Este martes, la sesión especial solicitada por la oposición para tratar la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y rechazar el decreto presidencial 486/24 sobre canje de deuda externa fue suspendida a último momento. La decisión, que sorprendió al ámbito legislativo, se produjo minutos antes de su inicio formal, cuando los diputados opositores pidieron postergar el debate para el próximo jueves 21 de noviembre. Este aplazamiento se produjo en simultáneo con la convocatoria del oficialismo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el Presupuesto 2025, lo que implicó un cambio de rumbo.
La presión de LLA y el rol de los gobernadores
La postergación de la sesión se interpretó como un éxito para el oficialismo, que, a lo largo de la mañana, intensificó la presión sobre los gobernadores para desactivar la convocatoria. Esta estrategia logró que varios diputados nacionales que responden directamente a los mandatarios provinciales, decidieran no bajar al recinto. Entre los ausentes se destacaron los que representan a los gobernadores de Entre Ríos, Chubut y San Juan, cuyo apoyo era esencial para alcanzar el quórum necesario (129).
Según fuentes parlamentarias, el Poder Ejecutivo estableció contacto con varios gobernadores claves, como el catamarqueño Raúl Jalil, quien tiene bajo su ala a cuatro diputados en la bancada de Unión por la Patria. Este movimiento también incluyó a los representantes de otras provincias que, por pedido de sus respectivos mandatarios, se sumaron a las ausencias. “El Gobierno ha tomado una decisión que nos coloca en una situación delicada”, expresó un diputado opositor.
La oposición, entre la espada y la pared
En la antesala de la sesión, los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que colaboraron con UP en la convocatoria, mostraban optimismo respecto a la obtención del quórum. Sin embargo, en las horas previas a la sesión se produjo un cambio drástico en el panorama. La estrategia de la Casa Rosada incluyó el uso del Presupuesto 2025 como herramienta de negociación. El mensaje a los gobernadores fue claro: la falta de cooperación en la desactivación de la sesión implicaría el riesgo de perder partidas presupuestarias y la posibilidad de influir en las modificaciones al proyecto de ley.
Este tipo de medidas reavivó el debate sobre el uso de los recursos legislativos y ejecutivos como instrumentos de presión política. Desde UP, el jefe del bloque Germán Martínez intentó suavizar la situación al señalar que el cambio en la agenda se debía a la importancia de asegurar un presupuesto para el próximo año. “Veremos si el Gobierno tiene la voluntad de contar con una ley de presupuesto”, expresó Martínez en un comunicado.
Las bancadas presentes y las ausencias estratégicas
A lo largo del día, la ausencia de ciertos diputados se tornó determinante. Los cinco integrantes del Frente de Izquierda, junto con doce de Democracia para Siempre y trece de Encuentro Federal, fueron los únicos bloques aparte del kirchnerismo que confirmaron su presencia. Por otro lado, la negativa de asistencia por parte de LLA, el Pro, la UCR y otros bloques menores debilitó a la oposición.
En tanto, UP necesitaba la presencia de los 99 diputados para asegurar el quórum, pero la confirmación de al menos nueve ausencias lo imposibilitó. Entre ellas, las ausencias de los representantes catamarqueños y santiagueños fueron particularmente relevantes, al igual que otros, como la neuquina Tanya Bertoldi y los mendocinos Liliana Paponet y Adolfo Bermejo. Una de las diputadas chubutenses, Eugenia Alianiello, también se ausentó, después de haberse involucrado en actividades políticas ligadas a la campaña de Ricardo Quintela en la conducción del PJ.
Las repercusiones, tras la caída de la sesión
El resultado dejó en claro la estrategia del oficialismo para utilizar sus herramientas políticas y frenar los intentos de avance de la oposición en temas claves. Las reacciones no se hicieron esperar, y varios legisladores nacionales de la oposición manifestaron su descontento, señalando la táctica como una forma de “chantaje” político. Cabe destacar que el temor de perder la posibilidad de realizarle modificaciones al Presupuesto y los fondos extras para las provincias fueron factores determinantes en la postura de los gobernadores.
La sesión del próximo jueves 21 será vista como un test de fuerza para medir hasta qué punto el oficialismo está dispuesto a negociar y si la oposición logra revertir la situación. Por otro lado, el trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que había estado suspendido, se reanudará este jueves y el Gobierno intentará apurar el dictamen para avanzar con su propia agenda y continuar presionando a los diputados opositores que responden a los mandatarios provinciales: un as bajo la manga que viene siendo utilizado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su mandato.
