El Gobierno nacional avanzó en el desguace de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), oficializando su transformación en Carboeléctrica Río Turbio SA, mediante el Decreto 115/2025. Bajo el eufemismo de la “modernización”, esta maniobra abrió las puertas al capital privado, permitiendo que intereses privados, ajenos a la comunidad y a los trabajadores, se posicionen en la empresa que históricamente sostuvo la economía de la región.
Aunque el Estado retendría el 95% de las acciones, adjudicadas a la Secretaría de Energía, mientras que el 5% pertenecería a la Secretaría de Minería, la letra chica del decreto no garantiza el control real sobre el destino del yacimiento. La promesa de “flexibilidad y mejores prácticas del mercado financiero” no es más que el preludio de la privatización encubierta de un recurso estratégico, modificando el status de la empresa y dejando a los trabajadores y a la comunidad de Río Turbio ante un futuro incierto.
El camino hacia la privatización
Esta decisión se enmarca en una serie de reformas estructurales que se vienen implementando en diversas empresas estatales. Un caso reciente y similar fue el intento de transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima, ordenado bajo los términos del Decreto 116/2025. Sin embargo, la iniciativa quedó suspendida por orden judicial, dictada el pasado 25 de febrero por el juez federal Alejo Ramos Padilla. En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que, “si bien es cierto que el mismo no declara al banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en sociedad anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados”.
Pablo Grasso: “Decisión que complica a los santacruceños”
La conversión del yacimiento santacruceño, por su parte, ha generado diversas reacciones en la provincia de Santa Cruz. Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, no dudó en denunciarlo. “Otra decisión que complica a los santacruceños, pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y la puesta en marcha de la megausina y la posibilidad de industrializar nuestra provincia”, publicó desde su cuenta en la red social “X”.
El cambio no es menor: la provincia podría estar entregando recursos estratégicos sin un plan claro de administración a largo plazo. Se abre la puerta a la privatización y a la pérdida del control estatal sobre una empresa clave para el desarrollo regional. Es otra muestra de la política de ajuste que se impone sin contemplaciones. Los santacruceños de la región se preguntan si éste es un paso más hacia la entrega del patrimonio nacional.
Mientras tanto, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, aseguró que la transformación no implica un cierre ni un vaciamiento de la empresa. Destacó que el Estado continuará manteniendo los sueldos hasta que se logre ordenar el plan productivo y garantizar la sostenibilidad de la compañía.
Bajo su nuevo nombre, Carboeléctrica Río Turbio S.A., la empresa pasaría a estar controlada en un 95% por la Secretaría de Energía y en un 5% por la Secretaría de Minería, ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía. En los papeles, el Estado mantiene la mayoría accionaria, pero en la práctica, este tipo de cambios abren la puerta y a la entrada de capitales privados, a la flexibilización laboral y, en el peor de los casos, a una liquidación progresiva del yacimiento, lo que ya ocurrió en instancias del pasado.
El decreto que habilita esta conversión es interpretado como el primer paso hacia un posible cambio en la estructura de propiedad del yacimiento. Los gremios y trabajadores del sector manifiestan su preocupación ante el impacto que esto podría tener en sus condiciones laborales y en la estabilidad del empleo. Luego de sus dichos por redes, Pablo Grasso habló en exclusiva con Noticias Urbanas y fue categórico al respecto. “Es una locura que el interventor y el gobernador estén festejando esta medida. Con este cambio, los trabajadores dejan de ser empleados del Estado y pierden sus derechos colectivos. A partir de ahora, un simple telegrama los puede dejar en la calle”.
Según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Los 2.100 trabajadores del yacimiento carbonífero poseen un régimen de trabajo que será modificado por una resolución tomada a 2.769 kilómetros de distancia, que equivalen a un viaje de 34 horas por tierra. Hasta agosto de 2024, YCRT registraba un déficit operativo superior a los $60 mil millones, con un presupuesto anual de $65 mil millones.
Otro punto de conflicto es el futuro del manejo energético. Grasso advirtió que, con esta transformación, la explotación de energía pasará a manos privadas y el carbón será administrado por una sociedad anónima. Esto, según el intendente, forma parte de un patrón más amplio de pérdida de soberanía sobre los recursos estratégicos del país. “Cedimos nuestra riqueza, cedimos nuestra política, cedimos nuestra defensa, nuestros remedios, nuestros medicamentos, nuestras jubilaciones, las tarifas, las represas, el petróleo, el gas, la luz. Fuimos una máquina de ceder absolutamente todo”, sentenció.
