"Hay magistrados y fiscales que son muy duros con los trabajadores y muy blandos con los ladrones", manifestó el diputado nacional Miguel Bonasso, en una conferencia de prensa hecha en la tarde del miércoles para anunciar que se presentó un pedido de juicio político contra Ernesto Botto, el magistrado que ordenó el desalojo de la farmacia Franco Inglesa.
Trascendió que el juez le habría dicho a funcionarios de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires que procesará por coacción al legislador porteño Diego Kravetz, en esa causa judicial, aunque el abogado del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) no haya estado cuando ocurrió la represión policial. En tanto, Botto ya denunció al diputado nacional Francisco "El Barba" Gutiérrez por coacción agravada a un magistrado y pidió su desafuero.
"Vamos a resistir cualquier intento de desafuero", afirmó Bonasso. En tanto, Gutiérrez indicó que le dijo al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que iban a irse en forma pacífica de la farmacia, pero que el juez inmediatamente ordenó su desalojo, de manera "antojadiza". No conforme con esto, inició una acción penal en contra recriminándome la obstaculización de la justicia", agregó el dirigente del Polo Social.
De la conferencia de prensa, realizada en la Sala José Luis Cabezas, participaron además los diputados nacionales Juliana Marino y José "Cuero" Roselli, los trabajadores de la farmacia, representantes del gremio y Jorge Córdoba, del MNER.
La Farmacia Franco Inglesa es un sitio histórico y, como tal, había, antes de que estallara el conflicto, un proyecto para que la Legislatura reconociera su valor. Según Kravetz, "el conflicto se originó porque la empresa empezó a funcionar mal y quien la explotaba dejó de pagar el alquiler. En el medio, comenzamos a armar preventivamente una cooperativa, pero antes que se produzca la quiebra llegó la orden de desalojo".
Los legisladores que estuvieron en el acto de este miércoles denunciaron que Botto -quien, según constató NOTICIAS URBANAS, tuvo un pedido de juicio político desestimado, que data de 1996- cometió numerosas irregularidades en la causa. Indican que tomó el expediente sabiendo que había otro magistrado comercial que se ocupaba de los pedidos de quiebra y que además, entre otras cosas, convocó a testigos a las cuatro de la mañana para que declararan seis horas más tarde, con una "curiosa" velocidad.
