Gustavo Béliz y el defensor adjunto del pueblo porteño, Antonio Brailovsky, realizaron una presentación conjunta ante la Justicia. Solicitaron que se declare la nulidad de la Resolución 53/02 del Ministerio de Economía, que habilitó incrementos en las tarifas de gas y electricidad, basados en variaciones estacionales.
"Desde el punto de vista ético es inadmisible congelar o reducir los salarios mientras se aumentan las tarifas de las empresas privatizadas", manifestó el defensor adjunto, para luego afirmar que "además de ser éticamente inaceptables, estos aumentos son absolutamente ilegales, en tanto violan las normas vigentes sobre emergencia económica".
También firmaron la acción de amparo los legisladores porteños María Laura Leguizamón, Silvia Gotero, Lucio Ponsa Gandulfo, María Lucila Colombo, Jorge Srur y Víctor Santa María (todos del bloque justicialista). Otros que suscribieron el escrito fueron, Gladys Ángela Dentesani, Juan Ceferino Escobar y José Luis di Lorenzo, quien se desempeña como vocal en el directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
La demanda quedó radicada en el Juzgado Nacional de 1ª. Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal N° 8 a cargo de la Jueza Clara María do Pico. El abogado patrocinante es Juan de Dios Cincunegui. La causa es la número 128.877/02.
