La Jueza Elena Liberatori dispuso que el Gobierno porteño debe disponer el acompañamiento, contención y apoyo psicológico para Carlos Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S., cuyos padres fueron secuestrados y aún permanecen desaparecidos. Pisoni es uno de los testigos y querellantes en varias causas por delitos de lesa humanidad.
El expediente 41.958/0, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N°6 a cargo de esa magistrada, fue presentado por la agrupación H.I.J.O.S., con el patrocinio del ODH (Observatorio de Derechos Humanos) contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo del escrito era exigir que se implemente la Ley N° 2.939 de ?Asistencia y Contención de los Querellantes y Víctimas del terrorismo de Estado?, que fue aprobada por la Legislatura hace tres años, pero continúa sin implementarse al no haber sido reglamentada por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
La Ley 2.939 establece que el Estado de la Ciudad debe garantizar a las víctimas, testigos y querellantes de las causas por delitos cometidos por el terrorismo de Estado, entre otras cosas: el acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio, la asistencia psicológica y la derivación a los distintos efectores de salud que cuenten con atención especializada.
Los querellantes consideran que la ausencia de reglamentación de la ley, tres años después de haber sido aprobada, es en realidad un veto encubierto.
Los hechos juzgados corresponden a delitos aberrantes cometidos hace 30 años, que permanecieron impunes hasta ahora. Cuando los sobrevivientes y los testigos declaran ante los jueces reviven el horror de hechos terribles cometidos contra sus familiares, amigos y compañeros, lo que provoca que queden en situación de vulnerabilidad y hace que su contención y su acompañamiento terapéutico sean imprescindibles.
H.I.J.O.S. y el ODH requirieron el auxilio de la Justicia para subsanar la desidia -que podría tomarse como complicidad- con que actúa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pone en serio riesgo la salud de los testigos y querellantes en juicios por crímenes cometidos por la dictadura, comprometiendo -al mismo tiempo- la verdad histórica.
