El Gobierno se encuentra preparando la firma del decreto de necesidad y urgencia, el cual se espera que sea divulgado en las próximas horas a través del Boletín Oficial. Posteriormente, enviará el DNU a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo para que emita un dictamen y, en el plazo más breve posible, sea discutido en la Cámara de Diputados.
Conforme a la legislación actual, el decreto queda ratificado con la aprobación de una única cámara del Congreso. La normativa promulgada por Cristina Kirchner en 2006 estipuló que un decreto solo puede ser anulado con el rechazo simultáneo de ambas cámaras, Diputados y Senado.
El DNU cuenta con una justificación extensa, que incluye duras críticas a la conocida como Ley Guzmán, que imponía la condición de contar con el respaldo parlamentario para formalizar un acuerdo.
Es importante señalar que la postura que presentará el Gobierno es que el decreto de necesidad posee efectos y una validez que son equivalentes a los de una ley, hasta que se produzca el rechazo de ambas cámaras del Congreso.
Lo que se espera
Una vez que sea publicado en el Boletín Oficial, el DNU relacionado con el acuerdo con el FMI comenzará un proceso que está claramente definido por la ley 26. 122. Este deberá ser remitido a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conocida como “Bicameral de los DNU”, en un período que no excederá los 10 días hábiles a partir de este lunes.
La Comisión dispondrá de hasta 10 días hábiles más para emitir un dictamen, el cual requiere la aprobación de 9 de sus 18 miembros. Tras el cumplimiento de este plazo, ambas cámaras estarán autorizadas para iniciar su discusión. El Gobierno subraya que la mayoría de los DNU firmados por Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, nunca llegaron al recinto, no obstante, aún conservan plena vigencia.
La Bicameral de los DNU está presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), con el diputado Hernán Lombardi (Pro) como vicepresidente, y el senador chaqueño por el radicalismo Víctor Zimmermann (alineado con el Gobierno) como secretario. Entre los vocales se encuentran los senadores oficialistas Luis Juez y Camau Espínola, así como los opositores Francisco Paoltroni, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González (UP); y los diputados K Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez, junto con los oficialistas Lisandro Almirón, Francisco Monti y Oscar Zago, además del crítico Nicolás Massot.
El Gobierno pretende enviar una señal clara y rápida a la política y a los mercados, por lo tanto, buscará acelerar al máximo las negociaciones y el debate en la Bicameral para que, una vez que se emita el dictamen, sea remitido para su discusión en la Cámara de Diputados.
En la Casa Rosada, se sostiene que existe un equilibrio de fuerzas políticas más equilibrado en comparación con el inhóspito Senado. Recientemente, durante las sesiones extraordinarias, propuestas tales como la suspensión de las PASO lograron más de 160 votos, ya que sectores como el massismo ofrecieron su respaldo. “No consideramos que Massa enviará a sus diputados a obstruir un acuerdo con el FMI”, afirmaban con ironía los miembros del oficialismo.
Se trata de una contienda a contrarreloj, ya que en el Senado, donde los libertarios poseen únicamente seis votos propios y dos docenas en préstamo, se hallan a merced del kirchnerismo (que cuenta con 34 escaños) y de nuevos adversarios, como el villarruelista Francisco Paoltroni, quien ha comenzado a votar junto al kirchnerismo, así como de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco. Esto representa una base de 37 senadores de un total de 72, constituyendo una mayoría potencial y problemática.
La decisión de seguir este curso fue adoptada la semana pasada en una reunión en la Casa Rosada que incluyó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al vicejefe Lisandro Catalán, al karinista Eduardo “Lule” Menem y al influyente Santiago Caputo.
En ese encuentro, estaban convencidos de que La Libertad Avanza (LLA) obtendría 9 firmas para conseguir dictamen y más de 129 votos para su aprobación en Diputados. Todo ello de manera conjunta. A pesar de las aspiraciones y los cálculos, el oficialismo deberá afrontar las repercusiones de sus propias decisiones.