El presidente Javier Milei resolvió mediante un decreto la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión fue justificada por la necesidad de garantizar el normal funcionamiento del tribunal, que actualmente cuenta con solo tres ministros. “El máximo tribunal no puede funcionar con normalidad con sólo tres ministros”, señalaron desde Presidencia en un comunicado oficial.
Según el documento emitido por la Casa Rosada, los pliegos de los candidatos fueron enviados al Senado el 27 de mayo del 2024 tras haber cumplido con todas las instancias procedimentales, incluidas audiencias públicas en agosto del mismo año. “Sin embargo, el Senado no trató la designación, a pesar de que se cumplieron los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos”, expresa el comunicado.
Críticas desde los bloques opositores
El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria rechazó la medida, calificándola de inconstitucional. “Esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional”, afirmaron a través de un texto titulado “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte”. La bancada, liderada por José Mayans, denunció que Milei viola la Constitución Nacional al arrogarse facultades que corresponden al Poder Legislativo.
Desde el bloque del peronismo recordaron que en noviembre del 2023 ya habían expresado su compromiso de rechazar cualquier nombramiento en comisión mediante un decreto presidencial. “De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho”, agregaron.
La postura del Pro y las internas
El Pro también manifestó su desacuerdo con la designación por decreto, aunque sin una postura unificada. Durante una reunión en su sede en San Telmo, dirigentes del espacio discutieron la situación sin llegar a un consenso. “No hubo acuerdo ni postura unificada con respecto a Lijo y Mansilla. Libertad de acción a los senadores”, afirmaron fuentes del partido.
Entre los asistentes al encuentro estuvieron el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, la vicepresidenta del Pro Soledad Martínez y el diputado nacional Cristian Ritondo. El exministro de Economía Hernán Lacunza se expresó sobre la decisión del Ejecutivo y diferenció la situación de la designación de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el 2015. “Para no confundir antecedentes. Rosenkratz y Rosatti no fueron designados por decreto. Fueron propuestos en diciembre 2015, pero no asumieron en comisión”, destacó.
En la Coalición Cívica advierten sobre un avance autoritario
Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) fue otro de los dirigentes que cuestionó la medida. En declaraciones a CNN Radio, sostuvo que el nombramiento de los jueces por decreto representa “una herida grave al sistema institucional republicano de división e independencia de los poderes”. Además, exigió que Milei “se haga cargo de la gravedad de la decisión desde el punto de vista institucional y del funcionamiento independiente de la Justicia”.
Ferraro también se refirió a Lijo, cuyas decisiones judiciales generaron resistencias en distintos sectores políticos y judiciales. “¿Qué juez más politizado que Ariel Lijo, que ha cajoneado causas durante años, en convivencia con el sector político y empresarial?”, cuestionó.
Las implicancias políticas y constitucionales
La decisión del Gobierno de avanzar con la designación por decreto de dos jueces para la Corte Suprema revivió el debate sobre la institucionalidad y el respeto por la Constitución. En el Congreso, la oposición busca impugnar la medida y advierte sobre la concentración de poder en el Ejecutivo.
Por otro lado, las tensiones entre el oficialismo y algunos sectores del Pro podrían tener repercusiones en el armado electoral de cara a las legislativas de octubre. “La imagen de Milei se está cayendo como un piano”, afirmaron dirigentes del partido amarillo, en referencia a los recientes escándalos que involucran al Gobierno.
Mientras la discusión sigue abierta en el ámbito político y judicial, la designación de Lijo y de García Mansilla en la Corte Suprema por decreto se convirtió en un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y la oposición. La situación plantea interrogantes sobre el futuro del Tribunal y la gobernabilidad de Milei en un contexto de tensiones crecientes con el Congreso y sus aliados políticos que hoy son clave para avanzar con la agenda legislativa.
