“El proyecto de ley aprobado por la Legislatura en primera lectura no va a resolver ninguno de los problemas estructurales de la Ciudad”, le aseguró a Noticias Urbanas el director del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, al referirse al Código Urbanístico.
El abogado y fundador del Observatorio y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos se refirió a la iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que antes de fin de año será tratado nuevamente en la Legislatura para su aprobación definitiva.
Baldiviezo que estudió la cuestión desde su origen y participó en las audiencias públicas sobre el tema, también criticó el Código actual.
“El Código Urbanístico aprobado por Rodríguez Larreta incrementó exponencialmente la capacidad constructiva en la Ciudad sin considerar su capacidad de carga con relación a la infraestructura de servicios públicos y sin adoptar medidas para prevenir el colapso de los servicios públicos”, le dijo a NU.
-¿Qué expectativa tiene de la audiencia pública por el Código Urbanístico (CUR) que arrancó el miércoles y se extenderá hasta el viernes de la semana que viene en la Legislatura porteña?
En la audiencia pública que trata el proyecto de ley de actualización del Código Urbanístico se inscribieron más de 1700 habitantes de la Ciudad. Una nueva cifra récord para tratar la planificación de la ciudad. En el 2018, cuando se trató el Código Urbanístico se inscribieron alrededor de 500 personas. Este aumento de la masividad se debe a que se profundizaron los problemas urbanos en la ciudad y más sectores de la ciudanía están atentos y preocupados por el devenir de la planificación urbana. Existen sentimientos contrapuestos. Por una parte, las gestiones del Pro nos han demostrado que poco les importa la participación ciudadana y las intervenciones que realiza la ciudadanía en las audiencias públicas. Pero, por otra parte, en los últimos años se fue gestando un movimiento que exige que ya es hora de avanzar con una planificación en serio en la Ciudad, que no podemos continuar con parches de un lado y habilitando curros inmobiliarios en el otro. Esta vitalidad democrática no pierde las esperanzas de que sus voces y propuestas sean escuchadas esta vez.
-¿Cuáles son las principales objeciones que le hacen al proyecto del CUR del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri?
El proyecto de ley aprobado por la Legislatura en primera lectura no va a resolver ninguno de los problemas estructurales de la ciudad, que llevaron a la ciudadanía a organizarse y plantear alternativas urbanísticas. Es una nueva oportunidad que se pierde. Estamos frente a un “como si” mientras el GCBA teatraliza que escuchó a los colectivos barriales, intenta habilitar nichos para la especulación inmobiliaria financiera.
Hablamos de que esta actualización se realiza en el marco del abandono de la planificación urbana en la ciudad. El Plan Urbano Ambiental debió ser actualizado 3 veces hasta el momento. Nunca se aprobó su modelo territorial. El Código Ambiental, que debía aprobarse en paralelo al Código Urbanístico, hace 25 años que no se sanciona, aún cuando el Poder Judicial lo ordenó judicialmente. Cualquier pretensión de planificar la ciudad sin la aprobación y actualización del resto de los instrumentos es una chantada.
Para el colmo, no se realizó el monitoreo del funcionamiento del Código Urbanístico desde su sanción, que por ley era obligatorio, ni se presentó un mínimo diagnóstico, que justifique cada una de las propuestas de la actualización del Código Urbanístico. Nos convocan a audiencia pública sin un diagnóstico, sin los resultados del Monitoreo, sin fundamentos de las propuestas. Esto es una clara violación a la participación informada y una demostración a la desplanificación a la que está sometida la ciudad.
Esta revisión del CUR sostiene la desplanificación de la ciudad para permitir que surjan los negocios con la especulación inmobiliaria. La ausencia de planificación genera que no iniciemos el camino para la solución de los problemas más graves que vive la ciudad.
Necesitamos una Planificación Urbana que considere la ciudad actual desde una perspectiva metropolitana, igualitaria, ambiental y profundamente democrática.
