"Hace varios meses que la diputada María América González viene investigando por qué la ANSES no paga las sentencias judiciales que adeuda a los jubilados que han ganado su juicio por reajustes de pagos realizados en defecto por parte del Estado Nacional, y ha descubierto una serie de irregularidades", explicó el legislador nacional Alfredo Villalba. Éste se presentó en nombre de González este lunes para dar a conocer esta denuncia junto al defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino.
El ombusdman porteño sostuvo que "hay comprobantes de que el Ministerio de Economía giró a la ANSES durante el año 2002 la suma de 62 millones de pesos para ser destinados al pago en efectivo de sentencias judiciales previsionales. Este organismo sólo ha pagado 12 millones y no ha dado respuesta alguna a las Cartas Documentos remitidas por legisladores nacionales y mucho menos a nuestros jubilados".
Según Villalba "luego de que María América González envió una carta documento denunciando estas irregularidades, se reunió personalmente con el titular de la ANSES, Sergio Maza, quien finalmente le dijo ‘hacé de cuenta de que la plata se perdió’".
"Por eso, acompañaremos su pedido de que se investigue si funcionarios de la ANSES han incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y asociación ilícita", afirmó el Ombudsman de la Tercera Edad.
"El propio Massa aseguró en noviembre de 2002 que se iban a pagar 20.000 sentencias judiciales en tres meses, y no sólo no se hizo, sino que este año le avisaron que había 13 millones de pesos disponibles en Economía para retirar, y ni siquiera los pidieron. Por todo esto muchos jubilados siguen esperando cobrar lo que les corresponde, algunos desde hace más de 10 años", señaló Villalba.
Por otra parte el diputado del Frente para el Cambio reclamó que "no sólo no se les paga, sino que la ANSES inventó una figura que es la validación judicial de la liquidación para entorpecer más el proceso, y para que sea la justicia quien determine cuál sentencia paga y cuál no".
Semino agregó que "lamentablemente hay un sistema necio y perverso que hace que sea el propio jubilado el que individualmente tenga que hacer su reclamo ante la justicia, y luego del fallo, además tenga que hacer la validación judicial de la liquidación. A esto hay que sumarle que las sentencias son abonadas de acuerdo a un orden de prelación que fija la ANSES".
La denuncia de los diputados González y Villalba fue presentada el pasado viernes en la Oficina Anticorrupción, y será elevada también al defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
"Estamos en presencia de una serie de irregularidades que no pueden seguir produciéndose. Sin duda la administración de la ANSES es deficitaria, y debe responder por todas las anomalías que se vienen sucediendo, y que no sólo tienen que ver con el pago de sentencias judiciales, sino también con la devolución del 13 por ciento a jubilados y pensionados", concluyó Villalba.
