Los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, han interpuesto una denuncia penal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por la presunta comisión de delitos como cohecho, tráfico de influencias y violación de la Ley de Ética Pública. Con esta acción legal, los legisladores buscan implicar a la hermana del Presidente en el escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra. El fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi se encargarán de la demanda.
En la causa judicial que se está desarrollando en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal Eduardo Taiano ha decidido, por el momento, excluir a la secretaria general de la Presidencia. “Se busca determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de $Libra, así como la implicación de Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos que se están investigando”, explicó Taiano al iniciar el procedimiento hace dos semanas.
Frade y Ferraro presentaron su acusación contra Karina Milei. “Como Secretaria General de la Presidencia, y además siendo su hermana, Karina Milei controla la agenda de entrevistas del Presidente. Ya habían surgido comentarios sobre el pago de candidaturas, los cuales se quedaron en simples menciones. Eran coincidentes, pero sin detalles concretos. Desde la noche del viernes 14 de febrero, cuando se reveló la implicación del mandatario en la posible estafa a través de $LIBRA, personas relacionadas, que han sido señaladas, han indicado en chats privados -que luego fueron compartidos- que la acusada era quien solicitaba sobornos. Uno de los primeros en señalar esto fue el trader Hayden Davis”, detalla la denuncia elaborada por los legisladores de la oposición, miembros del partido que lidera Elisa Carrió.
“En la Justicia de Estados Unidos, la nombrada está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto”, agrega la denuncia. Y agrega: “El empresario Diógenes Casares ratificó que un alto funcionario recibió dinero para que el Presidente difundiera $LIBRA. Aquí, el nombrado, por segunda vez, señala sobre el conocimiento del pago de dinero, a un integrante del Gabinete nacional, a cambio que Javier Milei hiciera el posteo en X publicitando la criptomoneda. Volvió reiterar haber visto los chats en los que Hayden Davis aseguró haberle pagado a Karina Milei”, recuerda el escrito.
La autorización para el acceso a la Casa Rosada de Mark Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy fue otorgada por la Secretaría General de Presidencia. En las reuniones que sostuvieron con funcionarios en junio, los acompañó uno de sus socios comerciales, Sergio Morales, quien recibió el alta ante Anses y la administración tributaria gracias a la cartera liderada por la hermana del Presidente, aunque no llegó a ocupar el puesto, de acuerdo a informes comerciales. Posteriormente, Morales se desempeñó como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en eventos tecnológicos se presentaba como un representante del Gobierno.
“Más allá del escándalo de las criptomonedas y la participación presidencial y de su entorno, también personas ajenas a esto expusieron públicamente sus experiencias personales, sobre el rol de posible ‘cajera’ de la Secretaria General”, explica la denuncia de los diputados de la CC.
“El prestigioso orfebre argentino Juan Carlos Pallarolls, en un reportaje realizado en la señal TN, expuso que hace un año y medio que le pidió al hoy presidente una reunión y fue derivado para hablar con su hermana ‘única que manejaba su agenda’. Procedió de ese modo, ocasión en la que la denunciada le solicitó, para concretar la audiencia, un depósito de US$ 2000, asignándole a esos fines ‘una cuenta’”, enumera el texto presentado por Frade. “Tantas referencias en el mismo sentido resultan aptas para que se provea una investigación al respecto porque, de ser así, la nombrada estaría aprovechándose en beneficio propio y/o familiar, de su ubicación en la función pública, comercializando el cargo de su hermano”, añade.
“También la periodista Cristina Pérez, el día 19 de febrero pasado, afirmo que ‘hay gente en el entorno del gobierno que ofrece o pide dinero para acercar empresarios al Presidente…’, que eso lo sabe de, al menos, tres fuentes. Naturalmente si la agenda presidencial solo y exclusivamente la maneja la Secretaria General, los lobbies en el “entorno presidencial”, solo pueden concretarse a través de esas entrevistas que habilita”, afirman.
🗣️ Carrió, durísima contra Karina y Javier Milei
La referente de la Coalición Cívica presentó una denuncia por el caso Libra.
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— La Nación Más (@lanacionmas) March 6, 2025
“Se puede suponer que la nombrada le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente de la Nación, a todos los implicados en lo que se diera en llamar “Cypto $Libra” y que haya sido tarifado de uno u otro modo. Los ingresos (nueve) según registros oficiales, de Mark Hayden Davis datan del día 11 de junio del año 2024. El día 16 de julio del año 2024 ingresó nuevamente con Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy”, sostienen los legisladores.
“Si las entrevistas y encuentros presidenciales para el destino que fuera, pasaban sólo por las manos de la denunciada, tendrá que ser materia de indagación el recorrido de esa recaudación. Esto puede conducir a la familia Milei, aunque no debería descartarse la investigación de la ‘Fundación Faro Argentino’, cuya dirección se encuentra en cabeza de Agustín Laje, persona que integra ese ‘entorno’ presidencial. Se trata de una fundación que funciona en el adoctrinamiento y apoyo a la gestión del Presidente de la Nación”, manifiesta el escrito de los legisladores.
“La Ley 25.188, de Ética en el ejercicio de la función pública resulta contundente. En su artículo 2 inciso ‘C’ establece que los funcionarios públicos ‘deberán velar en todos sus actos por los intereses del Estado orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera, el interés público, por sobre el particular’”, sostienen Frade y Ferraro.
“El inciso ‘D’ exige ‘no recibir ningún beneficio personal indebido, vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello’, agregan.
“En su Capítulo IX, se introducen las reformas al Código Penal. El artículo 31 modifica el artículo 256 del Código Penal, que reza: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por si o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, conculye la denuncia presentada por los diputados.
