El jefe de Gobierno Jorge Macri llamó a licitación para construir una mega alcaidía en Villa Soldati. Sería la primera de ese tamaño en la Ciudad y permitiría alojar a 720 presos, lo que significaría vaciar los calabozos de las comisarías y evitar así fugas o motines.
El llamado a licitación se concretó con la publicación en el Boletín Oficial del jueves. Allí, se convoca a los interesados a participar del proceso, cuya apertura de sobres sería el viernes 8 de noviembre.
El lugar elegido para la alcaidía es un predio de unos 40.000 m2, que la Ciudad hoy tiene semi abandonado, ya que lo usa como depósito de materiales de construcción. Queda en la avenida 27 de Febrero, la que bordea al Riachuelo rectificado, en el cruce con la autopista Cámpora. Está atrás del parque Roca y del centro de logística de camiones.
Desde el Gobierno porteño explicaron que se lo eligió porque, “los vecinos más cercanos viven a 600 metros”. De lado porteño sí, porque cruzando el Riachuelo, del lado de Lanús, la alcaidía les quedará justo enfrente.
El costo de la obra
La obra significará una inversión de más de 43 mil millones de pesos. Comenzaría en el primer trimestre del año con al objetivo de terminarla a fin de 2026.
Construirá 5 módulos que permitiría alojar a 720 hombres (las mujeres van a otras dependencias). Y quedaría lugar para otros tres módulos, de manera tal que en un futuro se podría ampliar la alcaidía para darle una capacidad de unos 1.170 reclusos. Tendrá celdas individuales y colectivas, lugares de esparcimiento y de capacitación, más las instalaciones para los cuidadores.
La disyuntiva
¿Por qué es una alcaidía y no una cárcel? Porque se supone que en ellas (al igual que en las comisarías) deberían alojarse presos de manera momentánea, hasta que sean trasladados al penal federal donde sí cumplirían su condena. De hecho, a la alcaidía no la controla un servicio penitenciario sino la propia policía.
Claro que con las demoras de todo tipo del sistema judicial argentino, esto no siempre se cumple. Por eso los detenidos se quedan mucho en las comisarías, se acumulan y terminan viviendo en condiciones pésimas, con alto riesgo de motines o fugas, como se vio en la Ciudad en los últimos meses.
Este fue, concretamente, el problema con el Gobierno nacional en los últimos años. Con la pandemia, y amparándose en la crisis sanitaria, el Servicio Penitenciario Federal frenó la recepción de detenidos de las comisarías porteñas, como se venía haciendo históricamente mediante varios convenios judiciales.
El problema porteño
La Ciudad de Buenos Aires, pese a ser autónoma, nunca recibió el control de la Justicia en su totalidad. Sólo maneja algunos fueros (contencioso, contravencional) y apenas algunos delitos penales, los menos importantes. El traspaso pleno de la Justicia, con sus recursos, es una deuda de la inconclusa autonomía porteña, que acaba de cumplir 30 años.
Como no tiene juzgados penales plenos, la Ciudad tampoco tiene cárceles ni servicio penitenciario.
Con la llegada de Milei a la presidencia y Patricia Bullrich al ministerio de Seguridad nacional, los traslados de detenidos se retomaron. “El problema es que se llevan 90 por semana, pero en ese plazo ingresan 130”, explicó del Gobierno porteño.
De esa manera hoy la Ciudad aloja a 2.237 detenidos, el doble de lo que debería y por más tiempo de lo que correspondería. Los reparte en 59 dependencias, entre 39 comisarías y 20 alcaidías pero mucho más pequeñas que la que se quiere construir en Soldati.