En el marco de las acciones que el Gobierno ha implementado en relación con los pueblos originarios, se anunció la cancelación del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Este programa proporcionaba subsidios destinados a facilitar el “acceso a la justicia” para las Comunidades que enfrentaban disputas territoriales.
Desde el Ejecutivo afirmaron que es fundamental “anular ciertos programas que se implementan en el ámbito de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no se alinean con los estándares de eficiencia que el sector público necesita en este contexto”, como es el caso del programa mencionado.
La decisión fue resuelta por el titular del INAI y formalizada a través de la Resolución 8/2025, la cual responde a una política de revisión y optimización de recursos estatales, medida respaldada por el decreto 70/2023 de emergencia pública en materia económica.
El Programa de Fortalecimiento Comunitario tenía como objetivo el “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”.
Sin embargo, según informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación, el programa presentaba “deficiencia y desvíos”, incluyendo falta de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”. Al mismo tiempo, aseguran que no se han cumplido con los objetivos planeados.
En este sentido, el artículo primero resuelve: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI.”