A las 21:10 del viernes, un oficial de la Policía Metropolitana dio aviso a la Comisaría 12ª de la existencia de un paquete sospechoso en la puerta del Centro de Reclutamiento situado en Emilio Mitre al 900.
Inmediatamente se hicieron presentes en el lugar efectivos de la repartición citada y de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, en cuya esfera funciona la División Explosivos, quienes determinaron que se trataba de un artefacto de fabricación casera.
Voceros de la Policía Federal informaron posteriormente que el artefacto era un matafuegos del que colgaban algunos cables, que fue detonado por medio de una "explosión controlada", sin mayores consecuencias.
La información fue hecha pública por el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que denunció que la carga del dispositivo era "superior a los que habitualmente se colocan en los cajeros".
En diálogo con una radio porteña, Montenegro manifestó que que ahora se realizarán los peritajes correspondientes y que él se enteró del hecho a través de un llamado del jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.
El funcionario relató que luego se comunicó con el jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecas y con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, a quienes informó de lo ocurrido.
"Se está tratando de determinar si (el explosivo) es similar a los que colocaron en los cajeros, si hay un hilo conductor" en los hechos, explicó el ministro, que agregó, enigmáticamente, que "por ahora nadie se adjudicó el hecho y mañana habrá que ver en las redes sociales".
Luego, la suerte, que suele ensañarse últimamente con el macrismo, échó sus cartas una vez más, al quedar la causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, que la caratuló como "intimidación pública".
