Tras la presentación de la Comunidad Homosexual Argentina, que solicitó ante la Legislatura porteña la creación de un Registro para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, el diputado Jorge Enríquez (UCR), señaló que "éste no es el momento más oportuno para su consideración, debido a que el país está sumergido en una profunda crisis, sin crédito, sin moneda, con una depresión económica y una tasa de desocupación que no registran precedentes en nuestra historia, con el hambre como una realidad tangible y con una frágil institucionalidad. En este contexto hay quienes viven en una torre de marfil y se lanzan a importar productos sofisticados de las naciones nórdicas, en las que la completa satisfacción de las necesidades más elementales impulsa a gastar las energías cívicas en sutilezas poco compatibles con realidades remotas signadas por familias enteras que salen a carnear vacas vivas que encuentran en las rutas".
"Los argentinos necesitamos encontrar nuestros grandes denominadores comunes, postergando los aspectos más particulares de las ideas de cada uno a fin de no fomentar divisiones que hoy serían nefastas", precisó el legislador.
Por otra parte, argumentó que "hay que aclarar que el tema es ajeno al poder legislativo local, toda vez que se procura regular relaciones análogas a las matrimoniales, como surge de los artículos primero y segundo del proyecto. En este caso nos encontramos en el ámbito del derecho de familia, que es propio del Código Civil y sus leyes complementarias. Estos cuerpos normativos integran lo que se denomina el derecho común, que corresponde de manera privativa al Congreso Nacional, en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional".
"Además -sostuvo Enríquez- no se puede legislar sobre esta cuestión sin un amplio y generalizado debate en la sociedad. Hay que advertir que se propicia un cambio de una profundidad tal que importa la modificación de instituciones jurídicas consolidadas a lo largo de siglos. La humanidad siempre entendió al matrimonio como lo que aparece naturalmente: la unión de un hombre y una mujer. Las normas reconocieron un dato de la realidad, no lo crearon. La iniciativa en tratamiento constituye a todas luces un primer paso para alcanzar ese objetivo contra natura".
Para finalizar -argumentó el legislador radical-, "ésto no significa alentar ninguna forma de discriminación basada en la orientación sexual, porque el plan de vida de cada uno está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos. Pero una cosa es respetar una preferencia, un modo de vida, y otra es asignarle determinadas consecuencias jurídicas que fueron elaboradas a lo largo de infinidad de generaciones para otro tipo de relaciones. Además -agregó posteriormente- que como convencional constituyente porteño me opuse a la inclusión, en el artículo 11 de la Constitución local, de la "orientación sexual" como impedimento para establecer discriminaciones, precisamente para evitar interpretaciones antojadizas como las que ahora se ensayan, y no para cercenar el derecho a la privacidad. De ese reconocimiento se pasaría, seguramente, a la posibilidad de adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo".
"En conclusión -dijo finalmente Enríquez- el proyecto es inoportuno, inconstitucional, inconveniente y ajeno por completo a nuestra tradición jurídica, a nuestra conformación cultural e histórica y a los sentimientos y valores de la gran mayoría de la población, a la que se sorprende con creaciones de laboratorio sobre las que nadie la consulta, por lo cual no resulta arriesgado afirmar que en la Argentina actual la enorme mayoría de la gente no admitiría el carácter matrimonial de una unión homosexual".
