La asociación, que representa a los jueces federales, presentó un escrito en la Corte en el que solicita la revocación de lo decidido en 16 casos, que obligan a interponer los recursos contra los fallos de Cámara ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, y no ante la propia Corte.
Entre esas causas se cuenta no solo el precedente del caso Levinas, que dio origen a este conflicto, sino la causa del Correo Argentino, donde la familia Macri pidió apartar a la jueza y a la fiscal que dispusieron la quiebra de la empresa ante una deuda millonaria que les reclama el Estado Nacional. Ahora esa causa la resolverá el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde tres de sus cinco miembros tienen vínculos con Pro.
A este pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios –firmado por el presidente el camarista federal Andrés Basso– le seguirán otros que están elaborando las Cámaras en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien lidera a los fiscales, ha solicitado a la Corte que postergue el fallo, argumentando que los fiscales nacionales no tienen la posibilidad de litigar en la justicia porteña, ya que considera que esto sería ilegal. En un comunicado enviado a Rosatti, Casal menciona que el fallo Levinas, que exige que todas las resoluciones de la justicia nacional sean analizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, le impedirá “ejercer sus funciones legales y constitucionales en los procesos”.
Basso afirmó que la AMFJN está habilitada para representar a sus miembros en la protección de sus intereses legítimos, tal como lo establece su estatuto. De hecho, ya se ha reconocido esta legitimación por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ocasiones anteriores.
Ahora argumentó que, con el fallo Levinas, la Corte ha alterado su propia jurisdicción sin la autoridad para hacerlo, violando la Constitución Nacional. Subrayó que el Poder Judicial de la Ciudad no tiene competencia sobre la justicia nacional. Además, indicó que el fallo estableció al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como “tribunal intermedio local” para revisar las sentencias de jueces nacionales, lo cual resulta inapropiado sin una ley que lo respalde.
Aunque los tribunales nacionales son temporales, esta característica “no puede utilizarse para someter sus decisiones a un tribunal local”. El magistrado afirmó que los jueces nacionales comparten el mismo origen constitucional que los jueces federales, y no pueden ser equiparados con los jueces de la Ciudad. Basso enfatizó que la resolución de la Corte incide en “el derecho de defensa del Estado Nacional y de los particulares” al imponer una instancia no contemplada en la normativa vigente.
El juez mencionó que el caso “Levinas” obliga a las cámaras nacionales a adherirse a un régimen procesal que ya ha sido declarado inconstitucional en un expediente que se tramita en la justicia contencioso-administrativa federal. “Hay diversas demandas pendientes” indicó el juez, y recordó que se ha dictado una medida cautelar que suspende su aplicación. Además, subrayó que esto también impacta a fiscales y defensores oficiales.