El Juez Guillermo Fabio Treacy, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, hizo lugar a una acción de amparo promovida por un vecino de la Autopista 25 de Mayo, condenando a Autopistas Urbanas SA (AUSA) y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adoptar las medidas necesarias para lograr una sustancial reducción de la contaminación sonora proveniente de la Autopista 25 de Mayo.
Por ello ordenó a la empresa concesionaria que indique, en un plazo de 30 días, el cronograma de ejecución de las tareas de instalación de pantallas acústicas en los sectores de la traza de la autopista que presenten los mayores niveles de polución sonora; y al Gobierno porteño para que indique las medidas que adoptará para controlar la contaminación sonora, y que afectan las viviendas de los vecinos de la zona.
El caso fue iniciado por Pedro Barragán, que vive con su familia en el sexto piso de un edificio ubicado sobre la calle Luis Sáenz Peña al 1200, a unos 50 metros de la autopista. Barragán vive allí desde 1973, y a partir de 1980 convive con la construcción que hizo famoso al brigadier Osvaldo Cacciatore. En 2001, con el patrocinio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, presentó una acción de amparo contra AUSA y el Gobierno de la Ciudad, al sentirse afectado por "los elevados niveles de ruido" que produce la circulación de vehículos.
Las mediciones de ruido realizadas por la Dirección de Control de Calidad Ambiental porteña en la vivienda de Barragán arrojaron niveles de ruido que oscilan entre los 72 decibeles dB(A) y 86 dB (A), que superan los máximos tolerables según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuya exposición continua, como sucede en las viviendas, puede ocasionar lesiones auditivas y afectaciones psicológicas.
La demanda fue presentada ante el juez Roberto Gallardo, quien en septiembre de 2001 convocó a los vecinos que se sintieran afectados por la situación descripta por Barragán, a brindar testimonio y adherirse al reclamo, con lo cual ésto pasó a ser un amparo coletivo. El Gobierno porteño recusó al juez y la causa fue a parar al juzgado de Treacy, quien el miércoles último firmó su resolución.
Obviamente AUSA no dudó en apelar la decisión judicial, a la que calificó de "ilegítima, arbitraria e inaplicable. Nosotros venimos buscando soluciones al problema desde antes de que se presentara esta demanda. Ahora mismo estamos repavimentando la autopista con materiales que incluyen polímeros, que amortiguan los ruidos por rozamiento", explicó Enrique García Espil, integrante del directorio de la empresa con mayoría accionaria del estado porteño.
AUTOPISTA ILLIA
Por otra parte el mismo magistrado avaló este martes la legalidad del decreto por el cual el Gobierno de la Ciudad dispuso la caducidad de la concesión de la autopista Arturo Illia, al rechazar un recurso de amparo reclamado por la empresa Covimet.
En esencia, el fallo del magistrado convalidó el decreto número 149/03 del Ejecutivo porteño por el que se rescindió el contrato de concesión que tenía la empresa sobre la autopista Illia, por considerar que "los elementos aportados –en la solicitud de dictado de la medida cautelar– no permiten establecer la verosimilitud del derecho en cuanto a la configuración y gravedad de los vicios alegados en el escrito de inicio".
De todos modos, el fallo conocido ayer sólo se refiere al recurso de amparo que la empresa había solicitado para evitar que el gobierno porteño dispusiera la caducidad del contrato y no resuelve la cuestión de fondo, relacionada con la nulidad, esgrimida por la Ciudad, del decreto de "reordenamiento contractual" dictado por Fernando de la Rúa, medida por la cual el ex presidente es investigado por la Justicia.
Precisamente por esta causa, De la Rúa presentó este martes una declaración espontánea ante el juez Mariano Bergés. El ex mandatario se quejó de la "intencionalidad" del fiscal que pidió su declaración en la causa judicial, y señaló que "los hechos que se investigan no constituyen ningún delito".
También defendió su gestión como jefe de Gobierno porteño, entre 1996 y 1999. "Pese a la intencionalidad de la causa, exhibo con orgullo la transparencia de mi gestión, la lucha que emprendimos contra la corrupción, y la rigurosa honestidad de mi gobierno", destacó. De la Rúa pidió ser sobreseído en la causa, "declarando que la causa no afecta mi buen nombre y honor para reparar, aunque sea en parte, el daño causado por la notoria publicidad que se le ha dado".
