La concesión del Zoológico porteño será investigada por una comisión parlamentaria que se constituyó este martes, con los legisladores Juan Manuel Velasco y Mirta Onega como autoridades, a partir de una propuesta del vicepresidente de la Legislatura, Santiago de Estrada. Dentro de una semana hablarán quienes hicieron las denuncias, que van desde presuntas irregularidades en la concesión, el faltante de libros y estatuas, el deterioro del patrimonio arquitectónico y el posible tráfico de animales, actividad ligada al lavado de dinero.
Según el contrato de concesión, los cadáveres de los animales del Zoológico deben ser entregados para investigación a la Facultad Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Esto es para que exista un control sobre la muerte de animales, de forma tal de evitar que se declaren como fallecidos animales que hubieran sido vendidos al mercado negro y se lave plata proveniente de ilícitos. Sin embargo, este mecanismo nunca funcionó y la sospecha sobrevuela al zoológico porteño.
Por otra parte, de los más 12.000 ejemplares que constituían la biblioteca sólo quedan 8.000. Además, el veterinario Juan Carlos Sasaroli alertó sobre el faltante de estatuas y la afectación de las fachadas de varios edificios históricos del Zoológico. Asimismo, Claudio Bertonati, de la Asociación Vida Silvestre, hará denuncias similares cuando declare el próximo martes junto a Sasaroli.
En tanto, también según el contrato de concesión, la sociedad que se adjudicó el Zoológico a principios de los ’90, integrada por Gerardo Sofovich y Oscar Salvi, no podía haber transferido la concesión hasta su finalización, veinte años después. No obstante, le cedió el control del Zoológico a Daniel Grinbank y un grupo empresario mexicano, operación que fue validada cinco años después, en el 2000, por la Procuración de la Ciudad, pese a que no hubo ningún inventario que acreditara los bienes que había.
"La semana que viene empezamos -dijo el presidente de la Comisión Investigadora y de la Comisión de Ecología- a trabajar con la citación de los primeros testigos, en primer lugar con los denunciantes, el médico veterinario Juan Carlos Sasaroli, que tiene un informe muy medular sobre las distintas irregulares que ha tenido la concesión desde el momento en que se realizó, respecto de faltante de un inventario al adjudicarse la concesión, de la desaparición de documentos importantes, como era la oferta en el marco del proceso de concesión y la desaparición de distintos elementos del jardín, tales como libros, esculturas, la alteración del patrimonio urbanístico y la irregularidad en la tramitación de la defunción de distintos animales, lo cual podría haber dado pie a la existencia de tráfico de animales y eventualmente lavado de dinero a través de esa concesión".
