La defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, sostuvo en declaraciones en varios programas de radio que considera inconstitucional el decreto para frenar los fallos contra el corralito. Oliveira señaló que "todo el mundo está coincidiendo en que es inconstitucional porque impide o paraliza a la justicia. Pero, lo leí el decreto ayer y lo que es más grave, es que el Banco Central se hace cargo de pagar a cuenta y orden de los bancos las deudas que tienen sobre los créditos especiales".
Según la funcionaria "nos estamos encontrando que nosotros le estamos pagando a los acreedores de los bancos las acreencias que los bancos les deben. Esto es gravísimo porque no explica en cuánto tiempo van los bancos, es decir, las instituciones privadas a devolverle al Estado la plata que está poniendo. Yo no lo sé, porque obviamente el decreto no lo dice".
La defensora del Pueblo porteña envió ayer al Banco Central y al Ministro de Economía, un oficio donde le preguntó, entre otras cosas, "cuánto dinero hay, cuánto se está debiendo en este momento por las sentencias y las medidas cautelares de las situaciones de excepción los bancos". Además solicitó que pasen una lista de los bancos, banco por banco, y que digan qué tiempo les dan para devolverle al Banco Central ese dinero que están adelantando.
Para Oliveira "lo otro que es gravísimo también, y que es lo que la gente no habla es que, cuando haya una persona por una necesidad grave, ya sea por edad, por salud, necesite su dinero va a tener que ir a reclamarlo al Banco Central, la justicia ya no existe".
"No puede ser -agregó – que un economista sea el encargado de determinar si una persona necesita una pierna ortopédica, cuál es la prótesis y el dinero para darle la prótesis que ncesita, es decir, le van a dar una pata de palo. Yo pregunto en qué condiciones está el Banco Central para poder atender estas situaciones donde son de carácter interdisciplinario, que las tiene que resolver el Poder Judicial, y que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y que, no pueden paralizarse ni aún en estado de guerra ni por crisis económica".
