El miércoles, las bancadas de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT) de la Cámara de Diputados decidieron aunar esfuerzos para avanzar en la declaración de nulidad de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La normativa – ahora – enfrenta serias acusaciones de haberse aprobado mediante mecanismos de corrupción.
Los diputados de ambos bloques se reunieron para analizar estrategias y coordinar acciones legislativas en función de los hechos que salieron a la luz con la detención del exsenador Edgardo Kueider. En la reunión participaron figuras como Germán Martínez y Santiago Cafiero por UP, y Myriam Bregman junto a Nicolás del Caño por el FIT. En tanto, Cafiero presentó un proyecto para crear una comisión investigadora sobre los procedimientos de aprobación de la ley, mientras que el FIT propuso una iniciativa para declarar su nulidad absoluta.
Hoy, diputados y diputadas del Frente de Izquierda nos reunimos con el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, y el diputado Santiago Cafiero, autor del proyecto de Comisión Investigadora, para intercambiar sobre nuestro proyecto de nulidad de la ley Bases y demás…
— Myriam Bregman (@myriambregman) December 18, 2024
El caso Kueider y las acusaciones de corrupción
La detención de Kueider en Paraguay con una suma de 200 mil dólares no declarados desató una serie de denuncias que vinculan su accionar con la aprobación de la Ley Bases. La norma, que incluye más de 230 artículos y abarca reformas en áreas como empleo, energía y modernización laboral, habría sido aprobada mediante el voto de la entonces vicepresidenta Victoria Villarruel tras un empate en el Senado.
Desde el FIT, Del Caño y Bregman señalaron que esta ley representa un “ataque a los trabajadores y sectores populares”. Según los legisladores nacionales, el caso Kueider evidencia un esquema de corrupción que incluyó coimas y sobornos para garantizar los votos necesarios. “La Ley Kueider tiene que declararse nula. Es una ley corrupta que entrega el país a las multinacionales”, expresó Del Caño. Por su parte, Bregman reafirmó que “nuestro rol no es solo denunciar, sino movilizar y organizar”.
Las iniciativas en el Congreso
El FIT fue el primer bloque en presentar un proyecto de nulidad el 12 de diciembre, mediante un documento que declara la “nulidad absoluta e insanable” de la Ley Bases y su correlativa Ley Fiscal. En los fundamentos, se menciona que ambas normativas estuvieron “viciadas de origen” y se destacan las irregularidades durante su tratamiento en comisiones y el pleno del Congreso.
En paralelo, Cafiero impulsó la creación de una comisión investigadora compuesta por diputados de diferentes bloques para esclarecer posibles actos de corrupción relacionados con la aprobación de la ley. Según el proyecto, la comisión deberá investigar “coimas, sobornos y pagos irregulares” que pudieron influir en las decisiones legislativas, y emitir un informe final en el plazo de seis meses. “Sobran indicios para sospechar de sobornos, pero es necesario construir las pruebas que permitan hacer caer esta ley”, declararon fuentes de UP.
Los argumentos detrás de la nulidad
Los principales puntos de crítica a la Ley Bases radican en su tratamiento y aprobación, que, según sus detractores, estuvo marcada por presuntas irregularidades. Desde el FIT se destacó que la norma habría sido aprobada gracias al apoyo de senadores como Kueider, Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y Carlos Espínola (Corrientes), quienes previamente habían mostrado posturas contrarias al oficialismo. Los compromisos asumidos por estos legisladores para cambiar su voto son ahora objeto de escrutinio.
Por su parte, la diputada Blanca Osuna (UP) fue designada para redactar el proyecto de nulidad. La legisladora argumentó que la normativa no solo afecta a los trabajadores y sectores populares, sino que también viola principios de transparencia y democracia.
La movilización popular como estrategia
Desde el FIT subrayaron la importancia de acompañar las iniciativas parlamentarias con una fuerte movilización popular. “Esta bandera no se defiende solo en el recinto; hay que llevarla a las calles”, afirmó Christian Castillo, uno de los impulsores del proyecto de nulidad. En el mismo sentido, Bregman remarcó que la lucha contra la corrupción y por la derogación de leyes injustas debe involucrar a toda la ciudadanía.
Aunque el período de sesiones ordinarias del Congreso finalizó, los bloques planean retomar este debate en marzo, cuando se espera una renovada ofensiva para tratar los proyectos presentados. La posibilidad de que LLA y el Pro bloqueen el avance de estas iniciativas también será un punto crucial en las próximas negociaciones.
