El gobierno nacional insistiría con la eliminación de las PASO, pero con resistencia en varias bancadas de la oposición. Funcionarios de primera línea del Gobierno que estudian el tema informaron que la fecha límite para cumplir con los deseos de Javier Milei apunta a finales de abril de 2025.
“Hasta el inicio de mayo próximo, como máximo, se puede. Después, será tarde”, reconocieron a Infobae. De hecho, ni siquiera los tiempos de las potenciales sesiones extraordinarias dan para acelerar tan rápido con un proyecto que, en principio, forma parte de un combo de iniciativas electorales. A lo sumo, con suerte y viento a favor, avanzaría en Diputados.
A priori, en las cuentas que hacen los bloques -no así en la Casa Rosada-, sólo restarían dos semanas de eventual trabajo real y óptimo, entre el lunes 9 y el viernes 20. Entre el 23 y 27 aparece la Navidad, junto a lo tortuoso que significaría para muchos legisladores trasladarse al Congreso de forma exprés.
En medio de todo esto aparece otro problema. En ambas Cámaras, el clima es de tensión no sólo por lo político, sino organizativo: todos los despachos aún no tienen una agenda certera. Tampoco, si el Gobierno se animará a extender el período extraordinario, sólo para importunar a las bancadas opositoras. De allí la furia que amortiguan Victoria Villarruel, en el Senado; y Martín Menem, en Diputados. El riojano fue reelecto días atrás, un punto trascendental para el Gobierno en cuanto a la cercanía y afecto de su entorno con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.
Una cuestión más se suma a este embrollo: la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP). ¿Será por ello también que el Gobierno necesita desactivar las PASO? El tiempo es oro ante un cambio mayúsculo e histórico en la forma de votar y el Ejecutivo debe incentivar un frondoso programa de capacitación, en todo sentido, para que unas elecciones sin inconvenientes ni manchas. Dos meses después, serán las generales legislativas. El oficialismo reitera siempre las palabras de Milei en relación con haber respetado los contratos desde el inicio de la gestión; en este caso, será con la sociedad.
La ley sancionada este año apunta a un modelo de BUP similar al mendocino -como adelantó Infobae en su momento-, que se inspiró en el de Córdoba. Ambos distritos efectuaron varios comicios sin problemas y utilizan una sola papeleta para todo. La diferencia entre una y otra es que, según lo consensuado entre dialoguistas y el oficialismo en el Senado, el de la provincia cuyana presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales.
Además, la BUP no tendrá la posibilidad, a contramano de lo que ocurre en Córdoba y Mendoza, del casillero para votar lista completa en las generales, cuestión que la norma vigente no tiene para las PASO. Un pedido de la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y de los dos misioneros renovadores -no massistas-, que fueron claves junto a otros legisladores dialoguistas para blindar el texto, que volvió modificado a la Cámara baja y fue sancionado.
El principal temor en el Senado es que, con este delicado panorama, el kirchnerismo y un sector de la oposición dialoguista retomen la idea de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para renegociar deuda, aún en discusión en cuanto a si olvida o no un artículo fundamental de la ley de administración financiera.
Si bien el Gobierno expondrá sus argumentos, la realidad es que nada impide que los DNU sean tratados en el recinto. Esto es motivo de debate en el Congreso y en la Casa Rosada, cuyo discurso será que el temario es potestad única y plena del Ejecutivo. Eso es cierto para dicha instancia, siempre y cuando se mencionen proyectos de ley.
Más allá de esto, la necesidad y urgencia quedan siempre bajo la lupa del Congreso, sin importar los períodos ordinario y extraordinario e, incluso, el receso legislativo. De hecho, la comisión bicameral de Trámite Legislativo tiene libertad total para reunirse en cualquier momento para estudiar un DNU. Entonces, sería más que contradictorio que se puedan dictaminar dichas normas y queden bloqueadas para los recintos, salvo el aval del Gobierno. Por supuesto, aparecerán las usuales dos bibliotecas para dirimir esta compulsa.
