Este miércoles, en el debate en torno al proyecto de Ficha Limpia, una propuesta que pretende prohibir que individuos condenados por determinados delitos accedan a cargos públicos, ha dado lugar a un intenso enfrentamiento entre los principales bloques políticos en Argentina. La iniciativa, promovida por el oficialismo y apoyada por el Pro, ha generado opiniones encontradas en el Congreso, al punto que la reunión de la comisión concluyó con seis dictámenes distintos que evidencian las diversas posturas sobre los límites y alcances de la propuesta.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA), que representa al Gobierno y es el creador del proyecto, mantuvo una actitud reservada durante gran parte de la discusión. En contraste, la diputada Silvia Lospennato, del Pro, asumió el papel de portavoz, defendiendo la constitucionalidad de la propuesta y subrayando que su origen se basa en normativas provinciales ya en vigor en regiones como Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba. Según Lospennato, estas provincias han progresado más rápidamente que el ámbito nacional en la implementación de medidas análogas.
El debate en el Congreso dejó como resultado seis dictámenes diferentes. El primero, respaldado por el oficialismo y el Pro, incluye una cláusula que limita la aplicación de la inhabilitación a sentencias dictadas en el año previo a las elecciones, un punto que ha generado controversia. Esta cláusula ha sido rechazada por sectores de la oposición, como la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR), que firmaron en disidencia.
Otros dos dictámenes, presentados por el bloque Democracia para Siempre, propone extender la inhabilitación a todos los delitos con penas de al menos tres años, no solo a los relacionados con corrupción. Este dictamen establece que la inhabilitación se aplicará tras una sentencia única, pero caducará a los dos años si no se confirma en una segunda instancia. Además, elimina la cláusula que condiciona la inhabilitación a años no electorales.
Por su parte, el dictamen de Encuentro Federal es similar al de Democracia para Siempre, pero amplía los delitos considerados e incluye a los directores de empresas públicas entre los posibles inhabilitados. Según reportó el medio, estas propuestas reflejan un intento de encontrar un punto medio entre las posturas más extremas del oficialismo y la oposición.
📑| ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA#Ahora: Inició el plenario de comisiones para discutir la incorporación de la figura de "Ficha Limpia" a la Ley 23298, orgánica de los partidos políticos.
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Debate tensionado
El intercambio estuvo lleno de acusaciones mutuas. Desde el kirchnerismo, el legislador Rodolfo Tailhade señaló al oficialismo y al Pro de emplear la iniciativa de Ficha Limpia como un medio para marginar a Cristina Kirchner de la competencia electoral. “Temen que obtenga la victoria”, sostuvo. Estas afirmaciones evidencian la carga política que acompaña al proyecto y las fricciones entre los principales grupos.
Mientras tanto, los grupos intermedios han buscado posicionarse con propuestas alternativas que intentan equilibrar las exigencias de transparencia con las garantías procesales. No obstante, el aspecto más polémico sigue siendo la cláusula de temporalidad, que condiciona la aplicación de la inhabilitación a las sentencias emitidas en el año anterior a las elecciones. Este artículo será fundamental para determinar si el proyecto consigue avanzar con el apoyo requerido.
Aunque todo parece indicar que el proyecto de Ficha Limpia podría recibir media sanción, su aprobación definitiva dependerá de las negociaciones sobre los puntos más controvertidos. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) deberá decidir si renuncia a la eliminación de la cláusula de temporalidad para asegurar el respaldo necesario. Como mencionó en su momento el dirigente Miguel Ángel Pichetto, “al recinto se va a ganar”, una afirmación que resuena en el contexto actual del debate.
En este contexto, el proyecto de Ficha Limpia emerge como un espejo de las tensiones políticas y las divisiones ideológicas presentes en el Congreso argentino. Mientras ciertos grupos lo consideran un avance esencial hacia la transparencia, otros lo interpretan como un instrumento de exclusión política. El resultado de esta discusión será fundamental para determinar el alcance y la ejecución de esta polémica propuesta.