El GBA nos ha conducido a que la discusión de la planificación y el CUR se reduzcan a la capacidad constructiva de una parcela, cuando los ejes deberían ser las relaciones y dinámicas sociales y económicas de la población, su calidad de vida y ambiental, sus necesidades. La ciudad somos sus habitantes y no debe ser reducida a los metros cuadrados qué se pueden construir.
-¿Qué cambios importantes tiene en relación al proyecto original que se aprobó en el 2018?
Datos publicados por el Gobierno de la Ciudad muestran que existen actualmente 183,7 millones de m2 edificados en la Ciudad.
El CUR vigente habilita la construcción de 309 millones adicionales, o sea que multiplica por 2,5 la cantidad de m2 construidos, si se realizara toda la capacidad constructiva prevista.
La revisión que proponen ahora representa una reducción de menos del 4% del incremento previsto por el CUR de 2018. Este aumento desmedido de la constructibilidad no tiene sustento en la evolución demográfica de la ciudad, cuya población está estable desde los años 40. Tampoco tiene sentido insistir con la necesidad de densificación, cuando la ciudad tiene una densidad media igual o superior a muchas metrópolis.
Tenemos que limitar la constructibilidad en la Ciudad, tanto en las zonas de mayor densidad que el CUR prevé densificar aún más, como en los barrios de casas bajas que esta revisión pretende proteger, pero en las cuales en realidad habilita una mayor constructibilidad por los cambios de zonificación en las zonas USAB.
Esto sólo se puede hacer en base a una planificación basada en las necesidades de los habitantes y en la dinámica demográfica real de la ciudad.
-¿Qué críticas le hicieron, en su momento, a esa iniciativa?
Este proyecto de ley no incorpora adecuadamente el contenido de todos los proyectos de ley presentados por los colectivos barriales, orientados a modificar la capacidad constructiva en el CUR, a fin de defender la identidad barrial y los barrios de casas bajas.
El Gobierno presenta esta revisión del Código como una propuesta de protección de los barrios de casas bajas y de las identidades barriales. Sin embargo, según datos que ellos mismos presentan, esta revisión resulta en un aumento de la capacidad constructiva en las zonas de baja densidad.
Uno de los reclamos era reducir las zonas USAB 2 que permiten 5 pisos, sin embargo, estas se mantienen en la misma proporción. Más grave aún, se reducen de 29% a 12% las zonas USAB 1 que permiten 3 pisos, (son ahora las USAB 0) que eran las que se pretendían aumentar. Aquí dos tercios de las zonas de 3 pisos pasan a 4 pisos. Es una gran mentira sostener que esta revisión protege las zonas de casas bajas. Debe haber tiempo y lugar para un análisis profundo de la constructibilidad en las zonas de casas bajas, que permita una baja real de la constructibilidad.
El proyecto de ley no tiene en cuenta la cuadra y la manzana existente en la planificación, como ordena el Plan Urbano Ambiental. Tenemos que dejar de planificar de forma abstracta y planificar de forma concreta, manzana por manzana y obviamente en forma participativa. Al no hacerlo, se producen situaciones muy negativas para la calidad de vida de los habitantes y hasta situaciones absurdas, donde se arruina la habitabilidad de un inmueble por la aplicación de reglas generales, cuando se necesitaba un análisis caso por caso con base en la realidad de la manzana y de cada una de sus parcelas. En la planificación de la ciudad se debe dar lugar a este análisis fino a nivel de manzana.
-Una de las polémicas que provocó el Código que impulsó el por entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene que ver con los convenios urbanísticos, ¿cuál es su opinión en relación a ellos?
El Código Urbanístico aprobado por Rodríguez Larreta incrementó exponencialmente la capacidad constructiva en la Ciudad, sin considerar la capacidad de carga con relación a la infraestructura de servicios públicos y sin adoptar medidas para prevenir su colapso en las prestaciones de agua y cloacas, pluviales, electricidad, transportes, salud, educación, cultural, deportivo, espacios públicos y espacios verdes.
