Acudió con medio pan debajo del brazo y enfrente tenía a veinte legisladores hambrientos. No obstante, el secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Rafael "Balito" Romá, no pasó malos momentos en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, donde concurrió este miércoles a las 16:30 para ser interrogado en el marco de las comisiones de Vivienda y de Políticas de Integración y Promoción Social. La subsecretaria Mónica Desperbásques lo acompañó, aunque permaneció callada durante toda la reunión.
En el cónclave fue ampliamente criticado el decreto que firmó el viernes pasado el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, para otorgar subsidios de entre 5.000 y 15.000 pesos, y créditos de tasa cero de hasta 30.000 pesos para las 1.900 familias alojadas en hoteles pagados por Desarrollo Social. Ningún legislador cree que con subsidios se solucione la problemática de vivienda, máxime con el antecedente de los 13.000 pesos otorgados por el ex intendente porteño Jorge Domínguez a las familias que vivían, y siguen viviendo, en la Villa 31.
La diputadas porteñas Beatriz Baltroc (Autonomía Popular) y Fernanda Ferrero (Unión para Recrear Buenos Aires) le preguntaron al secretario de Desarrollo Social si existía alguna encuesta hecha a los beneficiarios del programa de hoteles que indicara la voluntad de irse a vivir al conurbano bonaerense. "Treinta mil pesos no alcanzan para comprar nada en la Ciudad, excepto los departamentos de Villa Soldati que fueron declarados por esta Legislatura en Emergencia Habitacional, así que no los recomiendo", manifestó Baltroc.
"No hay un nivel de oferta real de otros hoteles para incorporarse a este sistema -reveló Romá-. Hemos hecho gestiones de las más arduas para conseguir otros hoteles y visitado más de cien lugares y la realidad es que unos están en peores condiciones y otros no se quieren incorporan al sistema".
En este sentido, el funcionario porteño explicó que, por disposición de la Procuración de la Ciudad, no se les puede pagar a los 23 hoteles que fueron clausurados, tanto provisoriamente como definitivamente. Además, dijo que serán clausurados próximamente la mitad de los 13 hoteles que fueron inspeccionados la semana pasada por el juez Roberto Andrés Gallardo, el mismo magistrado que le dictó los embargos de 500 pesos a él, a Aníbal Ibarra y al titular del IVC, Ernesto Selzer.
Por otra parte, los legisladores miembros de la Comisión de Vivienda destacaron la historia de las cooperativas uruguayas, entusiasmados luego de haber cruzado el charco hace un mes con este propósito. Fue así que surgió la idea de Fernando Cantero (ARI) de reciclar barrios enteros de la zona sur, tal como sucedió en la zona antigua de Montevideo.
En tanto, el arquitecto Jaime Sorín -que colaboró con especialistas uruguayos- informó de un convenio que próximamente firmará la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires con la Secretaría de Desarrollo Social para avanzar en el reciclado de edificios del Gobierno de la Ciudad, particulares o de algunos de los actuales hoteles para crear allí lugares donde albergar temporalmente a los "sin techo".
En el caso de los hoteles que contrata el Gobierno de la Ciudad y que están clausurados podría suceder que se utilice para las reparaciones la misma plata que el Estado les debe los dueños de esos establecimientos. Esta alternativa, que era pensada por separado por el legislador Daniel Betti (autodeterminación y Libertad) y Romá, generó en Legislatura expectativas y rechazos, estos últimos partieron de Baltroc, quien no quiere saber más nada con los hoteleros que, según entiende, se enriquecieron desde 1997 a costa del Estado porteño.
"¿Por qué alquilar si se puede comprar?" Ésta fue la pregunta que dio vueltas por la cabeza de la mayoría de los diputados porteños, y que puso en palabras la macrista Dora Mouzo, al proponer comprar los hoteles en mal estado para reciclarlos. Aquí volvió a plantearse de que esta era una forma de premiar a los corruptos, por lo que la idea fue desvaneciéndose.
EMERGENCIA HABITACIONAL
El intercambio de ideas sucedido este miércoles fue la antesala ideal del tratamiento del proyecto de declaratoria de Emergencia Habitacional que, de no mediar sorpresas, ocurrirá este jueves en la Legislatura. Tanto el despacho de mayoría como el de minoría proponen que se utilice para programas habitacionales un 25 por ciento del superávit presupuestario calculado para este año.
En la iniciativa firmada por el presidente del bloque Frente para la Victoria, Diego Kravetz, se propone que se adquieran viviendas de hasta 60.000 pesos por compra directa, mediante un proceso controlado por el Banco Ciudad y la Auditoría de la Ciudad, a raíz de la urgencia de la situación.
En tanto, en el de la mayoría se fija que durante los dos años de vigencia de la ley se suspendan los desalojos de todos aquellos inmuebles pertenecientes al Estado porteño que hasta la fecha de la sanción se encuentren ocupados por personas en situación de pobreza crítica.
