Según datos de la página Datosmacro.com, en 2022 la tasa de natalidad fue de 13,79 nacimientos por cada mil habitantes, y el índice de fecundidad se situó en 1,88 hijos por mujer, la más baja de la historia del país. El fenómeno no es exclusivo de Argentina: la natalidad está en crisis a nivel global. Se proyecta que la población mundial alcanzará su punto máximo en 9.400 millones de personas en 2064, para luego comenzar a declinar. En Argentina, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022, la población es de 46.044.703 habitantes.
Factores como el acceso a la educación y el empleo de las mujeres, el costo de vida y la urbanización han cambiado la dinámica de reproducción en muchas sociedades. Pero en Argentina la razón es más fina: tener hijos se volvió un privilegio. En un país donde comer es un lujo, tener hijos es un acto de temeridad económica.
La inestabilidad económica como factor principal
El costo de vida es una de las principales razones por las que las parejas jóvenes y las familias deciden postergar o directamente descartar la idea de tener hijos. Con una inflación que sigue golpeando los bolsillos, sueldos que no alcanzan y alquileres que consumen gran parte del ingreso familiar, la maternidad y la paternidad pasaron de ser una elección a una imposibilidad económica.
El acceso a la vivienda propia es cada vez más lejano, criar un hijo implica gastos constantes en salud, educación y alimentación, mientras que la inestabilidad laboral hace que muchas personas prioricen la supervivencia diaria antes que la planificación familiar. En un contexto donde apenas se llega a fin de mes, la idea de traer un hijo al mundo se convierte en una decisión que no muchos pueden permitirse. En más de un caso, hoy los trabajadores enfrentan jornadas extensas, salarios bajos y una creciente precarización como para afrontar el mantenimiento de sus hijos en la Argentina que vivimos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que, en diciembre, las familias necesitaron entre $392.471 y $488.469 mensuales para cubrir los gastos de un niño, dependiendo de su edad. Estas cifras superan ampliamente el salario mínimo de un adulto, que es de $296.832, lo que deja en evidencia lo difícil que es para afrontar los costos de crianza.
Estos valores incluyen tanto bienes y servicios como costos de cuidado. En diciembre, el aumento estuvo impulsado principalmente por el alza en bienes y servicios, mientras que los costos de cuidado se mantuvieron estables. En términos interanuales, la canasta de crianza tuvo un incremento del 65%, con un fuerte impacto de los gastos asociados al cuidado infantil.
Esta canasta, presentada por el INDEC, mide los gastos vinculados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años. Se consideran rubros esenciales como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, además del costo de cuidado, que se calcula según el tiempo dedicado a estas tareas y su valoración dentro del Régimen de Trabajo de Casas Particulares en la categoría de “Asistencia y cuidado de personas”.
En un contexto de crisis económica, marcado por el desempleo y la pobreza, el alto costo de la crianza no solo impacta en la economía de las familias, sino que también se relaciona con la baja tasa de natalidad, lo que plantea desafíos a futuro. La reducción de la población económicamente activa pone en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional, al haber cada vez menos aportantes para sostener a los demás habitantes.
En un sistema donde la cantidad de adultos supera ampliamente a la de jóvenes, las consecuencias no tardarán en hacerse notar en el ámbito laboral y económico. La reducción de la población en edad activa impactará directamente en la estructura productiva y en el sostenimiento de los sistemas de seguridad social. Sin embargo, este fenómeno no implica una disminución en la producción de las grandes empresas, ya que el desarrollo tecnológico permite automatizar procesos y generar bienes y servicios a un ritmo cada vez mayor.
Aun así, la variable de ajuste frente a estos cambios suele recaer sobre la clase trabajadora, que se enfrenta a jornadas laborales más largas, condiciones de empleo más precarias y una mayor presión sobre su desempeño. No es casualidad que una de las medidas que el gobierno tiene en carpeta sea la suba de la edad jubilatoria, una estrategia que busca aliviar las arcas estatales a costa de prolongar la vida laboral de los ciudadanos.
Paradójicamente, mientras el Estado sostiene que no puede hacerse cargo del pago de jubilaciones, al mismo tiempo reduce los aportes previsionales que deben realizar las patronales. En este esquema, queda en evidencia que el avance tecnológico no se ha utilizado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores ni para reducir su carga laboral, sino que ha servido para promover el engrosamiento de las ganancias del sector empresarial.
