El paro de subterráneos sigue y ya entra en su décimo día

El paro de subterráneos sigue y ya entra en su décimo día

Los sindicalistas nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro decidieron continuar con el paro. Los sindicalistas aguardaron hasta la medianoche a que el gobierno porteño elaborara una respuesta a sus reclamos, que no se concretó. Desconocieron además la autoridad de la Subsecretaría de Trabajo para dictar la conciliación obligatoria.


El abogado de la AGTSyP, Luis Ramírez denunció que el Gobierno porteño "pretende liquidar económicamente al sindicato con una multa de 5 millones de pesos, que es ilegal, ya que la Subsecretaría de Trabajo es incompetente en el conflicto" y porque "no existió derecho a descargo, lo que violentó el derecho de defensa del gremio", agregó.

Ramírez criticó la "criminalización" del paro al plantear que "perseguir penalmente a trabajadores en huelga nos hace retroceder un siglo". Aseguró que la medida es una "decisión política del jefe de Gobierno, Mauricio Macri", por lo que la AGTSyP "denunciará" al Gobierno porteño "ante la OIT y los organismos internacionales de derechos humanos".

"El reclamo gremial es por mejoras en las condiciones laborales y un aumento salarial pero la naturaleza del conflicto es político", expresó el abogado, que planteó su queja porque más de mil sindicatos negociaron sus paritarias, mientras que la AGTSyP "hace 15 meses mantiene su escala salarial, sólo con un incremento provisorio en mayo".

Ramírez anunció que el gremio "acepta todos los espacios abiertos para el diálogo, pero no el procedimiento impugnado oportunamente por el sindicato", en tanto que resaltó que "no se reclaman condiciones laborales que no tengan los demás gremios de la Ciudad".

Antes, el asesor letrado de la AGTSyP, había advertido que el lunes "se denunciará al gobierno de la ciudad ante la OIT y ante todos los organismos internacionales de derechos humanos".

"Un fiscal de la ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a los trabajadores. Ésta es una decisión política del gobierno de Mauricio Macri, porque los fiscales reciben instrucciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Esto nos retrotrae a los albores del siglo XX", denunció Ramírez.

Entretanto, Néstor Segovia, secretario adjunto del organismo gremial, relató que el viernes último "se estaba a punto de lograr un acuerdo en cuanto a los reclamos de las condiciones laborales, pero una mano negra lo impidió".

Segovia declaró que "bajamos al mínimo nuestros reclamos para poder firmar, pero es evidente que a Macri le conviene este conflicto", denunció.

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