Un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) reveló fallas graves en la construcción de tres comisarías de la Policía de la Ciudad. Las obras, correspondientes a las comisarías 3, 9 y 10, enfrentaron demoras de entre 300 y 600 días debido a la falta de una planificación adecuada en las licitaciones públicas y la ejecución de los trabajos.
Entre las principales irregularidades señaladas, se mencionan alteraciones de metodologías constructivas por fallas en los proyectos originales, falta de valoración técnica, ausencia de intervención del área legal y ausencia de control en el presupuesto. Además, se detectó un deficiente control interno de las obras, la inexistencia de libros de Higiene y Seguridad, así como de partes diarios y planes de gestión ambiental.
El caso de la comisaría comunal Nº9 es emblemático. El informe resaltó: “La obra consiste en la construcción de un edificio nuevo destinado al funcionamiento de la Comisaría Comunal Nº9. La misma se sitúa en un terreno bajo autopista sobre la intersección de las calles Juan B Justo y Cuzco. Een el predio donde se ejecutará la obra se encontraba funcionando una estación de servicio de bandera YPF concesionada, que debía retirar el pasivo ambiental, tanques y cañerías y realizar la remediación del suelo alrededor de los mismos, mandando a analizar las muestras correspondientes y así poder obtener el certificado de aptitud ambiental emitido por la Agencia de Protección Ambiental”.
La obra se vio afectada por la falta del Certificado de Aptitud Ambiental. Este documento era indispensable para continuar con la construcción y demoró considerablemente, ya que no fue considerado en la planificación original. Según la empresa adjudicataria, la imposibilidad de seguir con las obras hasta obtener dichom certificado generó retrasos significativos. La misma adjudicataria informa que “resulta
manifiesta la imposibilidad de continuar la obra en cuestión hasta tanto se haya presentado el certificado de aptitud ambiental”.
Respecto a esto el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz, afirmó que “queriendo edificar una comisaría sobre un terreno en el que había una estación de servicio, el primer paso es asegurarse de contar con el Certificado y esto no es nuevo. Hace más de una década el Pro gobierna y tienen el conocimiento de los pasos a seguir y los tiempos que demoran los pedidos”.
Para Teszkiewicz “estos ‘errores de planificación’ que atravesaron todas las obras de la Ciudad desde que Mauricio Macri asumió en 2007, continuando con la gestión de Larreta y ahora persisten con Jorge Macri, no son gratuitos. En el caso de estas comisarías le costaron a las vecinas y vecinos porteños centenares de millones de pesos”.
Por ejemplo, una obra básica en la Comisaria N°3 pasó de ser un presupuesto de 14 millones de pesos a un gasto total de casi 300 millones de pesos; La Comisaría N°9 paso de un presupuesto de casi 24 millones de pesos a un gasto superior a los 100 millones de pesos; y la Comisaría N°10, que costaría poco más de 20 millones de pesos, se terminó pagando casi 550 millones de pesos. Solo en estas 3 obras el gobierno macrista gastó casi 900 millones de pesos, entre demoras y obras complementarias y sin contar el costo social que significa demorar las obras de tres comisarías.
El auditor por el peronismo concluyó: “La falta de planificación en proyectos de esta magnitud es alarmante, no solo genera demoras en la ejecución de las obras, sino también costos para la ciudad
y consecuencias para sus vecinas y vecinos, quienes aportan recursos todos los días para tener una vida digna y sobre todo segura, solo en estas tres comisarías el gasto pasó de 58 millones a más de 544 millones, es un 920% de más que pagaron los y las porteñas. El plan de seguridad del macrismo no solo tiene problemas de prioridades, también de la crueldad que significa pensar que la función de la policía es perseguir a vecinas y vecinos en situación de calle y vendedores ambulantes, en lugar de controlar los delitos que afectan a los habitantes, y además hacen es un despilfarro de dinero y una caja negra de negociados”.