El 28 de junio de 2024, el Congreso sancionó la Ley Bases, que declaró a el complejo carbonífero como empresa “sujeta a privatización”, habilitando al Gobierno a avanzar en su venta total o parcial, concesión de servicios o incluso su liquidación y cierre. Desde la gobernación provincial, el apoyo a la conversión en sociedad anónima fue explícito. “Santa Cruz votó la Ley Bases y el gobernador lo celebró en medios nacionales”, acusó Grasso.
En septiembre de 2024, el Gobierno nacional destituyó a Thierry Decoud, interventor de YCRT en ese entonces, tras denuncias de presunta corrupción en una operación de venta de carbón. La empresa israelí TEGI Limited había propuesto adquirir 30.000 toneladas de carbón por aproximadamente 2,1 millones de dólares, pero la transacción se frustró cuando, aparentemente, solicitaron una comisión ilícita para concretar la venta.
Ante estas acusaciones, el presidente Javier Milei decidió remover a Decoud de su cargo y ordenó una auditoría integral a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para esclarecer los hechos y evaluar la gestión del yacimiento. La denuncia fue presentada por el gobierno de Santa Cruz, encabezado por el gobernador de dicha provincia, Claudio Vidal, quien solicitó una investigación exhaustiva sobre el posible caso que habría impedido la operación comercial. Thierry Decoud, ingeniero de 42 años con experiencia en el sector energético, había asumido a fines de 2023.
Posteriormente, el gobierno designó a Pablo Sebastián Gordillo Arraiga como nuevo interventor.
Próximas medidas
El decreto también establece que, en un plazo de 60 días, Carboeléctrica Río Turbio S.A. deberá presentar un presupuesto para el año 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales y un plan de inversiones destinado a garantizar la operatividad del complejo minero y energético. Además, se estipula que los trabajadores de la empresa pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que regula las relaciones laborales en el sector privado. En este marco, se establece un plazo de 180 días para la negociación de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, lo que abre la puerta a una redefinición de las condiciones salariales, derechos y estabilidad de los empleados.
La transformación de YCRT en sociedad anónima se suma a una serie de iniciativas del Gobierno orientadas a reestructurar empresas estatales con el objetivo de reducir el déficit fiscal y atraer inversiones privadas. No obstante, estas medidas han suscitado debates y resistencias en distintos sectores de la sociedad, especialmente en aquellas regiones donde esas empresas desempeñan un papel central en la economía local.
Ante este escenario, Grasso aseguró que no se descartan medidas para revertir la decisión. “No es algo a futuro, es algo inmediato. Vamos a organizarnos para defender a los vecinos de la cuenca. Cada ciudad tiene su economía regional y su motor de generación de divisas y es nuestra responsabilidad protegerlo”.
Lo cierto es que esta transformación plantea más dudas que certezas, al haber sida presentada como una modernización necesaria, como una vía para mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de la empresa. El argumento oficial sostiene que el Estado mantendrá el control mayoritario, pero la historia demuestra que este tipo de modificaciones suelen ser el primer paso hacia una privatización parcial o total. La flexibilización, la apertura al capital privado y la reducción progresiva de los aportes estatales podrían derivar en un escenario en el que el futuro de YCRT ya no esté en manos de quienes lo sostuvieron durante décadas.
Desde la comunidad de Río Turbio y sectores políticos de Santa Cruz, las voces de preocupación ya se hicieron escuchar. Algunos advierten que la provincia está cediendo un recurso estratégico, a pesar de que no existe un plan claro de administración a largo plazo. Otros, en cambio, confían en que éste sea el camino para revitalizar una empresa que arrastra problemas estructurales de larga data.
Pero, más allá de las diversas posiciones frente al problema, hay una pregunta que atraviesa el debate: ¿se está garantizando el desarrollo de la región, o se está allanando el camino para la intervención de intereses privados? Lo que queda claro es que las decisiones que se tomen en los próximos meses serán claves para definir el destino del yacimiento santacruceño que abasteció al país de materia prima energética durante largos años.