El conflicto entre el Gobierno nacional y el campo por la suba y fijación de retenciones móviles tuvo para el kirchnerismo costos enormes y uno de ellos es que reavivó la polémica sobre las inequidades del sistema de Coparticipación Federal. En este marco, la oposición logró hace 15 días arrancarle al oficialismo en el Senado de la Nación el visto bueno para que se reuniera la comisión encargada del tema y comenzara a dar tratamiento a una decena de proyectos en danza.
Aunque a decir verdad, sería casi un milagro que este gobierno aceptara modificar esa norma cuando ninguno de sus antecesores hizo nada. A excepción de Raúl Alfonsín, que dio el debate y la norma vigente es, justamente, la que se sancionó en 1988. Y también muy a pesar de que una cláusula transitoria de la Constitución Nacional ordena taxativamente que para 1996 debía estar aprobada la nueva ley. A este dilema de las provincias con la Nación hay que agregarle la particular situación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le toca observar cual invitado de piedra una discusión que le concierne, pero de la que no puede participar.
Los porteños aportamos el 25 por ciento de los recursos y recibimos solamente el 1.4 por ciento de coparticipación, pero nuestros gobernantes no tienen ninguna posibilidad de participar de esta discusión en el Senado. Es que allí los porteños tienen tres representantes, de los cuales, uno es Daniel Filmus (kirchnerista) y los otros dos, María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik, ambos de la Coalición Cívica. O sea que Mauricio Macri no solamente tiene que lidiar con Elisa Carrió, que se lleva entre el 25 y 30 por ciento de los votos cada vez que va a una elección, sino que ahora quedó preso de las garras de la chaqueña y del kirchnerismo. Ese 1.4 por ciento que recibe la Ciudad desde el año 2002, para 2008 se estima representará unos 1.500 millones de pesos.
Es de destacar que antes de 2002 la Ciudad no coparticipaba y solamente recibía por convenio uno 150 millones de pesos por año. Esta situación cambió a partir de una ley que logró hacer sancionar el actual vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Diego Santilli, cuando era diputado nacional. Claro que el que se llevó los laureles fue Aníbal Ibarra, porque le tocó como máxima autoridad de la Ciudad poner la firma ante el ex Presidente Eduardo Duhalde.
En este sentido, economistas como el legislador Raúl Fernández, el propio Ibarra y Santilli coincidieron en afirmar ante una consulta de Noticias Urbanas que un porcentaje "razonable" para la Ciudad en concepto de coparticipación debería rondar entre el 5 y el 6 por ciento. Lo que significa algunos puntos menos que lo que reciben las provincias de Córdoba y Santa Fe, que es un 9 por ciento. En este orden, Fernández explicó que la Ciudad debería percibir unos puntos menos porque no tiene "la dispersión y la extensión geográfica y demográfica que tienen los santafecinos y cordobeses".
Los impuestos que se coparticipan son Ganancias, IVA, Internos (excepto Seguros), Transferencias de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, Gravamen de Emergencia sobre Premios de Determinados Juegos de Sorteo y Concursos Deportivos, Impuesto sobre el Capital de las Cooperativas y el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Los impuestos no coparticipados son la Tasa de Estadística y los Derechos de Importación y Exportación, los que se destinan en un 100 por ciento al Tesoro Nacional. Después están los impuestos con asignación específica, que tampoco se coparticipan, como el que se cobra sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural, a la Energía Eléctrica, sobre los Bienes Personales, Internos (Seguros), Videogramas Grabados, a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos, el Fondo Especial del Tabaco, a los Pasajes Aéreos, a los Servicios de Radiodifusión, Monotributo, Cigarrillos, a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, sobre el Gas Oil para Uso Automotor, Recargo sobre el Gas Natural y el Gas Licuado de Petróleo y sobre la Transferencia o Importación de Naftas y Gas Natural destinado a GNC.
Cabe consignar que el total de recursos tributarios recaudados por Nación en 2007 fue de 199.781 millones de pesos, de los cuales 29.967 millones los obtuvieron de los impuestos con asignaciones específicas que no se coparticipan. De esa masa de 199.781 millones solamente se coparticipó a las provincias 54.161 millones, y a la Ciudad de Buenos Aires 1.064 millones de pesos. Es decir que la Nación se quedó con el 65 por ciento, o sea 103.893 millones, y las provincias y la ciudad con el 35 por ciento, o sea 55.225 millones.
Además se deben agregar como recursos propios de la Nación, los gravámenes al comercio exterior, que son unos 27.468 millones. La Coparticipación Federal, como dicen los politólogos, es una ley solidaria pero inequitativa. Ante esta situación, el diputado porteño Cristian Ritondo opinó que "el Gobierno nacional ejecuta una fuerte voracidad fiscal omitiendo principios constitucionales y de materia tributaria, como federalismo, eficiencia, equidad y progresividad". Ritondo precisó que "cuando se observa la historia de las finanzas públicas nadie puede afirmar que la Nación fue más eficiente, prolija y transparente que muchas provincias. Al contrario, muchas de éstas tienen antecedentes en el manejo financiero de los fondos públicos mucho más ordenados, más transparentes, eficientes y cumplieron principios básicos de sanidad fiscal y financiera".
Santilli coincidió con Ritondo en este sentido y recordó que "la Ciudad es la única que cumple con todas las condiciones impuestas para poder firmar el Pacto Fiscal". Sin embargo, voceros del Frente para la Victoria de la Legislatura porteña explicaron a Noticias Urbanas que si el Gobierno nacional decidiera llamar a una discusión sobre la Coparticipación Federal "saldrían perdiendo los estados más pobres, porque es real que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tendría que percibir mucho más de lo que percibe, que hoy es un 20 por ciento de la masa coparticipable". Esto sería así porque sucedieron variaciones importantes en esa provincia, que no tuvieron un correlato en las otras más empobrecidas y que, por consiguiente, no podrían reclamar nada a su favor. No es menos cierto que una provincia como el Chaco ya no es una cenicienta, porque desde hace muchos años siembra soja y eso le ha dado una gran masa de recursos que antes no tenía. Pero podría pasar que en una mesa de negociaciones terminara llevándose menos de lo que percibe actualmente, que es un 5 por ciento.
