"El gobierno de Macri se la pasa desalojando a habitantes de la traza AU3, todos los días un desalojo, siempre es contra los pobres y el argumento es la defensa del espacio público; sin embargo, hay 573 concesiones de las cuales, 364 se encuentran en condiciones de ocupación irregular y Macri no tiene nada para decir sobre eso", disparó el diputado Facundo Di Filippo (CC), café de por medio, en diálogo con Noticias Urbanas. Según Di Filippo, "hay algo que es aún peor: en 116 casos, no se informa sobre la existencia de ningún instrumento jurídico que haya otorgado la concesión en algún momento, ni de fechas de inicio o culminación de la misma, por lo cual se infiere que nunca existió permiso alguno otorgado a sus ocupantes", agregó.
Di Filippo aseguró que "en el resto de los casos, los permisos oportunamente otorgados se encuentran vencidos o bien revocados por la administración. En situaciones -como por ejemplo, la de los locales de la Galería Obelisco- los vencimientos de los contratos datan de los años ’80, mientras que en otros los vencimientos resultan recientes".
Al ser consultado sobre el tema, el director general de Concesiones, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, Javier Solari Costa, se defendió diciendo que, en el caso específico de las galerías del Obelisco, su dependencia identificó a "cada ocupante de los locales" e hizo "readecuar la tasación con el Banco Ciudad". "Ahora les estamos pidiendo que hagan el trámite de habilitación", expresó el funcionario porteño.
Pero no termina todo ahí. Porque Di Filippo aseguró a NU que la Dirección que conduce Solari Costa le informó que "en 387 de las 573 concesiones otorgadas no se registra contraprestación monetaria alguna por parte del concesionario; en 22 casos el canon resulta inferior a los 500 pesos (se excluyen 32 concesiones a calesitas de la Ciudad que abonan 200 pesos en virtud de un beneficio legal). En tanto, en 41 casos no se informa monto de contraprestación porque el mismo es variable según el contrato de concesión". Por otra parte, Di Filippo dijo que de la suma de las 145 concesiones en las que se informa un monto fijo como canon, resulta que mensualmente la Administración Pública debería recibir un total de 2.392.394,99 pesos (a este monto deben agregarse los importes que se reciben por las concesiones con canon variable). En el Presupuesto 2009, se prevé un total anual de ingresos de 31.000.000 pesos en concepto de concesiones y alquileres de inmuebles.
Pero Solari Costa aseguró a Noticias Urbanas que su área recaudó durante 2008, 40 millones de pesos, contra 8 millones de la administración de Jorge Telerman durante 2007.
Di Filippo señaló que los casos más llamativos son los siguientes:
Club Hípico municipal: 3.246 pesos (permiso revocado en el ’99)
Costa Salguero: 30.137 pesos (hasta el 2021)
Pachá: 30.000 pesos.
Bajo autopista 1, Salta-Lima (de Canal 13): ocupante, sin canon.
Bajo autopista 6, Caxaraville – Rafaela (Expreso Sud Atlántico SRL: depósito de mercadería en tránsito, estacionamiento de vehículos de carga y oficinas). Ocupante desde el 2001, no denuncia retribución.
Bajo autopista 6, calles Moliere – Víctor Hugo (Estacionamiento Autos 0km. Sevel / Terreno Baldío), no denuncia retribución.
Playa de estacionamiento Facultad de Derecho: ocupante desde 2003, no paga nada.
Bajo autopista 1, Santiago del Estero – San José (Match Tenis SRL, Complejo deportivo – Sanitarios, Vestuarios, Cantina y Estacionamiento): 2.000 pesos.
Bajo autopista 1, Luis Sáenz Peña – Ceballos, (oficinas de Beton Vial SA -SEPEYCO SRL-UTE): 100 pesos.
Bajo autopista 1, Loria – Virrey Liniers (depósito de materiales de construcción en general, obrador, oficina y estacionamiento, CRV SA): 1900 pesos.
Bajo autopista 1, Dávila – Thorne (exhibición, compra y venta, financiación y comercialización en general de vehículos nuevos y usados, DeAutos SA: 1.600 pesos.
Restaurante ex Negro el 11: 6.450 pesos.
Parque Ribera Sur: 1.295 pesos.
Según Solari Costa, "en el caso de las galerías que funcionan en el Obelisco existía un decreto de Telerman mediante el cual se ordenaba desalojar ese espacio y nosotros lo regularizamos. Además, estaban funcionando sin habilitación cuando allí se realizan actividades de alto riesgo. Por otra parte, nosotros renovamos todo el sistema eléctrico, que no es un tema menor". En cuanto al Club Hípico, Solari Costa precisó que "se trata de una situación especial, por lo que nosotros le dimos vista a la Procuración para que nos informara qué corresponde hacer". En este sentido, explicó que "el concesionario del Club Hípico nos dijo que tenían un permiso para seguir funcionando pero que lo perdieron, por lo que estamos esperando que la Procuración nos diga si podemos renovar el permiso o si corresponde desalojarlos".
