La Ley de Tierras, impulsada por sectores ultrakirchneristas cercanos a La Cámpora y al vicegobernador Gabriel Mariotto, podría ser vetada por el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.
El veto sería parcial, con el argumento de respetar la propiedad privada y para evitar el alejamiento de inversiones, que ya estaría sucediendo, tras la aprobación en Diputados y mientras la Cámara de Senadores trata el proyecto.
El gobernador bonaerense pidió a los legisladores oficialistas establecer ?un punto de equilibrio para que no queden dudas de que no se viola la propiedad privada ni derechos adquiridos".
"No pueden quedar dudas que se respeta y nadie va a ser sorprendido, que a nadie se le va a exigir que ceda algo sobre lo que tiene derecho. Hay que dar absoluta tranquilidad y la certeza de la razonabilidad que se va a aplicar a eso", agregó.
En declaraciones radiales, Scioli subrayó que "se debe encontrar un equilibrio entre la posibilidad de llevar adelante emprendimientos sociales de vivienda y que la provincia siga atrayendo inversiones y emprendimientos urbanos. Acá no se viola la propiedad privada ni los derechos adquiridos".
La Ley obliga a los proyectos inmobiliarios que tengan más de 5 mil metros cuadrados a ceder el 10 por ciento de esa tierra, o el valor de esa porción. La medida hizo que el sindicato de constructores dieran la bienvenida al proyecto pero alertaron sobre el efecto que podría traer.
GARANTÍAS AL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA
Por la tarde de hoy, el jefe de jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, encabezó una reunión junto a funcionarios del Ministerio de Economía, de Infraestructura, de Gobierno, la Secretaría Legal y Técnica, y ARBA para abordar aspectos de la Ley de Hábitat Social.
Durante el encuentro se trabajó para encontrar un equilibrio entre los emprendimientos productivos y las soluciones al déficit habitacional como propone el proyecto de ley.
Operativamente se decidió modificar el proyecto de ley impositiva en tratamiento en la Legislatura, no aplicando el coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales en el segmento del impuesto inmobiliario baldío. De esta manera, se pretende evitar una desmesurada carga tributaria sobre las mismas y contribuir, una vez sancionada la ley, a la creación del fondo fiduciario que financiará la erradicación y urbanización de asentamientos en la provincia.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo, al momento de la reglamentación de la Ley de Hábitat Social, establecerá que no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad, anunciaron desde la Jefatura de Gabinete bonaerense.
La misma reglamentación de la norma, una vez convertida en ley, también aclarará que no existe la obligación de la cesión de tierras, sino una contribución económica al municipio siempre que exista una decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras.
