No se sabe si por cultivar el sentido religioso de la vida -que lleva a los hombres justos por el camino del bien, lejos de la corrupción de los juegos de azar- o por la inveterada costumbre de los porteños de desprenderse de sus bienes materiales -alguna vez, a esta cuestionable virtud los filósofos griegos la relacionaron con la estupidez-, el Estado porteño observa con un desdén emparentado con la desidia cómo la Lotería Nacional llena sus arcas merced a la recaudación que todos los días ejecuta el Casino Flotante, mientras navega de mentiras por las costas de esta Reina del Plata en harapos.
La generosidad de los gobernantes porteños para con la empresa española que regentea el popular barco-casino llega hasta el extremo de rehusar el dinero que debe oblar toda actividad rentable en concepto de impuestos, gabelas, tarifas o tributos. O, como se dice en buen porteño, por cargos sobre el juego o por Ingresos Brutos, que como bien saben los hombres cultos no tienen que ver con la falta de instrucción escolar.
LA HISTORIA OFICIAL
El Casino Flotante recaló en las costas que ocupa el Puerto de Buenos Aires en octubre de 1999. Desde entonces recaudó 821.739.000 pesos y tributó a las arcas de la Lotería Nacional 164.348.000 pesos. Pero el Estado porteño, que abomina del pecado, se negó a recibir un solo billete de ese dinero de impúdico origen.
Contradiciendo los usos habituales en casi todos los países, incluso en el nuestro, el Gobierno nacional -seguramente para evitar que sus opositores le achaquen una voracidad recaudadora excesiva- sólo exigió el 20 por ciento de los beneficios a los actores del floreciente emprendimiento. Lo curioso es que los otros 20 juegos de administración provincial o nacional que tributan a la Lotería deben depositar en sus arcas entre el 34 y el 50 por ciento de su recaudación, previa deducción de gastos, porque es sabido que la ecuación económico financiera en esta actividad es baja en inversiones y costos operativos y muy alta en rentabilidad.
Entretanto, el Gobierno porteño se encuentra voluntariamente ausente de esta discusión, a pesar de que no existen dudas de que posee el derecho de ejercer su jurisdicción sobre la franja costera del Río de la Plata. Ésta sólo está bajo jurisdicción federal en relación a la navegación interprovincial e internacional, al comercio internacional, a la importación y la exportación y a la actividad aduanera. Por lo tanto, pertenece a las jurisdicciones costeras -es decir, a la Ciudad de Buenos Aires- todo lo que específicamente no se le ha asignado a la jurisdicción federal, como por ejemplo la organización del juego. Incluso, la Constitución Nacional, en su artículo 75 – Inciso 30, la jurisprudencia y la doctrina de sus autores avalan esta tesitura sin mayores cuestionamientos.
Pero no sólo existe en esta cuestión un problema recaudatorio. En el Casino Flotante circula el dinero sin controles oficiales. Existen mesas en las que se juega en dólares, en pesos y en patacones, entre otras monedas y cuasimonedas. Si alguien tuviera una deuda, asistiera al casino y comprara fichas por el total de su deuda -por ejemplo, 100 mil dólares- y al mismo tiempo su acreedor se hiciera presente en el mismo lugar y adquiriera una única ficha de un dólar, ambos operadores podrían intercambiar sus fichas y luego el acreedor podría marcharse silbando bajito, feliz por partida doble. Por haber cobrado su dinero y por haber evadido la acción de los molestos sabuesos de la AFIP.
El diputado Miguel Doy, ante esta situación, propuso que "la Nación y la Ciudad deben llegar a un acuerdo justo y equitativo en el tema de los ingresos de los juegos de azar en la Ciudad. Además es necesario revisar la concesión del Casino Flotante, porque el porcentaje que actualmente recibe el Estado Nacional es el más bajo del mundo y se pierden fondos para asistencia social, a cambio de maximizar las ganancias del dueño del Casino Flotante".
"La ley 538 que regula los juegos de apuestas en la Ciudad Autónoma -continuó el legislador-, establece en su Artículo 9 que sólo el Poder Ejecutivo puede proponer la instalación de casinos, que deben estar sujetos a su Administración. Además la autorización debe ser aprobada con el voto de los dos tercios de los legisladores y exige también audiencia pública. Con todos estos requisitos: ¿alguna vez se podría instalar un casino? Lo más probable es que no. Entonces, la ley 538 actualmente le garantiza al Casino Flotante el monopolio del juego legal y fomenta en cambio los casinos clandestinos".
