Los exámenes de idoneidad para empleados públicos comenzaron este lunes nueve de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y abarcan a distintos sectores. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada el jueves diez de octubre último.
El recurso se utilizará -según las autoridades- para evaluar las competencias de los trabajadores en los puestos de servicios generales, administrativos y profesionales, aunque no hayan reconocido que conllevan la amenaza de que aquellos que no aprueben se arriesgan a que no les sean renovados sus contratos futuros. Esta iniciativa está vinculada a la Ley Bases y al Decreto Reglamentario del Empleado Público, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El proceso se realiza de manera anónima, mediante el uso de un alias, para garantizar la transparencia, por lo que la identidad se revelará una vez que se conozcan los resultados.
Diego de Petris, delegado de la Unión Del Personal Civil De la Nación (UPCN), trabaja desde hace 10 años en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología (ex Ministerio de Ciencia y Tecnología). Él no tiene que rendir el examen, ya que es parte de la planta permanente. Sin embargo, muchos de sus compañeros sí están obligados a hacerlo. Para él no tiene sentido someter a prueba a trabajadores que llevan años desempeñando sus tareas con normalidad. “El examen no refleja el rol que cumplen. Quieren alterar el clima de trabajo y generar miedo entre los compañeros”, remarcó.
Poner en duda la capacidad de los trabajadores mediante una amenaza a quedarse sin trabajo enfrenta diferentes criterios. ¿Son los exámenes de idoneidad una herramienta de profesionalización o una amenaza a la estabilidad laboral? El gobierno sostiene que el objetivo es adecuar el desempeño de los empleados en sus puestos de trabajo, pero muchos perciben la medida como una amenaza a su seguridad laboral.
Existen variables que ningún examen teórico podría evaluar. Como reflexiona De Petris en su testimonio, “hubo solidaridad entre los compañeros, pero no sé si el tiempo fue justo para todos los factores determinantes”. Si bien la idoneidad es necesaria, hay matices que no siempre pueden ser medidos de manera uniforme, especialmente cuando se considera la diversidad de capacidades dentro de los diferentes sectores evaluados.
Clarisa Mendiburu trabaja en la Agencia Nacional de Promoción Científica desde hace 12 años. Es licenciada en relaciones públicas y traductora pública en inglés. Este viernes 13 rinde el examen profesional de idoneidad, sin haber participado en el simulacro previo.
A pesar de haber accedido a los contenidos y a toda la información del sistema de evaluación pública, Clarisa alberga dudas sobre los objetivos de estos exámenes. “Lo que buscan es generar una connotación negativa hacia los empleados estatales y ni siquiera hay información oficial sobre las consecuencias laborales de no aprobar. Todo es muy informal”, enfatizó.
La licenciada también destacó la importancia de que los superiores de cada área reconozcan esta idoneidad de la que se habla: “No hay mejor persona que un superior que trabaja diariamente con vos para saber si alguien es idóneo o no”. Confiesa que los nuevos superiores no se vinculan con los empleados y que no saben realmente cómo trabajan. “Ellos deberían ser los primeros en saber si somos aptos para el trabajo o no”, afirmó.
Diego de Petris interrumpe y reclama que “el trabajador público está capacitado. No va a haber una foto donde diga que tanta cantidad de empleados públicos no sabe ni sumar ni restar. No va a suceder”.
Qué contenidos se toman en el examen
La evaluación mencionada consta de tres tipos de exámenes: servicio general, administrativos y profesionales. Todos tienen en común el eje uno, que abarca la comprensión de textos de lectura y el eje dos, que evaluará matemática y lógica.
Los profesionales, además, tienen un tercer eje, que es la normativa, donde entran temas como la constitución, el código electoral, la ley de administración financiera, entre otros. Cada empleado tendrá tres posibilidades en el mes de diciembre. No se calificará con numeración, y es necesario el 60% de respuestas correctas para aprobar. Tendrán una hora para rendir el examen.
Las preguntas están formuladas en opción múltiple y fueron diseñadas por expertos de distintas áreas. Por ejemplo, se incluyen ejercicios prácticos como análisis de probabilidades, interpretación de gráficos y conocimientos específicos del derecho cívico y normativas públicas. Se estima un ritmo de dos mil evaluaciones por día. El resultado del examen no garantizará la renovación automática del contrato, ya que esto dependerá también de otros parámetros evaluativos.
Las personas con discapacidad han sido excluidas en esta primera etapa, por limitaciones en los sistemas utilizados. Además, no rendirán examen los empleados públicos nacionales del interior del país.
La idoneidad del individuo en su empleo no solo se mide con exámenes. El gobierno defiende a capa y motosierra la medida, planteada como un paso hacia la competencia, mientras que los trabajadores públicos la perciben como un desafío nublado de incertidumbre. La clave, quizás, está en encontrar el equilibrio entre la responsabilidad de los superiores y, ciertamente, en respetar la experiencia de los empleados públicos.