La exdiputada Elisa Carrió y el actual legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia penal contra la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología) y al menos cinco laboratorios farmacéuticos. La acusación se centra en presuntas prácticas anticompetitivas y un desfalco al PAMI relacionado con la compra de medicamentos oncológicos durante 2023.
Con la acción judicial, quedaron bajo escrutinio la entonces directora del organismo, Luana Volnovich, y los laboratorios Raffo, Bagó, Teva, Sirius, Novartis y Sanofi.
Según las declaraciones de Reyes, pudieron acreditar un millón de dólares de desfalco en solamente ocho medicamentos oncológicos que tomaron de muestra en operaciones de cinco laboratorios, donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más. El legislador denunció lo que calificó como “la mafia de los medicamentos”, asegurando que esta situación es solo “la punta del iceberg”.
El núcleo de la denuncia radica en la diferencia de precios detectada entre los medicamentos adquiridos por el sistema del Convenio Marco y las licitaciones públicas. Durante el 2023, el PAMI desembolsó $273 millones más de lo necesario al pagar precios significativamente superiores por medicamentos esenciales para tratamientos oncológicos. Los ejemplos mencionados incluyen el caso de un medicamento, como el anastrozol, vendido por un laboratorio a $13.192 por unidad bajo el Convenio Marco, mientras que en licitaciones públicas el mismo producto fue adquirido a $924.
Otro caso destacado fue el de bevacizumab, vendido por convenio a $91.121 por unidad en una presentación de 100 mg, mientras que en una licitación pública su precio se redujo a $17.000. Las diferencias se repiten, según la denuncia, con principios activos como docetaxel, ciclofosfamida y enzalutamida.
“Nuestro objetivo es único: poner fin a este saqueo institucionalizado. Por eso también presentamos una denuncia por cartelización ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue a todo el mercado de los medicamentos oncológicos y entendemos que esto se replica con otros medicamentos costosos y más masivos”, detalló Reyes.
En ese sentido, exigió una investigación, transparencia y justicia y agregó: “Le pedimos a todos los involucrados interesados que tienen información que se comprometan con la verdad, que vayan a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para desarmar este entramado de laboratorios cartelizados que hace tantos años le hacen daño a la Argentina y ponen en jaque la salud de cada uno de nosotros”.
Cartelización
Los denunciantes señalan la conformación de un cartel compuesto por casi 40 compañías farmacéuticas -entre los que hay empresas de capitales nacionales y extranjeras-, que en los últimos años habrían jugado un doble y polémico papel en la venta de medicamentos de alto costo al PAMI (por fuera de las que se hacen vía licitación).
Ser, por un lado, parte en esos acuerdos; y, al mismo tiempo, manejar la empresa encargada de controlar y auditar el cumplimiento de esos mismos contratos firmados entre la “industria” y el Estado.
A estas intermediarias las llaman “mandatarias”, en el sector. Son un eslabón más en la compleja cadena de comercialización que va desde el laboratorio fabricante hasta el mostrador de farmacia. Si bien la función de las mandatarias es auditar y ayudar a que se cumplan los acuerdos celebrados entre las partes, no son pocas las voces de este mundillo que hace años señalan, por lo bajo, el problema de que la propia industria maneje estas compañías.
Según la denuncia ante la CNDC, la mandataria, en este caso, es una empresa legalmente constituida, llamada ACE Oncológicos, el nombre que abrevia el mucho más extenso “Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales”, que -apuntan desde la Coalición Cívica (CC)- sería propiedad de por lo menos 38 laboratorios, entre los cuales hay varios de los que más peso tienen en las tres cámaras del sector.