En cuanto al predio donde funciona Costa Salguero, se "readecuó el precio de la concesión y ahora pagan 65 mil pesos mensuales, que si bien es una cifra baja, sucede que ellos nos están haciendo una contraprestación en obras", señaló el funcionario.
"Cabe resaltar que, a pesar de lo que dice el diputado Di Filippo, nosotros, cuando nos hicimos cargo del gobierno, cerramos el restaurante Hereford y mandamos a demolerlo para recuperar un espacio público para la Ciudad", detalló Solari Costa. En esta línea, el funcionario señaló que otro lugar que cerraron "porque estaba funcionando sin habilitación" es Tequila. Se trata de un lugar que fue furor en la década de los ’90.
Respecto a los bajo autopista, Solari Costa indicó que la competencia a él se la pasaron "recién en junio de 2008, ya que era AUSA (Autopistas Urbanas SA) la que tenía la disposición o la que entendía sobre lo que pasaba en esos lugares". "Me traspasaron 198 predios, por lo que hasta ahora lo que pudimos hacer es licitar los permisos que estaban vencidos y para ello pedimos también la tasación al Banco Ciudad", sostuvo.
Según la información que maneja el diputado Di Filippo, los locales de la galería del Obelisco pagan sumas que oscilan entre los 75 pesos y los 257 pesos. Sin embargo Solari Costa, en comunicación telefónica con Noticias Urbanas, aseguró que ningún local paga menos de 400 pesos y sostuvo que, además, los comerciantes deben abonar una expensa para mantenimiento del lugar. Al ser consultado sobre por qué, tratándose de un lugar tan céntrico, se paga un canon tan bajo, el funcionario argumentó que uno de los motivos es que "se trata de locales muy chicos y además son subterráneos". Asimismo, precisó que "ningún local paga 75 pesos, lo que puede suceder es que paguen eso las vidrieras o algún lugar de exposición, pero nunca un local comercial", argumentó. Y aclaró que "los comercios pagan diferentes precios porque no todos tienen los mismos metros".
Pero para dar un ejemplo de cánones bajos, se puede decir que un restaurante como "El Padrino" paga un alquiler de 9.700 pesos, "una suma irrisoria, ya que 9 mil pesos puede ser lo que recaude el dueño en un solo día", afirmó Di Filippo. El Golf Club, estaría pagando 5.000 pesos. El Club Hípico, 3.246 pesos. El restaurante "Siga la Vaca", 14.000 pesos. El sector Ingresos de Parque Norte, 1.500 pesos, con el agravante de que la concesión venció en 2003. Las bóvedas del Bank Boston, 1.500 pesos. ¿Algo más? Veamos qué más se esconde bajo las autopistas porteñas:
Bajo autopista AU 6
Complejo Deportivo con canchas de tenis, gimnasio y venta de indumentaria deportiva en Olivera, Directorio y Moreto. Paga 3.233 pesos.
Estacionamiento, lavadero automático de colectivos, engrase, gomería y venta de nafta en Barragán, Gallardo y Madero. Su canon, 4.500 pesos.
Estacionamiento en Madero y Casco. Paga 1.500 pesos.
Complejo Deportivo en Casco y Gaona. Abona 2.000 pesos.
Estacionamiento en Ramón Falcón y Rivadavia: 7.050 pesos.
Parque de diversiones, restaurante, confitería y compra y venta de artículos varios en Calderón y Rivadavia: 7.500 pesos.
Bajo autopista AU 1
Predio donde se enseña y se practica deportes en general ubicado en la AU 1 entre Salta y Santiago del Estero: 11.600 pesos.
Centro de exhibición de la empresa de autos en Dávila y Thorne: 1.600 pesos.
Complejo deportivo, sanitarios, vestuarios, cantina y estacionamiento en Santiago del Estero y San José: 2.000 pesos.
Playa de estacionamiento de unidades blindadas de Juncadella, ubicada en San José y Luis Sáenz Peña: 7.000 pesos.
Locales a construir en Jujuy y Catamarca: 126 pesos.
Locales a construir en Varela y Arrostra: 4.500 pesos.
Playa de estacionamiento en Dean Funes y La Rioja: 5.400 pesos.
Depósito de materiales de construcción en general, obrador, oficina y estacionamiento en Loria y Liniers: 1.900 pesos.
