"No puede ser que los asalariados, los jubilados y los desocupados, que vienen sufriendo las terribles consecuencias de este modelo económico, tengan que afrontar un nuevo aumento tarifario", señaló la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira. Así manifestó su oposición al aumento de las tarifas de los servicios públicos, que podría decretar el Gobierno Nacional.
La ombudsman de los vecinos porteños agregó que "la devaluación, por un lado, pesificó las deudas de gran cantidad de empresas y, por otro, pulverizó el salario de los trabajadores profundizando la recesión. A pesar de eso, este Gobierno Nacional prepara un ajuste tarifario que significará un duro golpe para la gente", advirtió Oliveira.
Si bien los funcionarios del Gobierno porteño se reunieron con los titulares de las empresas Aguas Argentinas, Edesur y Metrogas para acordar la fijación de una tarifa social en los servicios públicos esenciales que beneficie a la población con mayores dificultades económicas, el Estado Nacional parecería estar avanzando en contra de esta política.
"Conforme con los contratos establecidos durante el proceso de las privatizaciones se establecieron cláusulas de ajuste de acuerdo a la variación de precios de los Estados Unidos. Por eso, cuando en la Argentina hubo deflación, estas empresas se enriquecieron", explicó Oliveira. "En este momento -continuó la defensora- debería hacerse un ajuste equitativo y compensatorio con las ganancias que obtuvieron la década pasada", declaró.
Por otra parte, Oliveira comunicó que los equipos legales de la Defensoría del Pueblo porteña están "trabajando intensamente" a fin de evaluar todas las acciones posibles de realizar para enfrentar los reajustes.
