Este martes la Legislatura porteña ratificó el "Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino", celebrado el 6 de febrero pasado entre el Presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, los 21 gobernadores provinciales y el Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
El documento plantea medidas que pretenden bajar el gasto público a partir de una reducción de las estructuras del Estado, dotar de una mayor eficiencia interna y transparencia al gobierno y lograr una mayor y participación de la sociedad en los mecanismos de control del ámbito público. El plan contemplado en el acuerdo fue anunciado por Duhalde días atrás mediante un discurso que se emitió por cadena nacional.
EL ACUERDO INCLUYE A LOS TRES PODERES
El poder judicial de la ciudad y los organismos descentralizados deberán someterse a las medidas de ajuste y control estipuladas en el acuerdo. Durante el sesión del martes, los diputados porteños decidieron incorporar a la ley que lo ratificó un artículo que establece que el Consejo de la Magistratura y los organismos descentralizados sean notificados del convenio a fin de implementen las reducciones y demás medidas que les conciernan.
Los impulsores de esta iniciativa fueron los diputados Alicia Pierini (Bloque Justicialista) y Enrique Rodríguez (Forja 2001). Al respecto, Pierini argumentó que "salvo en las partes que corresponde a las áreas administrativas y legislativas, el acuerdo federal habla de los tres poderes del Estado".
EL CONVENIO, PUNTO POR PUNTO
El acuerdo comprende once medidas concretas que buscan cumplir con los objetivos de reducción de gasto, eficiencia, transparencia y participación. En primer término, establece una reducción de las estructuras de gobierno -como mínimo en un 25 por ciento- y en el número de Directores y funcionarios de organismos descentralizados, tanto como la disminución de sus remuneraciones. También contempla, entre otras cuestiones, la eliminación de los gastos reservados en todos los Poderes del Estado -menos en las áreas de defensa y seguridad ciudadana-, un incremento del poder de control de las Auditorias internas existentes y la profesionalización y capacitación de las estructuras administrativas de los Poderes del Estado.
En segundo lugar el acuerdo pretende limitar el gasto de la función Legislativa, tanto provincial como municipal, hasta un dos por ciento del presupuesto del gasto publico consolidado, según de qué porcentaje sea su gasto actual.
El tercer punto busca limitar los gastos totales de la función Legislativa Nacional a 0,80 por ciento del presupuesto del gasto público consolidado de la Administración Pública Nacional.
En cuarto lugar, plantea reducir en un 25 por ciento el número de diputados nacionales y el número de legisladores provinciales. También propone reducir el número de concejales y que el cargo sea ad-honorem en los municipios cuya población sea inferior a los diez mil habitantes.
En quinto lugar, invita al poder legislativo nacional, y también a los provinciales, a abstenerse de ejercer la potestad de otorgar por si mismos subsidios, becas y pensiones graciables, eliminando estas partidas de su presupuesto.
En sexto término, se estipula reformar el sistema electoral nacional sobre la base de apertura y desbloqueo de las llamadas listas sábanas, limitar el tiempo de duración de las campañas electorales a 30 días, otorgarles equitativos espacios publicitarios en televisivos, radio y otros medios de comunicación a los diferentes partidos políticos, quedando prohibidos que estos partidos realicen otros gastos en los medios de difusión, y otra serie de medidas más como implementar elecciones internas abiertas y simultáneas para todos los partidos políticos, y garantizar la transparencia en el financiamientos de los partidos.
En el séptimo punto, el acuerdo estipula la aplicación efectiva del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública.
En octavo lugar, crear, en cada jurisdicción interviniente en el presente acuerdo, un "Consejo de Seguimiento de las Acciones para la Reforma Política" como órgano de seguimiento del Acuerdo, en el que sus miembros tendrán un desempeño ad-honorem.
En el noveno ítem, el acuerdo dice que los cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales se renovarán en su totalidad cada cuatro años, propiciando para su implementación las respectivas reformas constitucionales.
El décimo punto establece que las medidas que consideradas en el acuerdo entrarán en vigencia cuando las respectivas Legislaturas lo ratifiquen, tal como este martes lo han hecho los legisladores porteños.
Por último, se invita a todos los municipios a sumarse a las disposiciones contempladas en el convenio.