El Plan Urbano Ambiental establece que se debe planificar considerando la correspondencia entre población residente y usuaria, y la disponibilidad de servicios básicos. Este mandato no fue cumplido. La gestión de Larreta, al tratar el Código Urbanístico, decidió abocarse únicamente a estimular la constructibilidad, sin analizar las consecuencias. Es necesario contar con las necesidades de la población residente y de los 3 millones de personas y el millón de autos que ingresan todos los días a la Ciudad de Buenos Aires desde el AMBA para trabajar, estudiar, atender su salud, asistir a espectáculos o divertirse.
El CUR prevé que se las empresas concesionarias emitan certificados de factibilidad, pero luego de cambios reglamentarios, la factibilidad no se exige antes del otorgamiento del permiso de obra sino antes de la finalización de la obra, para garantizar la fuerza de los hechos consumados. Las empresas concesionarias siempre otorgan estos certificados y en algunos casos hasta de forma condicionada. Es decir, simplemente no impiden que se construya, aunque no haya factibilidad real, a condición de que a futuro se hagan las obras que luego nadie exige. Entre muchos ejemplos, la obra de Mindlin en Figueroa Alcorta, cuya viabilidad, según AYSA, dependerá de la realización de una obra de gran envergadura y abultados costos, el colector bajo costanera. Este sistema no está funcionando y el colapso de los servicios públicos de los barrios porteños así lo demuestra.
El Código Urbanístico tampoco ayudó a mitigar la crisis habitacional, ya que solo aumentó la constructibilidad para garantizar la rentabilidad de los desarrolladores y no para facilitar el acceso a la vivienda de la población.
Este Código también planteó implementar el paradigma de la Mixtura de usos que terminó generando en toda la ciudad grandes conflictos por la incompatibilidad de usos, principalmente porque no se reguló la intensidad de los usos permitidos en la implementación de esta mixtura. El CUR debió establecer una regulación de la saturación o intensidad de uso que sea eficaz y otorgue soluciones inmediatas a las víctimas. Este es un gran fracaso del actual CUR, que el proyecto de ley de actualización aún no ha resuelto, si bien ha reconocido el problema.
-Desde el Observatorio, ¿cuál debería ser la política urbanística?
La planificación urbana debe ser, en primer lugar, una planificación participativa. No resulta posible avanzar con las soluciones que necesita la ciudad sino se otorga participación a la ciudadanía en la decisión de las políticas urbanas. El primer paso es, por lo tanto, organizar la planificación de la ciudad bajo el paradigma de la Democracia Participativa Ambiental.
-¿Cómo analiza al Gobierno de Jorge Macri?
El Gobierno de Jorge Macri continúa con la misma perspectiva que tenía Larreta con relación a la participación ciudadana y la planificación de la Ciudad. Una de dichas líneas de continuidad es el intento de conseguir los poderes para gobernar a través de excepciones inmobiliarias.
El Poder Ejecutivo y el sector inmobiliario buscan siempre liberarse de las regulaciones, por más permisivas que sean, por eso siempre aparecieron las “torres sorpresa”, ya sea por medio de interpretaciones, de convenios urbanísticos cuyo sentido se desvirtúa o, en el caso del proyecto de ley de actualización del Código Urbanísitco, por ejemplo, a través de la Capacidad Constructiva Adicional (CCA), que abre la puerta a la construcción de torres de hasta 90 m de altura en ciertas avenidas o el tema de la compensación volumétrica que permitiría aumentar las alturas de forma discrecional.
La CCA sólo es una forma de compensar a las empresas para que tengan igual rentabilidad en el norte y en el sur. No es herramienta de planificación, ni de calidad de vida para los vecinos, sino de negocios para los desarrolladores.
Parte de esas disposiciones fueron retiradas del proyecto inicial, pero hay grandes probabilidades de que vuelvan en la segunda lectura.
Si Jorge Macri deseara diferenciarse de la gestión de Larreta, debería abandonar su pretensión de que la Legislatura le delegue facultades para poder disponer excepciones. Las excepciones son el símbolo máximo de la desplanificación y de la especulación inmobiliaria.