PUNTA CARRASCO: UN CASO PARADIGMÁTICO
El diputado Facundo Di Filippo señaló que es llamativo lo que hizo el Gobierno con el complejo Punta Carrasco que funciona en Costanera Norte. Según el legislador, el Ejecutivo renegoció con el concesionario que pagara un canon de 30 mil pesos el primer año y 35 mil el segundo. Sin embargo, Solari Costa aseguró que el canon actual es de 65 mil pesos. Lo que objeta Di Filippo es que esa renegociación se hizo sin llamado a licitación pública y que, además, Punta Carrasco no cuenta con habilitación comercial, cuando adentro funciona una confitería, tres salones de fiesta y una playa de estacionamiento para 1.200 autos. Asimismo, el legislador informó que los concesionarios de Punta Carrasco rellenaron el Río de la Plata para ganar metros y de esa manera duplicaron el espacio que tenían concedido. Según Solari Costa, no se podía llamar a licitación pública porque hay obras en ejecución. Por ese motivo, señaló que no se podía pedir la habilitación comercial definitiva. En cuanto al relleno que el concesionario de Punta Carrasco realizó en el río, Solari Costa adujo que eso se hizo "hace 20 años, por lo que nosotros no tenemos nada que ver". A pesar de esta defensa que hace el funcionario, Di Filippo interpuso un recurso de amparo en la Justicia para que se declare inconstitucional el convenio mediante el cual se acordaron los términos de la renovación de la concesión de Punta Carrasco. Según el legislador, ese convenio "omitió el procedimiento que la Constitución de la Ciudad expresamente ha determinado como materia legislable por el Poder Legislativo, lo cual a su vez violó mi derecho, como diputado de la Ciudad a participar en la deliberación y en la votación de estos temas. Con el dictado del mencionado decreto, el Poder Ejecutivo se arrogó facultades que constitucionalmente estaban otorgadas a otro órgano del Estado, la Legislatura de la Ciudad. No se cumplió con la normativa que regula este tipo de bienes de dominio público y su destino; ni el procedimiento de selección del contratista para otorgar el permiso de uso sobre los mismos". También expresó que "la norma cuestionada no respeta el Código de Planeamiento Urbano vigente, contraría en forma manifiesta lo establecido en ordenanzas de protección ambiental de la ribera y del espacio público, permite que se sostenga el incumplimiento de lo establecido en el artículo 2.639 del Código Civil y pretende sanear incumplimientos previos en materia de rellenos ilegales, profundizando el riesgo a la vulneración de derechos en materia ambiental, al sostener la contratación de un concesionario que ha demostrado prácticas continuas de afectación al ambiente".
El CEMIC, A UN PASO DEL DESALOJO
Con fecha 29 de diciembre de 2008, cuando todos los porteños estaban pensando en los festejos de la última noche de fin de año y en fuegos artificiales, Mauricio Macri firmó un decreto mediante el cual ordenaba la desocupación administrativa de las personas y los bienes del predio sito en Avenida Las Heras 2.900, ocupado por el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínica "Norberto Quirno" (CEMIC). La desocupación tiene que efectivizarse en un plazo de 30 días corridos, contados a partir de la notificación del decreto. Asimismo, el jefe porteño dispuso que el Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia" sea la entidad que deba prestar atención médica a los pacientes internados en el predio que ocupa el CEMIC y que no fueran derivados por éste a otros establecimientos asistenciales. El decreto está firmado también los ministros Jorge Lemus (Salud), Guillermo Montenegro (Seguridad), Francisco Cabrera (Desarrollo Económico) y por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. En el mencionado decreto se recuerda que en enero de 1992 se aprobó un convenio de transferencia de Establecimientos Asistenciales de propiedad nacional a la Ciudad de Buenos Aires y que esa transferencia implicó la cesión de los inmuebles en los cuales se desarrollaban sus actividades. También, que el CEMIC se encontraba usufructuando el predio, que es parte integrante del Hospital de Agudos "Bernardino Rivadavia" mucho antes de que se efectivizara esa transferencia de Nación a Ciudad. Por otra parte, dice que el 28 de diciembre de 2000 se suscribió un Acta Acuerdo mediante la cual el CEMIC continuaría con la ocupación del predio por el término de tres años contados a partir de la firma del mismo, y que debía abonar un canon mensual de 24 mil pesos. Según consta en el decreto, ese centro asistencial debía pagar 144 cuotas iguales y consecutivas a fin de sanear la deuda que mantenía con el Gobierno porteño, pero a la fecha el pago se había cumplido irregularmente.
Mediante esa acta, se estipuló que a la finalización del plazo convenido, el Gobierno de la Ciudad podría otorgar un nuevo permiso de ocupación del predio, a través de licitación pública, pudiendo participar el permisionario con privilegio sobre los demás oferentes. El decreto señala que el vencimiento del plazo fijado en el Acta Acuerdo suscripta se cumplió el 28 de diciembre de 2003. Y que, hallándose el inmueble en cuestión dentro del Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia", se consultó al Ministerio de Salud, en relación con el procedimiento a seguir en el período de transición hasta la concreción de la adjudicación del predio por Licitación Pública. En esta línea el Ministerio de Salud argumentó que, debido a reformas que se llevarían a cabo en el Hospital "Bernardino Rivadavia" y a los efectos de mejorar la atención de los pacientes que asisten al mismo, no resultaba conveniente continuar con la concesión del predio que el CEMIC ocupa. Así, el Ministerio de Salud recomendó desalojar el CEMIC para recuperar el inmueble en cuestión para su uso, motivo por el cual es que se desistió de otorgarlo a un tercero mediante licitación pública.
(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 171, DEL 15/01/09).
