Este miércoles, el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados avanzó con la firma de dictámenes para modificar el régimen que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en una iniciativa impulsada por la oposición y en respuesta al uso excesivo que el Ejecutivo le dio a esta herramienta en los últimos tiempos. En tanto, los diputados lograron la firma de cuatro dictámenes con el objetivo de reestructurar el marco legal que regula los DNU en el país, contemplado en la Ley 26.122.
El dictamen de mayoría, que consiguió 36 firmas y el apoyo de los bloques Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre, plantea que los DNU deberán ser tratados en el Congreso de la Nación en un plazo de 90 días, con la obligación de obtener la aprobación de ambas cámaras para su validación. Sin embargo, la propuesta generó diferencias que resultaron en tres dictámenes de minoría, firmados por los representantes de La Libertad Avanza (LLA), de la Coalición Cívica (Juan Manuel López) y de la Unión Cívica Radical (Karina Banfi).
El debate en comisión
Asimismo, la diputada Mónica Litza (UP) celebró la obtención del dictamen de mayoría como “una construcción colectiva que nos pone muy contentos”. Según ella, este proyecto establece un cronograma de tratamiento específico para los DNU, así como un “compromiso para limitar el uso excesivo de este recurso presidencial”, en línea con lo establecido en la reforma constitucional de 1994. También subrayó que el silencio de ambas cámaras será interpretado como rechazo, evitando la continuidad automática de los decretos, algo que hasta ahora era posible y generaba controversia.
A pesar del consenso alcanzado en torno al dictamen de mayoría, algunos legisladores nacionales manifestaron reservas sobre la suficiencia de las reformas. Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (EF) destacó que aunque el proyecto supone “un avance en la corrección de un déficit institucional”, su alcance es “insuficiente” para resolver los problemas que ha acarreado la ley vigente. Stolbizer hizo hincapié en la “necesidad de equilibrar los pesos y contrapesos” del sistema republicano para evitar que los DNU se utilicen como un mecanismo de poder presidencial discrecional.
Las críticas del oficialismo
En contraposición, el oficialista Lisandro Almirón cuestionó duramente la iniciativa y la calificó de “hipocresía”. Y sostuvo que quienes impulsan esta reforma “parecen tener la memoria frágil” y recordó que la misma ley que ahora buscan modificar fue obra del bloque que impulsó la Ley 26.122. En su intervención, denunció una “alianza de sectores opositores” que, en su opinión, intentan obstruir la gobernabilidad del país. “Lo que estamos viendo aquí es una construcción política oportunista y contra el cambio que votó la gente”, sentenció.
Otra de las voces que se escucharon fue la del radical Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), quien destacó el apoyo de los constitucionalistas que asistieron a las sesiones previas y aseguró: “Estamos dando un paso adelante para mejorar la calidad de la República”. Además, insistió en la necesidad de una reforma que imponga un control adecuado a los DNU, con el fin de que estos se limiten a situaciones de emergencia real y no sean un sustituto del proceso legislativo ordinario.
Las opiniones de los expertos
El inicio de la convocatoria contó con la intervención de especialistas en derecho constitucional. En su alocución, el abogado Enrique Hidalgo sostuvo que “el tiempo transcurrido desde la sanción de la ley amerita una revisión de sus efectos”, mientras que el exdiputado Jorge Enríquez señaló que “no es necesario modificarla completamente, sino en ciertos aspectos fundamentales”, entre ellos la caducidad automática de los decretos si no son aprobados expresamente en el plazo de 90 días.
En esta línea, el constitucionalista Maximiliano Toricelli planteó que “la ley actual presenta serios déficits”, que desembocaron en el uso extendido de los DNU. Para Toricelli, la sociedad demanda “consensos básicos para definir el tipo de República que deseamos y cómo legislar de cara al futuro”. Esta perspectiva fue respaldada por varios diputados de la oposición, quienes buscan evitar que el Ejecutivo eluda el proceso legislativo a través del uso indiscriminado de decretos.
El tratamiento en el recinto y el veto presidencial
El proyecto que se encamina al recinto incluye varias disposiciones que generaron disputas, entre las cuales se destacan la ampliación de las competencias de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y la redefinición de los criterios de “necesidad” y “urgencia”. Además, se establece que el rechazo de una sola Cámara sería suficiente para derogar un DNU, en contraposición al régimen actual que exige la negativa de ambas.
Ante la posibilidad de una aprobación en el Congreso, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará la reforma si se convierte en ley, ya que la iniciativa como “un intento de golpe institucional”. A su vez, el libertario argumentó que “están tratando de cambiar las reglas a mitad de camino”, en alusión a la limitación que la ley impondría sobre su capacidad para gobernar mediante decretos.
