Manuel García Mansilla, quien fue designado juez de la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto del Gobierno de Javier Milei, presentó su renuncia al tribunal más alto este lunes 7 de abril, después de que la semana pasada el Senado rechazara su nombramiento. Este jurista ocupó su puesto durante un periodo de 40 días.
Su candidatura recibió el rechazo de todos los bloques kirchneristas y la mayoría del radicalismo. Solo logró el respaldo de los integrantes de la Libertad Avanza, algunos miembros del Pro y dos radicales, además de ciertos bloques provinciales aliados al Gobierno Nacional.
En la carta el juez, nombrado mediante el decreto 137 del 26 de febrero de 2025, justificó su resolución al afirmar que “la ausencia de plena integración en la Corte Suprema constituye un serio inconveniente institucional que demanda una respuesta inmediata”.
El magistrado indicó que el tribunal ha estado operando desde diciembre con únicamente tres integrantes, una situación que calificó como “increíble” y que ha profundizado la parálisis en el sistema judicial. “A esta anomalía institucional se le sumó una nueva vacante, lo que empeoró aún más el panorama y que, sin duda, debía ser ocupada sin demoras”, comentó.
Además, el ex miembro del tribunal subrayó la errónea noción de que la Corte Suprema puede operar con solo tres jueces, al que calificó de “ilusión institucional que puede provocar un daño aún mayor que el que ya ha ocasionado la tardanza en la conformación del Tribunal”.
“El uso de conjueces no es lo óptimo. Se resuelven casos, sí, pero no al volumen ni con la rapidez que la Corte requiere”, afirmó. También hizo hincapié en que la lentitud “impacta directamente en el trabajo del Tribunal y, sobre todo, en la vida de nuestros conciudadanos, quienes enfrentan la demora en la resolución de los conflictos que llevan ante su consideración”.
A diferencia de lo sucedido con la nominación de Ariel Lijo, el interbloque peronista se mostró cohesionado en su desaprobación hacia la postulación de García-Mansilla, quien fue designado a través de un decreto y ya se ha instalado como ministro de la Corte Suprema.