El viernes se concretó la primera privatización del gobierno de Javier Milei. Y, curiosamente, no será ninguna de las ocho sociedades habilitadas para el ingreso de capital privado que figuran en el texto ya aprobado. Tampoco Metrogas. Y, obviamente, no es Aerolíneas Argentinas.
El primer cambio importante de traspaso de acciones de una compañía con mayoría pública a un inversor privado, y probablemente el primer proceso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), es la operación por la que Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa) fue adquirida por la norteamericana ARC Energy, empresa de capitales norteamericanos dedicada a la producción, provisión y servicios de insumos de petróleo y gas, que canalizará la inversión a través del Fondo de Inversión Americano (IAF). Y probablemente, como la inversión deberá superar los US$ 500 millones (solo por el pago de deudas e inyectar unos US$ 30 millones a la caja urgente de la compañía), reclame los beneficios del RIGI. Debe resolverlo el Gobierno. Casi, Javier Milei de manera personal.
Se inicia así una nueva etapa en la compañía, que fue el símbolo más brilloso de la industria nacional y que luego entró en un torbellino decadente, al ritmo de la desconfianza entre la Nación y los empresarios.
Historia Impsa
La compañía fue fundada por Enrique Epaminondas Pescarmona, un turinés que emigró a Mendoza para acompañar a una hermana que se casaba en esa provincia. Los inicios se remontan a 1907 con la apertura, en Godoy Cruz, de los Talleres Metalúrgicos Pescarmona, donde se fabricaban compuertas de metal para la industria vitivinícola. Ya con hijos trabajando en los talleres, abrió en 1936 Pescarmona Hermanos y Compañía. Fallece en 1947 y sus hijos continúan con la compañía; y en 1965 se funda Impsa, proceso imprescindible ante la expansión internacional de la empresa, que comenzaba a avanzar a nivel global ganando licitaciones públicas en todo el mundo.
Luis Menotti Pescarmona asume la conducción e Impsa se expande hacia Sudamérica y América Central, EE.UU., Europa y Asia, y contabiliza una plantilla de más de 3 mil empleados en todo el mundo. Lo sucede su hijo Enrique Menotti Pescarmona, nieto de Epaminondas, con lo que se consolidaba la tercera generación familiar al frente de la empresa, ya convertida en holding de alcance mundial. En aquellos tiempos de los 70 y los 80, Impsa era el gran orgullo industrial nacional. Surfeó los problemáticos 90 y encaró la posconvertibilidad con expectativas positivas. Era una empresa siderúrgica pesada, el tipo de cambio encarecido siempre la favoreció. Pero, curiosamente, comenzó también el tiempo de su crisis, como compañía industrial argentina privada.
El 18 de diciembre de 2005, Enrique Pescarmona declaraba que la economía crecería un 8%, debido a que “hay un tipo de cambio productivo, que los mercados internacionales son favorables para las commodities y que Roberto Lavagna hizo un gran trabajo, aunque su alejamiento del ministerio no cambiará las cosas”. Elogió a Néstor Kirchner, asegurando que el presidente “la tiene clara porque maneja los números” y porque “es la primera vez en los últimos cincuenta años que la Argentina tiene superávit comercial y fiscal por cuatro años seguidos, pese a las presiones inflacionarias”.
Impsa representa un símbolo de la Argentina y de la relación entre su clase empresaria y los gobiernos.
El 18 de enero de 2008 fue un día de esperanza y optimismo para Impsa. Tras años de lobby, y creyendo conocer por dónde venían los vientos, Enrique Pescarmona logró que su empresa firmara en Venezuela un contrato por US$ 520 millones para proveer turbinas al proyecto hidroeléctrico Tocoma. Sería la obra “joya” del régimen de Hugo Chávez y la coronación del cruce sonriente entre los gobiernos argentino y venezolano, en conjunto con los industriales privados del país. Se hablaba en esos días de la consagración de la idea de la “burguesía latinoamericana”, con los empresarios argentinos como cabeza de bandera y el contrato por Tocoma como primer peldaño de una escalera que sería interminable.
Chávez presentaba ante la región la fórmula por la cual el socialismo del siglo XXI, de alguna manera, convivía gloriosamente con los privados que supieran comprender hacia dónde soplaban los vientos.
En Buenos Aires, el gobierno exhibía una carta por la cual Impsa afirmaba que se trataba del contrato “más grande de exportación de alta tecnología” de la historia argentina. Impsa había ganado el contrato en una licitación pública internacional iniciada en 2004, en la que también compitieron la estadounidense General Electric, la francesa Alstom, la alemana Siemens, las japonesas Marubeni, Sumitomo, Hitachi y Mitsui, la austríaca Vatech y las chinas Dong Fang y Harbin. Impsa les había ganado a todas, demostrando que para la Venezuela bolivariana ningún currículum de una multinacional servía en el momento de otorgar un negocio millonario.
El contrato implicaba que Impsa proveería turbinas y generadores para la central de Tocoma, que demandaría una inversión de US$ 3.061 millones. “Es un orgullo para la tecnología nacional el diseño, la fabricación, el transporte y el montaje de estas grandes maquinarias hidráulicas que serán diseñadas en nuestro país”, firmaba Pescarmona en la carta rubricada por el propio empresario.
La caída
El 16 de septiembre de 2014, Impsa se convirtió en la primera compañía privada en anunciar que no podría hacer frente a sus compromisos financieros externos, luego que el 30 de julio la Argentina ingresó en default “técnico”.
Lo hizo a través de una carta a la Comisión Nacional de Valores donde reconoció que no podría enfrentar un pago de intereses previsto por US$ 42 millones y US$ 23 millones. Se trata de las obligaciones negociables clase X y XI, así como también del pago de las cuotas de capital e intereses de todas sus obligaciones negociables en circulación y con acreedores financieros. Inmediatamente, el gobierno confirmó que estudiaba un plan de salvataje para la empresa.
Las explicaciones de Impsa eran simples. La empresa no había podido hacer pie en la expansión de la obra pública dentro del país por la falta de crédito internacional y el cierre de los mercados internacionales por la mala imagen de la Argentina ante el mundo y, además, Venezuela no había cumplido con los pagos prometidos.
Para esa época, Enrique Menotti Pescarmona había perdido el control de la compañía, y para 2018 el grupo de acreedores, que encabezaron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Nación y un fondo de inversiones de Chile, entre otros, se hizo con dos de tres directores y marcó la salida del poderoso empresario. Continuaría siendo noticia ese año pero por otra cuestión: terminó siendo un arrepentido en el pago de coimas en la causa Cuadernos, luego de la detención de Rodolfo Valenti, uno de los gerentes de la compañía y hombre de confianza del empresario. Admitió que su empresa le había pagado al Ministerio de Planificación US$ 2,98 millones en “conceptos indebidos”.
La empresa pasó a ser reestatizada el 4 de junio de 2021, en una curiosa alianza entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Mendoza de Rodolfo Suárez. Nación detentaría el 63,7% de las acciones y la provincia, el 21,2%. Tres años después, comenzó el proceso a la inversa. Toda una metáfora de un país que no termina de decidir qué tipo de modelo de desarrollo económico defender.