La demanda cuenta con el respaldo legal del abogado especializado en derecho constitucional Eduardo Barcesat y lleva las firmas de los legisladores Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Brenda Vargas Matyi y Sabrina Selva.
Los siete representantes son de la provincia de Buenos Aires y, a excepción de Selva, quien es parte del Frente Renovador, todos se alinean en mayor o menor medida con la estructura de Kicillof, quien recientemente ha iniciado su propia vertiente dentro del peronismo, denominada Movimiento Derecho al Futuro.
En el documento se establece que “la búsqueda del Poder Ejecutivo Nacional de ratificar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, un convenio con el Fondo Monetario Internacional, transgrede, en primer lugar, disposiciones constitucionales, así como también la ley 27. 612” de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (comúnmente conocida como ‘ley Guzmán’) del año 2022.
“Las acciones preparatorias que hemos denunciado podrían encuadrarse en las categorías de abuso de poder, infracción a las obligaciones del funcionario público y en las disposiciones del Título VIII del Código Penal de la Nación Argentina”, indicaron. Adicionalmente, solicitaron que “el Tribunal ordene la suspensión de cualquier acto que pudiera materializar la consumación del comportamiento delictivo”.
El 6 de marzo de 2025, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado anunciando que “se elaborará y enviará al Congreso Nacional un DNU con el fin de obtener su respaldo en el acuerdo con el FMI”. Posteriormente, en su conferencia quincenal de prensa, la portavoz del FMI, Julie Kozak, sugirió que la aprobación del acuerdo por parte del Congreso “no sería un requisito indispensable” para que la institución internacional de crédito “realice los desembolsos”.
En los argumentos de la denuncia, los legisladores nacionales manifestaron que “es extraordinario que el Fondo Monetario Internacional aspire a interpretar el contenido de la Constitución Nacional Argentina, cometiendo, al parecer, errores y omisiones flagrantes”.
Asimismo, señalaron que “los Decretos de Necesidad y Urgencia son una excepción a la norma general que se establece en el artículo 99, inciso 3°, segundo párrafo, que establece que ‘en ningún caso, el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable’, podrá expedir disposiciones legislativas”.
Una vez que el decreto —ya rubricado por el presidente Javier Milei— sea publicado y enviado al Congreso, deberá ser considerado en un plazo de diez días hábiles por la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario, la cual deberá emitir un dictamen sobre su validez o invalidez. Si dicho plazo transcurre sin que haya sido analizado por la bicameral, cada una de las cámaras podrá convocar a una sesión en cualquier momento.
Para que el DNU sea invalidado, es necesario que ambas cámaras lo rechacen, por lo que el Gobierno solamente requeriría que uno de los cuerpos legislativos respalde el decreto para que continúe en vigor.
