Esta semana, la ciudad de Buenos Aires dedicó como nunca antes recursos, programas y expertos para concientizar a la población sobre el cuidado y los problemas medioambientales. Mediante un decreto, el Gobierno designó para el futuro "La semana del Medio Ambiente". Y en buena medida lo hizo como parte de buscar una solución a un problema que en los próximos años será recurrente.
Pero hace tan sólo siete días, vecinos de los barrios sureños de la ciudad denunciaron haber percibido fuertes olores que hicieron irrespirable el aire, a raíz de una supuesta nube tóxica proveniente del polo petroquímico Dock Sud. Al día siguiente, la organización ecologista Greenpeace escrachó saliendo del hospital Fernández un cargamento de residuos hospitalarios que eran trasladados a Avellaneda para su incineración. En ambos casos, funcionarios, legisladores y organismos no gubernamentales hicieron referencia al peligro que ocasiona la polución del otro lado del Riachuelo.
"No hacen falta aparatos para darse cuenta que a los vecinos se le irritan los ojos, que en el Dock Sud ya no se pueden tener animales domésticos porque se mueren, que los jardines de esa zona aparecen quemados, que hay evacuaciones en las escuelas", afirmó a Noticias Urbanas, Antonio Brailovsky, el defensor adjunto de la Ciudad.
Su respuesta contrapone las excusas políticas esgrimidas hasta el momento. En un artículo publicado la semana pasada por esta agencia, asesores de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura porteña no escondían su preocupación por la falta de expertos en control ambiental que elaboren la reglamentación de la llamada "Ley del aire", un proyecto estudiado por el anterior parlamento porteño y que desde hace cinco meses espera ser tratado en el recinto.
Y justamente esta es la norma que el gobierno porteño dice estar esperando para actuar y sancionar la contaminación con residuos altamente tóxicos. La ecuación es la siguiente: si no hay aparatos que midan el nivel y tipo de contaminación, no hay forma de sustentar una denuncia penal, o lo que es peor, una medida ejecutiva. "Este argumento de la ciudad es irresponsable porque la contaminación en los barrios del sur es evidente y brutal", admite Brailovsky. "De hecho ya se puede actuar porque el código civil de Vélez Sarfield habla de las molestias de vecindad (humo o molestias irritantes, entre muchas otras), y esto perfectamente puede resolverse como molestias a los vecinos", explicó.
Aunque Brailovsky es partidario de que, en cuestiones como el medio ambiente, se revise la legislación cada cuatro o cinco años, no hacen falta herramientas sofisticadas para controlar y legislar, como lo es la Ley del Aire. "Aquí no se ha querido crear un fuero ambiental. Además, -dice el defensor adjunto- imagínese el problema que ocasiona tener que explicar de cero todo a los jeuces, que de por sí tienen muy pocas ganas de estudiar esta problemática específica.
EL POLO PETROQUÍMICO
Tras los atentados del 11 de septiembre en EEUU, los medios argentinos comenzaron a especular sobre las distintas hipótesis de desastres posibles en esta parte del mundo. Una de ellas, ratificada por fuentes del ejército y de la Secretaría de Salud de la Ciudad, indicaba que no existían garantías ni formas de evitar un atentado a gran escala en Buenos Aires: "cualquier tipo de explosivo o avioneta que se estrelle contra las refinerías de Dock Sud podrían causar una catástrofe de proporciones", decía un informe del programa de investigación Punto Doc/2.
"La posición de la ciudad es demasiado débil, ante un vecino tan peligroso com es el polo petroquímico", afirma Brailovsky, al tiempo que entiende que hay una dispersión de competencias porque ni la Ciudad, ni el partido de Avellaneda, ni la provincia de Buenos Aires tienen competencia plena para imponer sanciones o regular la emanación de gases tóxicos.
Los vecinos están virtualmente desprotegidos. Aunque se pueden presentar recursos de amparos, u otras medidas legales, los procedimientos para la toma de pruebas ambientales -que se propone facilitar la Ley del Aire- son en la actualidad muy costosos, ya que si la Justicia actúa, siempre interviene el Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, que depende de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
"La ley está muy bien, pero no hay decisión política, ni siquiera de aplicar las normas existentes -dice Brailovsky-. La sociedad debe presionar más para que el gobierno cambie su posición y desarrolle una política integral".
SIETE DÍAS DE PALABRAS
La semana del Medio Ambiente fue inaugurada el sábado 3 en el ex Hostal del Lago, con la apertura del Museo de los Parques, el primer museo de parques interactivo del país. Allí se reunieron planos, documentación, objetos históricos y fotografías de plazas y parques y será a la vez un espacio para realizar investigaciones y ofrecer conferencias, charlas y debates abiertos a todos los vecinos de la Ciudad.
Entre otras actividades, figuran la plantación de cien árboles en el Parque Indoamericano y en la escuela Roca Argentina que realizarán estudiantes secundarios, la visita a una fábrica que reglamenta las normas ISO-14000, una bicicleteada en los lagos de Palermo, la presentación en el Zoológico de Buenos Aires del proyecto de conservación del cóndor andino, el reciclaje de envases de plástico en el que podrán participar chicos para armar sus propios juguetes, la colocación de diez contenedores para la recolección de papel y vidrio, la entrega de 40 bancos de plaza de plástico reciclado por parte de una compañía de gaseosas, y un taller sobre el reciclado de papel en la Reserva Ecológica.
Para la administración de Anibal Ibarra el criterio no fue hacer enormes anuncios, sino realizar actividades bien concretas "porque -en palabras de uno de sus funcionarios- no hay gobierno que sólo pueda llevar adelante la tarea del medioambiente". De hecho, tal vez el anuncio más fuerte ocurra al concluir esta semana, cuando el gobierno "revele" que está elaborando un proyecto de decreto para realizar una campaña de concientización sobre el uso responsable de mascotas.
UNA CIUDAD SUCIA
El viernes último, la consultora Equis -a pedido del Entre Unico Regulador de los Servicios Públicos- reveló que el 78 por ciento de los porteños ve sucia a Buenos Aires, mientras que el 53 por ciento afirma que los espacios verdes y las plazas también están sucias, y el 52 por ciento no está satisfecho con la recolección de residuos en la ciudad.
Si el clima no mejora estos índices podrían aumentar, ya que el centro de baja presión instalado sobre la ciudad en esta primavera genera un aumento en el estancamiento del aire. Y si el aire político también se estanca es probable que la presión de las ONG aumente, poniendo en tela de juicio cada acción de gobierno en materia ecológica.
