subraya la necesidad de revaluar la normativa vigente, no solo para eliminar la burocracia, sino también para garantizar que el marco legal sea coherente con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Según el Gobierno, muchas de las leyes que se pretende derogar fueron promulgadas en épocas donde prevalecían corrientes ideológicas intervencionistas, lo que llevó a la promulgación de leyes que otorgaban derechos que, en realidad, ya estaban garantizados por la Constitución.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Desregulación explicó que “los derechos no requieren leyes”, haciendo referencia a que los derechos fundamentales inherentes a las personas no necesitan una normativa que los reconozca, ya que estos están protegidos por la Constitución Nacional. En este sentido, las leyes que regulan derechos individuales serían redundantes y podrían, incluso, convertirse en un obstáculo para el ejercicio pleno de esos derechos.
Las implicancias políticas y sociales
El envío de la Ley Hojarasca no solo tiene un impacto jurídico, sino también político. La propuesta fue vista por algunos sectores como un intento de desmantelar normativas que fueron implementadas por gobiernos anteriores para garantizar ciertos derechos o regular aspectos de la vida pública. Sin embargo, desde el oficialismo se insiste en que este proyecto es un paso hacia la modernización del Estado y la eliminación de barreras burocráticas que afectan el desarrollo individual y colectivo del país.
Por otro lado, el Gobierno fue enfático a la hora de señalar que la eliminación de estas leyes no implica una reducción en la protección de los derechos de los ciudadanos, sino que, por el contrario, refuerza la seguridad jurídica al establecer un marco legal más claro y actualizado. En palabras de Sturzenegger: “La Ley Hojarasca propone eliminar una cantidad de legislación vetusta y sin aplicación práctica… ¿Por qué se promulgaron estas leyes? ¿Por qué el sistema no las eliminó antes?”.
