Después de los devastadores incendios en los bosques patagónicos de Chubut y Río Negro, el gobierno de Javier Milei ha declarado oficialmente a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista, al incluirla en el registro público que agrupa a individuos y grupos señalados por este tipo de actividades ilegales.
La resolución se anuncia poco después de que el dirigente de la RAM, Facundo Jones Huala, hiciera una declaración controvertida que generó un amplio rechazo, así como también denuncias legales: “Reivindico los actos de sabotaje y los ataques incendiarios contra la infraestructura del sistema capitalista, de las multinacionales y de los terratenientes”.
En una decisión emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada en el Boletín Oficial, se determinó, a través de cuatro artículos, “declarar que se cumplen los requisitos para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”.
Asimismo, se acordó involucrar a la Cancillería para que se manifieste sobre la conformidad con la normativa actual, dado que la información y los datos serán compartidos por Argentina con otros gobiernos.
En dicho registro se incluyen grupos de terrorismo islámico como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda, el Talibán, la Jihad Islámica y ISIS, así como también los nombres de todos los imputados por el ataque a la AMIA que cuentan con órdenes de captura internacional.
El RePET, que opera bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, tiene como propósito facilitar el acceso y el intercambio de información sobre individuos y organizaciones vinculadas a actos de terrorismo o su financiamiento, fomentando la colaboración tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los principios de la resolución publicada en el Boletín Oficial se menciona que, desde hace más de diez años, la RAM ha llevado a cabo diversas acciones violentas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur de Argentina. Entre los eventos más significativos se encuentran incendios deliberados que han arrasado bosques milenarios, ataques a viviendas, comercios y vehículos, así como agresiones directas a personas.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional, estos actos han sido reivindicados abiertamente por líderes de la organización, como Jones Huala, quien recientemente reconoció el uso del fuego como una herramienta de presión.
RAM: ORGANIZACIÓN TERRORISTA
La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue inscripta en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Este grupo pseudomapuche atacó nuestra soberanía, prendiendo fuego nuestros bosques y… pic.twitter.com/RSAPC8sWqi
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 14, 2025
En la resolución también se menciona que la RAM trabaja en conjunto con otras organizaciones que, a pesar de tener diferentes denominaciones, persiguen los mismos fines y responden a una estructura común. Estas acciones, según el informe, buscan “sembrar el terror y presionar a las autoridades”, cumpliendo con los criterios establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina, que aumenta las penas para delitos cometidos con fines terroristas.
La decisión de incluir a la RAM en el RePET se fundamenta, según se detalla en la resolución, en compromisos adquiridos por Argentina en varios tratados internacionales. Entre estos, se encuentra la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que instan a los países a establecer marcos legales y administrativos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento. Además, el país ha adoptado resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1373 (2001), que exige a los Estados congelar los activos financieros de personas y entidades relacionadas con el terrorismo.
En los fundamentos se subrayó que la derogación del decreto que declaraba la emergencia en tierras indígenas -y que habilitó los desalojos- “ha contribuido al aumento de los conflictos en la región”. Esta legislación, que durante 18 años impidió los desalojos de tierras usurpadas, dejó un vacío legal que, según el Ministerio de Seguridad, ha sido explotado por la RAM para intensificar sus operaciones.
Según el Gobierno, desde entonces, los incendios en los bosques del sur argentino han aumentado considerablemente, y en varios casos se ha demostrado que fueron provocados de manera intencionada.