Esta semana se vivió un nuevo round de la disputa que el Gobierno porteño mantiene con artesanos por el control de la calle Perú, que derivó en la intervención de la Justicia y de legisladores porteños. El conflicto se viene arrastrando desde el año pasado, pero resurgió en los últimos días, cuando el viernes 22 de junio funcionarios del Gobierno porteño junto con la Policía Metropolitana intentaron desalojar a los artesanos de la peatonal porteña sin éxito. Los vendedores de manualidades resistieron el embate del Gobierno y lograron que la Justicia fallara a su favor.
La jueza subrogante del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 2, Patricia López Vergara, resolvió suspender toda acción que modifique la situación ante la denuncia de incumplimiento de medida cautelar efectuada por Marta Beatriz Purama y habilitó a los artesanos a seguir vendiendo hasta que se resuelva el conflicto de fondo. Purama y cinco artesanos presentaron una medida cautelar que está vigente desde enero y que los funcionarios desoyeron al intentar el desalojo. El GCBA se amparó para llevar adelante esta acción en la Ley 4.121, que fue sancionada el 8 de diciembre del año último para regular el funcionamiento de 30 ferias de la Ciudad.
Para la ley, la situación de los artesanos de la calle Perú fue considerada como excepcional y se estableció crear una comisión de seguimiento del tema por 120 días que entraría en vigor una vez sancionada la norma. La comisión especial ya cumplió con este período establecido y, según informaron desde el Pro, se definió que sean trasladados a la plaza Roberto Arlt.
Esto es desmentido por legisladores opositores y artesanos, quienes aseguran que el trabajo de la comisión fue inestable y no llegó a ningún puerto. ?Acá no se está violentando ninguna ley. La ley que se votó, que es represiva, plantea que no puede haber ningún artesano cuando hacen comercio desleal contra alguien, pero no es el caso de estas cuadras?, comentaron diputados de la oposición, en apoyo a los vendedores.
Los artesanos se oponen fervientemente a ubicarse en la plaza ubicada en Rivadavia y Esmeralda porque ?el nivel de ventas no es el mismo?, según comentó Isabel Sánchez, artesana, a NU.
?Nosotros no vivimos del turismo, vivimos de la gente que labura acá, que pasa todos los días, si nos mudamos no vendemos nada y no podemos mantener a nuestras familias, en la plaza no hay tránsito?, agregó Gustavo, que trabaja con su puesto sobre Perú entre Avenida de Mayo y Rivadavia.
Los momentos de tensión que se vivieron sobre la calle Perú el viernes 22 y lunes 25 de junio fueron seguidos de cerca por los legisladores opositores, quienes unificaron su reclamo e impulsan un proyecto de la legisladora Rocío Sánchez Andía para que se establezca por ley que los artesanos puedan continuar trabajando sobre la calle Perú.
La iniciativa de la diputada de la Coalición Cívica pretende modificar el artículo 2 de la Ley 4.121, que regula la actividad en ferias, e incorporar al perímetro de la calle Perú que va desde Rivadavia hasta Diagonal Sur como ?feria?, para regularlo según dicha norma.
La propuesta es apoyada por casi todos los bloques de la oposición al macrismo: Coalición Cívica, Frente para la Victoria, MST en Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, Frente Progresista y Popular y la UCR. El mismo será debatido en las comisiones de Desarrollo Económico y Uso del Espacio Público.
Desde el Pro, el legislador Martín Ocampo criticó a la oposición por apoyar esta iniciativa. ?Ya habíamos intervenido sobre este tema en diciembre con la Ley de Ferias (la mencionada 4.121), que se votó con un amplio consenso. No es razonable que ahora salgan con un proyecto para crear ahí una feria, desdiciendo lo que votaron en diciembre?, comentó. Además, el legislador macrista agregó que quieren liberar la calle Perú de artesanos para mejorar ?la movilidad y la organización del espacio público?.
Por su parte, la legisladora Rocío Sánchez Andía defendió su proyecto y expresó ante Noticias Urbanas: ?Yo no me estoy desdiciendo porque en diciembre intenté incorporar al proyecto la feria de Perú y el Pro se negó a votarlo. Queremos que se dé un ordenamiento garantizando el lugar de trabajo de los artesanos, entendiendo que no hay espacio de reventa y comercio desleal sobre la calle Perú?. Es decir, lo que se busca regular es el trabajo de los artesanos, no de los revendedores de mercadería trucha.
La diputada de la Coalición Cívica se sumó a lo expresado por los artesanos y denunció que el Gobierno les está brindando un subsidio de 1.800 pesos a los que se mudaron a la plaza Roberto Arlt porque ahí no tienen las mismas ganancias que cuando trabajaban sobre Perú.
María Rachid, legisladora del Frente para la Victoria, también estuvo presente durante el intento de desalojo. Ella presentó un proyecto para que la Legislatura repudie la acción llevada adelante por el Ejecutivo porteño.
Así las cosas, y si bien los artesanos siguen vendiendo sobre Perú, el conflicto todavía no se superó. Las discusiones seguirán en la Legislatura en las comisiones de Desarrollo Económico y Uso del Espacio Público, paralelamente a las que se darán en la Justicia. Al cierre de esta edición, la jueza Patricia López Vergara planeaba convocar a una reunión a los representantes de los artesanos y al Gobierno porteño para intentar una solución definitiva a la disputa entre ambos.
