La Cámara de Diputados declaró el rechazo al decreto de Javier Milei que limitó el acceso a la información pública y le exigió al Poder Ejecutivo Nacional su derogación. Karina Banfi fue quien llevó el tema al recinto a través de un apartamiento de reglamento que fue acompañado con el voto de 167 legisladores.
“Vamos a esperar la resolución judicial porque no tengo dudas que va a declarar la inconstitucionalidad de este decreto”, sostuvo la dirigente radical.
La iniciativa de Banfi fue votada a favor por todos los bloques, excepto por La Libertad Avanza e Independencia, el espacio de los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo. Además, hubo una abstención de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.
“Con la fuerza de tres cuartos de la Cámara, lo que hicimos fue decirle al Ejecutivo Nacional que tiene la posibilidad de derogar ahora el decreto 780 porque, eventualmente, la Justicia lo va a declarar inconstitucional”, explicó a este medio la legisladora radical.
El decreto 780/2024 fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de septiembre y, desde entonces, acumula cuestionamientos. La norma modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y redefinió el concepto mismo de “información pública”. Además, incorporó nuevos requisitos para solicitar datos al Estado y estableció que las autoridades no están obligadas a responder solicitudes con la “esfera típicamente doméstica de los funcionarios”, entre otros cambios.
La ley de acceso a la información es para que los funcionarios sepan qué hacer cuando se pide información. Es este Congreso quien debe regularlo ya que es un derecho humano. Será el Gobierno quien debe medir entonces la gravedad que impone cuando viola la libre expresión. pic.twitter.com/Xw7QJP4kYZ
— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) November 27, 2024
Poco después de su publicación, Aerolíneas Argentinas rechazó una solicitud de acceso a la información pública presentada desde el diario Perfil para conocer cómo fue la distribución del dinero destinado a publicidad y propaganda por parte de la compañía estatal en la primera etapa de gobierno de Milei. Las autoridades de la empresa se respaldaron, justamente, en el nuevo decreto. Con el acompañamiento y patrocinio de la clínica jurídica y gratuita de Poder Ciudadano, el caso llegó a la Justicia.
El coordinador del servicio jurídico de Poder Ciudadano, Germán Emanuele, contó cuál es el estado de la causa: “Está para que se dicte sentencia en primera instancia. Ya pasó a la fiscalía para que haga su dictamen y después debe expedirse la jueza. Ojalá sea antes de la feria, pero los tiempos de la Justicia son erráticos”, contó.
Banfi, que es la impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública, sostuvo que con la sentencia judicial —siempre y cuando el Ejecutivo no decida derogar antes el decreto— volverá a la carga en la Cámara baja: “Ahora no se podía derogar porque es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional reglamentar la ley. El problema es que con el 780 no se reglamentó nada, sino que se legisló. Pero eso no lo podemos decir nosotros, sino que lo debe decir la Justicia”, explicó.