En cuanto al mundo, la Federación Internacional de Sociedad de Fertilidad (IFFS) informó la caída de las cifras sobre la natalidad mundial y confirmó que el 97% de los países van a estar en alerta, ya que corre riesgo el crecimiento económico y geopolítico. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que hay 260.000 nacimientos menos al año en la región.
El rol de la mujer cambió y, con ello, la posibilidad de decidir sobre su maternidad
La Educación Sexual Integral (ESI) permitió que miles de personas accedan a información sobre métodos anticonceptivos y derechos reproductivos. La legalización del aborto en 2020 también marcó un cambio: muchas mujeres que antes debían continuar embarazos no deseados ahora pueden decidir. Pero detrás de esa decisión hay un factor aún más determinante: la crisis económica. La inseguridad financiera es una de las principales razones por las que se recurre a la interrupción del embarazo. Criar un hijo en Argentina hoy es un desafío que la mayoría no puede asumir.
Desde el gobierno, las críticas apuntan directamente contra la Educación Sexual Integral (ESI), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cualquier otra política que garantice derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Es una ofensiva contra cualquier derecho político que genere derechos y autonomía.
Por años, se instaló el mito de que la Asignación Universal por Hijo (AUH), un plan social creado en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incentivaba la natalidad y servía para “vivir del Estado”. Pero la realidad es muy distinta. Actualmente, el monto de la AUH es de $95.548 por hijo, una cifra que está lejos de cubrir siquiera una fracción del costo real de la crianza. Afirmar que alguien tiene hijos para cobrar un plan no solo es una falacia, sino que se convierte en una burla a la crisis que atraviesan miles de familias que, aún con ayuda estatal, no pueden cubrir sus necesidades básicas.
Mientras que por su nombre debería abogar por la libertad, este gobierno se posiciona en contra de la posibilidad de elegir e impulsa un modelo que restringe estas libertades y profundiza las desigualdades. Entre los que hablan de libertad, su proyecto avanza en sentido contrario: menos derechos, menos oportunidades y un presente cada vez más asfixiante para quienes buscan decidir sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. Mientras el gobierno plantea su postura, las cifras económicas muestran una realidad difícil de ignorar.
El futuro es un geriátrico sin recursos
El envejecimiento poblacional no es un problema sólo para quienes hoy deciden no tener hijos. También afecta a los adultos mayores. Una sociedad con menos jóvenes y más jubilados necesita un sistema de cuidados fuerte, con acceso garantizado a la salud y a la asistencia. Pero en Argentina, en lugar de reforzar esas redes, el Estado las destruye. Y cuando los jubilados salen a reclamar lo que es suyo, la respuesta es la represión. Gases, palos, balazos de goma y bastonazos para quienes trabajaron toda su vida y ahora solo piden cobrar su jubilación. En el modelo de país que rige hoy, los jóvenes son lanzados a la precariedad laboral, mientras que los viejos pasan al descarte.
En este contexto, es fundamental garantizar un acceso pleno a los servicios de salud y fomentar los espacios de cuidado, como hogares e instituciones. Si la población tiene tendencia a envejecer, empieza a depender cada vez más de los cuidados personales.
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. En todo el mundo, la combinación de crisis económicas, precarización laboral y envejecimiento poblacional pone en jaque los sistemas previsionales y redefine las condiciones de vida. Sin embargo, en Argentina, el impacto es aún más crudo y tangible en lo cotidiano. Los jóvenes ven cada vez más lejana la posibilidad de independizarse: los alquileres son inaccesibles, los sueldos no alcanzan y el sueño de la casa propia se aleja. Para los adultos mayores, la situación no es mejor: las jubilaciones pierden contra la inflación y lo que antes era una vejez digna, hoy está reducida a la lucha por llegar a fin de mes. Las clases sociales que históricamente lograban mantenerse estables, hoy caen en picada. En un mundo donde la incertidumbre es la única certeza, no sorprende que muchas personas elijan no traer un hijo a esta realidad.
Si la economía no cambia de rumbo y el ajuste sigue recayendo sobre los mismos sectores sociales, el futuro será para unos pocos. Serán cada vez menos los que miren hacia adelante, en un país que, lejos de crecer, se desangra a motosierra, cortando todo lo que podría sostenerlo en pie. Si vivir se vuelve un privilegio, el futuro se convertirá en una línea de tiempo vacía, sin nuevas generaciones que lo sostengan.