El pasado 1 de febrero, el Defensor General de la Ciudad, Mario Jaime Kestelboim, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2008 que permitió el aumento en el impuesto por Alumbrado, Barrido y Limpieza.
Según expresó la Defensoría General del Ministerio Público porteño en un comunicado de prensa "la Ley 2569 publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2007, introdujo modificaciones tendientes a actualizar los valores de las alícuotas del tributo de ABL, cuyo impacto ya se ha hecho efectivo en las contribuciones del mes de enero; dicha ley excede los límites fijados por el Código Fiscal, la normativa tarifaria local y la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Los argumentos expresados en la presentación judicial sostienen que la norma presentaría "varios defectos".
Entre los puntos en que se sostiene el pedido de impugnación de la medida se encuentran: la forma de medición del ABL ya que "se pierden de vista las características específicas de cada inmueble, su localización y mejoras puntuales" aplicándose "coeficientes zonales de carácter abarcativo"; se produce una equiparación de la valuación de los terrenos a la valuación de las construcciones, algo "incompatible con la Constitución Nacional y local ya que implica "variar sustancialmente la base de medición del tributo"; y la arbitrariedad relativa a la determinación de zonas geográficas, para la cual se utilizó la establecida en la Ley de Comunas, siendo dicha norma una "delimitación de carácter político administrativo, irrelevante e irrazonable desde el punto de vista de la valuación económica de los objetos gravados".
