La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó este lunes el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa para que el proceso en su contra se lleve adelante estando en libertad. La decisión, en el mismo sentido que había dictaminado el fiscal federal Fernando Domínguez, se basó en “la sospecha razonable de que el imputado podrá obstaculizar la investigación en caso de recuperar su libertad”.
También señaló que el objetivo del pedido de extradición desde Paraguay – que sigue vigente – es su detención a fines de indagarlo en el país y que se someta a derecho, ante el riesgo de una posible fuga en caso de que quede en libre en ese país.
Actualmente Kueider cumple prisión preventiva domiciliaria, junto a su secretaria, por el intento de contrabando de divisas cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en la madrugada del 4 de diciembre. Sin embargo, como la expectativa de pena en Paraguay por ese delito es relativamente baja, al ser en grado de tentativa, y prever entre seis meses y dos años y medio de prisión, la Justicia argentina teme que puedan ser liberados en cualquier momento.
La solicitud del letrado había tenido lugar el jueves pasado, luego de que la jueza presentara un exhorto internacional para la extradición con fines de tomar declaración indagatoria. Kueider había perdido sus fueros como senador el 12 de diciembre tras ser expulsado de la Cámara alta por una amplia mayoría de votos. Ese pedido de extradición con fines de detención sigue vigente, así como el pedido a Interpol de captura nacional e internacional de Kueider y Guinsel Costa.
Pero para la magistrada federal, “si bien se tiene en cuenta que poseería domicilio fijo en Argentina, se observa que la valoración objetiva y provisional de las características particulares del hecho en trato hacen presumir fundadamente que en caso de recuperar la libertad en la República del Paraguay, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”. Y agregó: “El encarcelamiento durante el proceso penal -como toda otra medida coercitiva de carácter procesal- sólo procede para asegurar sus propios fines, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”.
Arroyo Salgado dictó la resolución en la causa en la que la Justicia Federal se investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el escrito, se señala que está imputado de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el período comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.
Y en ese sentido, puso énfasis su condición de ex funcionario público y mencionó como delito precedente del lavado el cohecho, las negociaciones incompatibles con los cargos públicos que ocupó y el tráfico de influencias, incluidos en el requerimiento de instrucción del fiscal.
“Debe ponderarse que la finalidad orquestada incluiría su enriquecimiento personal, por lo que se realza la necesidad de identificar e interrumpir los circuitos por los que transita o circuló el frondoso provecho ilícito, siendo que la detención cautelar constituye un medio idóneo para evitar dicho cometido. El marco penal de la calificación legal aplicable a las conductas atribuidas a Kueider y las penas en expectativa previstas en el art. 303 del Código Penal (lavado de dinero) , claramente no quedaría absorbida por el primer supuesto del artículo 316 del CPPN -parámetro utilizado también análogamente para analizar las excarcelaciones- al tiempo que el mínimo legal previsto no permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional”, advirtió la magistrada en su resolución, en referencia a la pena que tiene ese delito, de 3 a 10 años.
Arroyo Salgado también rechazó que Guinsel Costa, la acompañante de Kuieder cuando fue detenido al ingresar a Paraguay con USD 211.000 sin declarar, quede en libertad. Arroyo Salgado había incluido a Guinsel Costa en su pedido de extradición para poder indagarla en el país. La joven de 34 años – con la que el ex legislador tendría una relación afectiva y había designado este año en su despacho en el Senado con la categoría más alta – está acusada en la Justicia Federal de lavado y asociación ilícita. Los investigadores sospechan que podría haber actuado como testaferro de Kueider.