La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, le solicitó este martes a la Justicia de Paraguay la extradición del exsenador Edgardo Kueider con fines de tomar declaración indagatoria, en el marco de la investigación que comenzó por el traslado de más de 200 mil dólares sin declarar.
La magistrada cursó el exhorto a través de la Cancillería argentina y también pidió una serie de medidas de prueba a sus pares paraguayos, como el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos que ambos llevaban cuando intentaron cruzar a Paraguay con 211.000 dólares sin declarar.
En el texto presentando a la Justicia del país limítrofe, la magistrada requirió que se allane el departamento de la ciudad de Asunción donde cumplen arresto domiciliario y se envíe a la Argentina todo elemento que pueda resultar de interés, en particular dispositivos electrónicos, como celulares, pendrives o discos externos.
En la causa que lleva Arroyo Salgado se investiga si el exsenador del PJ entrerriano -que luego se alineó con las filas de Javier Milei- es propietario de tres departamentos en una torre en la ciudad entrerriana de Concordia, que están a nombre de una sociedad “Betuil” que le pertenece y que no podría justificar con sus ingresos en la función pública.
En la causa ya ingresó documentación que da cuenta que Kueider es accionista y director de Betail SA, la sociedad propietaria de los tres departamentos y que las expensas las pagaba Guinsel Costa.
Kueider ya no tiene fueros parlamentarios, tras su expulsión del Senado de la Nación, y por ello puede ser detenido en Argentina, más allá de que presentó una acción de amparo para que se revierta esta situación, que por el momento está sin resolver en el fuero contencioso administrativo federal de la ciudad de Buenos Aires.
La investigación contra Kueider y su secretaria se unificó con otra causa, que lleva adelante el juzgado federal de San Isidro y la fiscalía de ese distrito a cargo de Fernando Domínguez, por pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a ex funcionarios entrerrianos vinculados a la empresa provincial de energía ENERSA para adjudicarse contratos.